Los vecinos de Atocha se quejan por los olores nauseabundos del “arroyo rojo” y temen los efectos de los metales pesados emanados desde la empresa Luaju SRL
Desde el 2009, los vecinos de Atocha rezan porque alguien los proteja del daño que les puedan causar los deshechos de una curtiembre Lauju SRL (ex Jamo) instalada en la zona y que van a parar al arroyo Isasmendi, que desemboca en el río Arenales. Creen, con razón, que el “agua roja” no es un indicador de “buena salud”.
Esta mañana, el Ministerio Público Fiscal presentó una cautelar solicitando la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju. Y, podría ser una buena noticia, salvo por el hecho de que ya presentó dos y fueron rechazadas por el juez de Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez.
Los motivos por los que el fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, presentó cada una de las medidas cautelares son varios. En primer lugar, la curtiembre Lauju no tiene “licencia ambiental”, que se consigue a través del Certificado de Aptitud Ambiental y de una autorización legal de algún organismo administrativo con competencia en materia ambiental.
La empresa, además, emplea agua para uso industrial sin autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos. Tampoco tiene el “certificado de uso no conforme” de la Municipalidad de San Lorenzo.
Por otra parte, los análisis realizados por el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) confirmó que “los efluentes vertidos sobre el curso de agua (arroyo Isasmendi) poseen, en su composición química, metales pesados tales como Cromo, Cobre y Manganeso. Asimismo, el efluente analizado en el punto de vuelco detectado sobre el arroyo Isasmendi posee las mismas especies químicas (Cromo, Cobre y Manganeso) que las encontradas en la pileta de tratamiento de la firma Lauju”. En resumen, lo que dice el informe es que el agua está contaminada.
Más allá de las pruebas químicas, los Investigadores del Cuerpo de Investigadores Fiscales encontraron en el lugar bolsas conteniendo sulfato de cromo.
En una audiencia a la que convocó el juez Domínguez el viernes pasado, los representantes de Lauju aseguraron que “las bolsas” son “muestras” enviadas por una empresa química y que “su presencia en los efluentes podría provenir de algún residuo o estar dentro de otros compuestos que se utilicen el proceso”.
En resumen, Lauju SRL no posee ningún papel en regla, no está habilitada, los efluentes que vierte sobre el arroyo Isasmendi están contaminados con metales pesados, el olor es nauseabundo y el agua es roja. Pero, desde el 2009, funciona en la provincia de Salta.
Quiénes son los dueños de Lauju
Según el Boletín Oficial de la provincia de Salta, la firma Lauju SRL (ex Jamo) pertenece al contador público de 35 años, Julio Javier Moreno Buliubasich y a la comerciante Marta Inés Buliubasich, de 66 años, ambos domiciliados en villa San Lorenzo.
