Violencia policial, muertes dudosas y hechos de fuerte impacto público son algunos de los sellos que dejó la gestión de Sylvester en el Ministerio de Seguridad. Hoy se apresta a ocupar un cargo en la justicia con un fuerte peso político… e inmunidad. 

El exministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Sylvester, se predispone a ocupar el cargo de fiscal ante la corte tras ser postulado por el ejecutivo. Entre denuncias y objeciones, el actual director de la Agencia Regional Norte se prepara para asumir funciones de sensibles vínculos entre poderes. 

Como todo apadrinado del poder con ansias de llegar a la justicia, el pasado en la gestión de Eduardo Sylvester exhibe antecedentes que levantan suspicacias sobre su idoneidad en el cargo judicial.

El exfuncionario urtubeicista no cumple funciones en la justicia al menos desde 2009, cuando fue designado por el ejecutivo provincial como Director Ejecutivo de la Agencia Antidrogas de la Provincia.

Previamente había desarrollado tareas en la justicia federal: Desde el año 2000 al 2006 en el Juzgado Federal Nº 1 de Salta, y en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy. Luego de eso, asumió como secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y en 2008 como secretario penal de ese tribunal.

Su cargo en la Agencia Antidrogas duró hasta el final del primer mandato de Juan Manuel Urtubey, tras lo cual fue designado en el cargo de Secretario de Seguridad. Apenas 4 meses después, tuvo que asumir en el ministerio de Seguridad tras la vergonzosa salida de Maximiliano Troyano, quien había justificado el abuso sexual de una turista japonesa en Cafayate. Como un prefacio de lo que el destino les depara a los funcionarios provinciales que dejan el poder, Troyano fue postulado por el gobierno como fiscal penal, a pesar de numerosas objeciones y de haber obtenido el puntaje más bajo en el examen. Como se verá, el caso Sylvester forma parte de una mecánica para nada nueva en el proceso de acomodo de funcionarios en el plano judicial.

Los días de Sylvester continuaron como Ministro de Gobierno durante un año y tres meses, y luego en la jefatura de gabinete municipal durante la gestión de Miguel Isa. Pasó  luego por la Casa de Salta y finalmente recaló en la Agencia Regional Norte de la UIF.

Según el reglamento del Ministerio Público Fiscal, los fiscales ante la Corte de Justicia podrán sustituir al Procurador General en las causas judiciales sometidas a su conocimiento. Entre otras cosas, intervendrá en conflictos entre poderes y en acciones de amparo contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Una función que parece sentarles muy bien al exministro de Seguridad y sus impulsores.

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Lujan, Yanina y una actuación dudosa

Durante la gestión de Eduardo Sylvester al frente del Ministerio de Seguridad, varias situaciones pusieron el foco en el accionar de la policía provincial. Hechos sucesivos de tortura y violencia, crímenes irresueltos y acontecimientos de extrema sensibilidad. Sin dudas, en esta última categoría sobresale el caso de Yanina Nuesch y Lujan Peñalva ocurrido en 2012.

Yanina Nüesch y María Luján Peñalva de 19 años, aparecieron muertas en un descampado de barrio San Carlos el 16 de julio de 2012. Esa misma noche el gobernador Juan Urtubey, el ministro de Seguridad Eduardo Sylvester y el jefe de Policía Marcelo Lami, brindaron una conferencia de prensa para confirmar el hallazgo de los cuerpos.

Luego de todos estos años, el caso promete tener una resolución más temprano que tarde, pero sólo como producto de la intervención de peritos estadounidenses y el enorme tesón de la familia Peñalba.

El accionar de los investigadores y de la policía fue el detonante de serias sospechas sobre el papel del Estado en la investigación. Sylvester aseguraba en la conferencia de prensa: “Se preservó el lugar. Estuvimos presentes y no hubo ningún obstáculo en los trabajos”. El tiempo, terminó por confirmar que al menos 10 personas intervinieron y modificaron la escena del crimen.

Las sospechas de la familia de Luján Peñalva, se detiene en el informe policial que da cuenta del horario del hallazgo de los cuerpos y la llegada del entonces ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, tan solo 15 minutos después. A diferencia del funcionario, el juez Pablo Farah llegó una hora más tarde a tomar las riendas del caso, desconociéndose qué hicieron los funcionarios provinciales en el lugar durante esos 60 minutos.

Las sospechas de la familia Peñalba fueron transmitidas en ese entonces a la prensa por Marisa, tía de Luján, quien luego se convertiría en la propulsora de la investigación que está arrojando luz sobre la muerte de las dos jovencitas, al destacar: “No es materialmente posible que Sylvester haya llegado al lugar en solo 15 minutos. Desde el centro de Salta y yendo en auto se tarda al menos media hora. Así como tampoco es posible que media hora después de que se encontraran los cuerpos el lugar estuviese lleno de gente. A menos, claro está, que la gente que allí se congregó ya supiera de antes dónde y cuándo iban a ser hallados los cuerpos”. Ni Sylvester ni su jefe de policía, fueron citados por la justicia a realizar la declaración pertinente a sus funciones.

El caso todavía caratulado como “muerte dudosa” alimenta la teoría oficial del doble suicidio, mientras que las pericias avanzan reconfortando la sospecha del doble homicidio. Si bien los familiares presientes que se aproximan cada vez más a la verdad, la responsabilidad del Estado en el archivo de la causa está lejos de establecerse. El año pasado los jueces de la Sala I del Tribunal de Impugnación rechazaron el recurso de amparo presentado por las familias, para la reapertura de la causa.

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Aunque las investigaciones resultan cada vez más reveladoras, las posibilidades de que los poderosos comparezcan ante la justicia parecen ínfimas. Máxime cuando se toma en cuenta la forma en que se designa a los responsables de impartir justicia en la provincia, a los que se dota además, de poder e inmunidad.