Entre los coletazos que dejó el verano, la represión ocurrida en Cerrillos tuvo un lugar destacado. La denuncia realizada por las víctimas de la represión incluye acusaciones contra policías por tortura, abuso sexual y secuestro. (F.P.)
Bajo los hechos represivos sobresale un accionar digno de ser comentado, principalmente porque representa una muestra cabal de cómo actúa la policía en protestas sociales. Conviene recordar que el 27 de enero detuvieron a manifestantes cuando sostenían un acampe en la plaza principal del municipio cerrillano.
Los manifestantes reclamaban la reincorporación a sus puestos de trabajo. En esa jornada fueron detenidos once en total, nueve eran mujeres. Dos semanas después fueron liberados pero continúan con graves imputaciones como privación ilegítima de la libertad, daños calificados, lesiones y amenazas; delitos que pueden llegar a tener un castigo de hasta 15 años de prisión.
Sin embargo, la declaración de una municipal pone al descubierto que lejos están los policías de pacificar la tensión social y alerta sobre la violencia que impera en sus operativos.
Denuncia brutal
Clarisa Salvatierra, una de las madres que fueron despedidas, denunció ante la Fiscalía de Cerrillos la brutalidad con la que se mueven efectivos de GOPAR e Infantería. La mujer vio cómo se llevó a cabo el operativo en el edificio municipal y según quedo escrito en la denuncia N° 12/2016, se vio involucrada en medio de violentas escenas.
Según declaró, vio cómo a su compañera, Marisa Martínez, un policía desde atrás le pegó un fuerte puñetazo que la volteó para luego arrastrarla por el piso hasta el baño, donde la esperaban 3 policías mujeres que continuaron pegándole. Salvatierra aseguró que así se dio inicio el operativo policial en la tarde del 27 de enero.
Pero eso no fue todo. La misma mujer aseguró que caída la noche del mismo día, efectivos de GOPAR entraron disparando y ordenaron que se tiren todos al piso. En ese ominoso marco, dijo que al tirarse al piso, los efectivos armados con palos comenzaron a golpearla en las piernas y rodillas y le pusieron un cinto para inmovilizarla.
En la declaración comentó que fueron subidas al móvil de Infantería, donde continuaron pegándole y denunció que “uno de los policías del GOPAR y un efectivo le quisieron quitar la musculosa y al negarse fue que le rompieron la prenda (…) Un policía masculino se dirigió hasta Marisa Martínez, a quien le subió la remera y le comenzó a tocar los pechos”. También, señaló que fueron trasladadas desde Cerrillos a la Alcaidía, donde no las atendieron. De ahí fueron a la Central de Policía y nuevamente las llevaron a la Alcaidía, manteniéndolas secuestradas casi toda la noche.
¿Es un ejemplo aislado sobre el accionar de la policía la denuncia? En general, los atropellos policiales denunciados son parte de una violenta metodología declarada hasta el hartazgo. Basta recordar el informe elaborado a partir de los registros oficiales de la Fiscalía de Asuntos Policiales, donde se contabilizan durante el 2012 casi 800 causas por apremios y en 2013 alrededor de 1.500, es decir en apenas dos años 2.300 denuncias por torturas.
Pese a esto, las atribuciones policiales continúan en aumento, ahora con la adhesión provincial a la ley de Protocolo de Seguridad nacional, reglamentación donde la policía tendrá más poder, o con la Contravencional que contiene un articulado donde se expone las razones por la que cualquier ejercicio de la libre expresión en la vía pública, cualquier protesta social, puede ser considerado una contravención. Todo un cumulo de facultades para una pesada fuerza sin límites.
