En la búsqueda de soluciones a la problemática funeraria que se registra en nuestra capital le aparecieron soluciones, aunque su concreción depende de cifras con abultada cantidad de “0”. Una de las mociones más escuchadas en el ambiente político capitalino es la posible instalación de entre 2 y 4 hornos para cremación, en lo que la contaminación ambiental no debiera ser el alerta que se deponga, frente a la urgencia por la pandemia.
Con un escenario en el que algunos indicios, provenientes del Valle de Lerma y de Valles Calchaquíes (casos sospechosos que habrían eludido controles sanitarios) indican que no sería una locura aguardar un volcán de contagios que atender, las conjeturas de escenarios catastróficos, oraciones de extremaunción y encargo a las divinidades de ánimas queridas están al corriente.
En ediciones anteriores, “Cuarto Poder” había recordado el anticipo dado a fines de abril por Tomás Calderoni, director de Cementerios municipal, sobre el cavado de 1500 fosas comunes. Un adelanto que activó los resortes, con planteos sobre la contaminación que esto incrementaría (sumada a la actual en el Parque San Martín que genera el cementerio de la Santa Cruz), e hizo surgir alternativas como la de cremar los cuerpos de los difuntos.
Esta opción no elimina el peligro ambiental, pero sólo en el caso que el funcionamiento de estos hornos cumpla con determinadas disposiciones, principalmente de la altura en la que están ubicados en comparación a las napas de agua y la distancia de núcleos urbanos. A este respecto, por ejemplo, los vecinos del country La Lucinda –en el ingreso a nuestra ciudad para quien viene de Güemes- objetan la instalación casi enfrente con la que se concedió a funcionar al crematorio del cementerio Divina Misericordia.
El fuego sagrado
La idea de la habilitación para crematorios municipales o alguna alternativa que los reemplace ya fue presentada en el Concejo Deliberante. Desde el bloque “Ciudadanos”, la edila Ana Paula Benavídez fue la firmante de esta propuesta, cuyo paso inicial es la realización por parte del Ejecutivo de un estudio de impacto ambiental para el funcionamiento de tales hornos en el cementerio San Antonio de Padua u otra necrópolis.
El prende y apaga, con actividad e inactividad que la cuarentena impuso sobre el funcionamiento del cuerpo deliberativo –menos que en otros foros legislativos- alternó hipótesis relacionadas a que tal evaluación no vendría favorable a esta idea. El proyecto de ordenanza, de cualquier manera, mocionó por plazos muy breves para llamados a licitación y cláusulas rectificatorias de este procedimiento, a fin de mantener el objetivo central.
La iniciativa le dio un plazo de 30 días a la convocatoria a licitación para construir un crematorio municipal, de acuerdo al estudio de impacto ambiental; o bien para que los familiares del deudo que así lo definan, contratar el mismo servicio con otra firma. Benavídez adujo que si este llamado a licitación quedara desierto, el Ejecutivo podría disponer de un plazo adicional de 30 días en los cuáles adquirir con fondos propios estos hornos crematorios, junto a la operación de los anteriores y hacerse cargo de la prestación del servicio.
En los antecedentes, la edila consignó la Ordenanza 4550/1985 de la intendencia de Carlos Javier Alderete para instalar un crematorio en el cementerio de la Santa Cruz. Seguida de la ordenanza que la derogó, la 8291/1998, en la gestión comunal de Ennio Pedro Pontussi, la que derogó la de su predecesor y declaró a la cremación servicio público.
Hasta llegar a uno de los últimos decretos de la gestión Sáenz, el 30 de octubre de 2019, por el cual desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se creó la comisión interdisciplinaria para redactar el ´proyecto de reglamentación de los requisitos técnicos ambientales para la instalación y funcionamiento de crematorios en el municipio de Salta´. Uno de los razonamientos con que Benavídez convalidó esta decisión mencionó variable de costos y la regulación de los espacios públicos, como “los efectos medioambientales de esta práctica” que con la cremación encontrarían una posible solución.
Una por mil
El anuncio hecho 20 días atrás por el Centro Cívico Municipal, en relación al millar y medio de fosas comunes con las que aguardarían la llegada a suelo gaucho de COVID-19, puso en guardia no sólo a los ambientalistas. Debería haber logrado lo mismo –es posible que lo haya hecho- en autoridades provinciales, dado el pánico que introdujo entre los salteños este número. Un contraste en relación al contínuo vindicar el éxito preventivo de Salta, en medio de la pandemia.
En septiembre de 2017, el por entonces titular de Cementerios comunal, Jorge Bohuid, había reflotado la idea de instalar crematorios en vistas del colapso en camposantos como el de la Santa Cruz y el de Padua. Pero ante un refucilo óptico emitido por el intendente Sáenz, el funcionario evaluó que “si hay que tomar una decisión para instarlo hoy, no se podría hacerlo porque no hay ninguna Ordenanza que apruebe su instalación dentro del ejido municipal”
Poco menos de tres años atrás, Bohuid amplió diciendo que si bien ciertos estudios concluyen que el funcionamiento de crematorios genera un impacto ambiental de nivel medio, desde la gestión capitalina optaron por “ser cautelosos y consultarlo con especialistas. Ellos nos dirán qué puede resultar beneficioso y que no”, resumió en 2017 el funcionario capitalino.
De aquellos años al mes de mayo de 2020, en esta semana llamó la atención el exhorto lanzado desde el Centro Cívico Municipal a los empleados de los cementerios públicos. En esta directiva, el Ejecutivo les pedía a los trabajadores remarcar su condición de “voluntarios” en la realización de tareas en los camposantos. Pero ni bien pronto emitida esta disposición, desde el ámbito sindical pusieron el grito en el cielo y advirtieron severamente a la gestión capitalina que no aceptarían la privatización de dicho trabajo.
