Tras los últimos casos de femicidios, un grupo de periodistas y activistas inició una convocatoria a través de las redes sociales para reclamar políticas tendientes a terminar con esos crímenes. La marcha principal se dirigirá hacia el Congreso de la Nación el 3 de junio. En nuestra provincia la cita será en la plaza 9 de Julio. (Garrik)
La convocatoria se virilizó tras el brutal crimen de Chiara Páez, la nena de 14 años embarazada que apareció el lunes enterrada en la casa del novio de 16, en Rufino, provincia de Santa Fe, y bajo el lema “Ni una menos” se esperan marchas en todo el país para reclamar políticas que ayuden a frenar los femicidios, como ser la pronta declaración de Emergencia Nacional para combatir la violencia hacia las mujeres y la aplicación de la Ley Nacional 26.485, sancionada en 2009.
En la Argentina rige desde hace seis años la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, sin embargo, desde 2008 hasta diciembre del año pasado 1.808 mujeres fueron víctimas mortales de la violencia de género, según revelan las estadísticas de La Casa del Encuentro.
El organismo informó además que durante el 2014 se registraron 277 femicidios en Argentina y 29 femicidios vinculados de hombres y niños (es decir personas que quedaron “en la línea de fuego” del femicida o fueron asesinados para “castigar” a las mujeres). En un 80% de los casos las víctimas tenían un vínculo conocido con el atacante: un 34% eran esposos, parejas o novios y un 22% eran ex parejas, esposos o novios. La gran cantidad de las víctimas tenía entre 19 y 50 años.
El Observatorio lleva adelante el registro de los casos publicados en las agencias informativas y en 120 diarios del país desde el año 2008. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de la llamada “inseguridad” urbana. Desde hace siete años se contabilizaron 1.808 casos: 255 en el año 2012; 282 en 2011, 260 en 2010, en 2009, 231 y en 2008, 208 (pero en ese año los medios relevados eran menos, sólo 43).
La entidad reclamó la sanción de una ley que quite automáticamente la patria potestad a los femicidas, que se garantice el patrocinio jurídico gratuito especializado en el fuero penal y civil para víctimas y la urgente implementación de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, como está previsto en la Ley 26.485.
Números locales
Nuestra provincia es una de las más azotadas del país por este flagelo y no escapa del cuadro de violencia que se vive a nivel nacional, incluso más, la situación es alarmante si le agregamos las desapariciones, los abusos sexuales, y demás formas de violencia que sufren las mujeres a manos del hombre. Las estadísticas ubicaron a Salta como la segunda junto a Córdoba con más mujeres asesinadas durante el año pasado, con 21 muertes, precedida sólo por la provincia de Buenos Aires, con 91 casos, en tercer lugar Misiones con 16, seguida de Entre Ríos con 15.
Según la oficina de Violencia Familiar, dependiente del Poder Judicial de Salta, en el primer cuatrimestre de 2014, el 78,77% de las denuncias fueron realizadas en Salta Capital, seguida por Cerrillos con el 4,82% y Rosario de Lerma, con el 3,93%. Las mujeres de entre 22 y 39 años son las que más padecen la violencia familiar. El 76,04% se da en mujeres solteras y sólo el 15,47% en las casadas, y el 19,43 de las víctimas fue la ex pareja del denunciado.
Emergencia provincial
El gobierno de Urtubey, durante el año pasado, declaró la emergencia provincial en materia de violencia de género tras haber sido solicitada por distintas agrupaciones sociales y políticas ante el aumento de casos registrados en nuestra provincia. La declaración de la emergencia tuvo por objeto visibilizar el problema y se convocó a todos los sectores para analizar las acciones a seguir.
Entre las medidas adoptadas, se decidió la creación de cinco juzgados y cinco defensorías de Violencia Familiar y de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las víctimas, la instalación de botones antipánico en toda la provincia y el establecimiento de “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales” así como el promover “la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género”.
En este marco también se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. El Observatorio tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El problema
La violencia hacia las mujeres se basa en una relación desigual de poder, y se magnifica cuando se desarrolla en lo que conocemos como patriarcado, que es el sistema social de valores, creencias y costumbres en el que el hombre subordina a la mujer. En este sistema las relaciones de género son jerárquicas y desiguales, y es el que, lamentablemente, impera en nuestra región.
La agresión puede ser ejercida física, psicológica, sexual, económica y hasta simbólicamente. Este tipo de violencia la perpetra el grupo social dominante sobre el dominado sin hacer uso de la fuerza física, para imponer determinados valores, idiosincrasias y así condicionar las relaciones sociales. El grupo dominado usualmente desconoce o consiente esta imposición, por esto se dice que es la más peligrosa, ya que no siempre se percibe.
Este tipo de violencia se disemina como un virus, que si no es atacado a tiempo infecta a toda la sociedad y aparece en todos los ámbitos de nuestras vidas: en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc. Y una de sus “vías de transmisión” más eficaces es la propaganda y los mensajes que se difunden en los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales.
A través de estos mensajes se suele difamar, injuriar, discriminar, humillar, y hasta promover, directa o indirectamente, la explotación de las mujeres, atentado contra la dignidad de las mismas. En todos estos casos se empieza a legitimar y a construir patrones socioculturales reproductores de la desigualdad lo que deriva en un ejercicio de poder agresivo hacia ellas.
