La Iglesia católica en Argentina ha confirmado oficialmente que, a partir del último día de 2023, ha finalizado el proceso de renuncia al aporte económico que recibían los arzobispos y obispos del Estado. Este movimiento, que comenzó en 2018 en medio del debate sobre la legalización del aborto y la solicitud de separación entre la Iglesia y el Estado, plantea preguntas sobre la autonomía financiera de la institución y su capacidad para mantenerse sin el respaldo estatal.
El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina detalla que la renuncia se realiza de acuerdo con lo establecido en la ley 21.950, que otorgaba a los líderes religiosos una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. Este cambio, que fue aprobado en 2018 por mayoría de los obispos, refleja un compromiso con la autosostenibilidad basada en las contribuciones de los fieles.
La decisión de la Iglesia de prescindir del aporte económico estatal también podría considerarse un gesto en respuesta a las demandas de separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, a medida que la institución busca depender más de las contribuciones de sus seguidores, se plantea la pregunta de si podrá mantener su infraestructura y programas sin el respaldo financiero del gobierno.
En el contexto de cambios significativos en la relación entre la Iglesia y el Estado argentino, es crucial examinar cómo esta transición afectará la capacidad de la Iglesia para llevar a cabo sus funciones y proyectos sociales. La renuncia al financiamiento estatal puede representar un paso hacia la autonomía, pero también presenta desafíos financieros que podrían influir en la dinámica y el alcance de la labor de la Iglesia en la sociedad argentina.
