La situación medioambiental en la provincia de Salta ha alcanzado niveles críticos, y la reciente orden judicial emitida por el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, en el marco del amparo por la contaminación hídrica en el río Arenales, revela una alarmante falta de responsabilidad por parte de la empresa CO.SA.ySa o Aguas del Norte, y de las autoridades competentes.

La decisión del juez de intimar a CO.SA.ySa (Aguas del Norte) para que cese de inmediato el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales es un claro indicador de la negligencia que ha caracterizado la gestión ambiental de la empresa a cargo de Ignacio Jarsún. La contaminación de un recurso tan vital como el agua pone en riesgo la salud de la población y el ecosistema en general, y la demora en tomar medidas efectivas es inaceptable.

Es aún más preocupante que, durante la audiencia, CO.SA.ySa admitiera que su planta depuradora está superada en un 30 por ciento de su capacidad operativa. La ampliación proyectada de la planta para febrero de 2025 suena a una respuesta tardía e insuficiente ante una emergencia ambiental en curso. La falta de previsión y la inacción de la empresa son inexcusables.

La crisis ambiental se agrava con la revelación de que la contaminación hídrica contribuye al aumento de casos de salmonella, según el Ministerio de Salud de Salta. Esto debería haber desencadenado una respuesta inmediata de todas las autoridades pertinentes, pero lamentablemente, la ausencia de representantes de la Municipalidady de la Provincia de Salta en la audiencia es una omisión inaceptable.

La urgencia de la situación se ve reflejada en la orden del juez Colombo de presentar un Plan de Contingencia Urgente en 48 horas hábiles para atenuar los efectos nocivos del vertido de desechos cloacales. Esta medida, aunque necesaria, no puede compensar la falta de planificación y ejecución efectiva por parte de CO.SA.ySa y las autoridades locales.

Es evidente que la contaminación del río Arenales es un problema conocido desde 2022, cuando el Ministerio Público Fiscal advirtió sobre los riesgos, creando una Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales en 2023 como un intento de abordar la situación.

La decisión de ordenar a la Municipalidad de Salta la colocación de letreros indicativos en lugares de acceso público y la realización de una campaña de difusión para prevenir el uso del río es positiva, pero estas medidas deben ir acompañadas de una acción directa para detener la contaminación en su origen.

Es imperativo que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta tome medidas inmediatas, como el control de malezas y la limpieza de obstáculos a lo largo del curso del río. Las multas a aquellos que no cumplan con las regulaciones deben aplicarse sin demora.

La reciente acción de allanamiento en una propiedad en La Pedrera relacionada con prácticas nocivas a la salud pública destaca la gravedad de la situación. La investigación sobre la contaminación y el uso indebido de aguas contaminadas en la producción de hortalizas es un paso necesario para responsabilizar a quienes ponen en peligro la salud de la población. Recuerdese que la provincia se encuentra en emergencia por brotes de Salmonela, superando ampliamente la media del país.

La vida y la salud de la población, así como la preservación del medio ambiente, no pueden ser sacrificadas en aras de la negligencia, la inacción e inoperancia de Aguas del Norte.