La postulación de Julio Bavio como Juez Federal de Salta recibió una dura impugnación por el delito de prevaricato. El magistrado está acusado de perjudicar a la compañía Tabes SA en beneficio de otras entidades tabacaleras. El denunciante dice que Bavio se subordinó a empresas de la que depende. (Gonzalo Teruel)

En la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación se tramita ya un pedido de impugnación contra Julio Leonardo Bavio en su intento de ser nombrado Juez Federal de Salta. Bavio está denunciado por actuar como “un señor feudal” que dicta “resoluciones contrarias a la propia Constitución y el ordenamiento jurídico, vanagloriándose de ello”. El planteo fue presentado por Luís Javier Gristelli y hace referencia a la actuación del magistrado en una reciente causa caratulada “Tabes SA s/ infracción ley 24.769”. Según la denuncia, Bavio incurrió en innumerables irregularidades, efectuó una falsa imputación y hasta cometió el delito de prevaricato.

Tabes SA está sospechada de “picar” tabaco y elaborar cigarrillos truchos que, vendidos en el mercado negro, ocasionan un enorme daño al erario público por el delito de evasión impositiva. Siguiendo esa sospecha, hace unos meses el juez Bavio ordenó un allanamiento donde incautó las máquinas de la compañía tabacalera. La empresa denunció que no se cumplieron los protocolos legales correspondientes y protestó ante la Cámara Federal de Apelaciones que le dio la razón y le restituyó las maquinarias en poco tiempo.

Con ese antecedente en mano Gristelli impugnó a Bavio en el Senado. “Ha hecho gala de la detentación de un poder propio de los jueces de la más cercana nefasta historia argentina” al instruir la causa “sin contar con el requerimiento fiscal” recuerda el texto impugnatorio. En efecto, esa conducta fue confirmada por la Cámara de Apelaciones que en julio consideró que las actuaciones judiciales se encontraban “viciadas de nulidad absoluta”.

“Dictó resoluciones sin que mediara requerimiento fiscal de instrucción, o sea, sin que técnicamente haya causa penal”, lamenta el escrito que critica al juez por no haber corrido vista al “agente fiscal para que este se pronuncie”. Ese acto procesal, el requerimiento fiscal, es indispensable pero el juez lo omitió “ejerciendo una acción penal de oficio, situación que se encuentra especialmente vedada por mandato constitucional”.

También omitió otras normas procesales, la doctrina, y la jurisprudencia en materia penal tributaria al aceptar a la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero como querellante siendo que “sólo puede ser tomado por parte querellante aquella persona que justifique ser el ofendido directo del delito, no siendo admisible la lesión indirecta”.

Con evidente parcialidad, el juez aceptó la participación en sus actuaciones del organismo tabacalero que está integrado justamente por la Cámara y la Cooperativa del Tabaco, competidoras directas de Tabes SA.

En consecuencia, el profuso escrito de impugnación pregunta ¿por qué el juez Bavio dio intervención a la competencia de la firma en las actuaciones a su cargo? La respuesta inmediata explica que la Coordinación del Sector Tabacalero es un organismo gubernamental y denuncia por “dudosa independencia” al magistrado. “Es un funcionario de dudosa independencia pues ha sido fuertemente cuestionado por sus vinculaciones políticas” acusa el texto firmado por Gristelli y recuerda que Bavio no cuenta con acuerdo del Senado de la Nación para efectivizar su designación “justamente por su dudosa o nula independencia”.

De acuerdo al razonamiento de Gristelli, al aceptar la participación -aunque indirecta- de la Cámara del Tabaco en el expediente, ésta tuvo acceso a información empresaria de Tabes SA que está reservada a organismos públicos específicos como la AFIP. Por haber revelado esos datos de estricta confidencialidad, Bavio habría incurrido entonces en otro delito previsto por el Código Penal y que establece penas de prisión de entre 1 mes y hasta 2 años.

“Detrás del trámite de la causa a cargo del magistrado referido, hay un gran interés económico por las empresas de la competencia como del Estado Provincial, del cual el Dr. Bavio parece depender” puntualiza el texto de impugnación y agrega que “en una extrañísima y prácticamente única resolución en la historia de la justicia del país, el Dr. Bavio ordena el secuestro de las máquinas de la empresa Tabes SA impidiendo a la misma poder trabajar”.

“La resolución es única en su especie toda vez que el procedimiento está plagado de irregularidades nunca vistas”, sentencia. Entre las irregularidades se destaca que el depositario de las maquinas secuestradas fue nada más ni nada menos que Enrique Antonio Cornejo Saravia, titular de la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero, competidor comercial de Tabes SA. “No sólo despojó a Tabes SA de las herramientas de trabajo sino que se las entregó a la competencia”, detalla el documento de Gristelli que denuncia, además, que el secuestro de las maquinas no tiene vinculación directa con el delito -evasión impositiva- investigado.

En ese sentido, el escrito pregunta ¿por qué el juez Bavio ordena secuestrar las máquinas y entregárselas a de la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero? La inmediata respuesta sugiere que “el pedido de secuestro esconde un claro designio, esto es impedir que Tabes SA pueda seguir con el acopio de tabaco logrando la Cooperativa un beneficio patrimonial notorio”.

A partir de esta afirmación y englobando los demás defectos procesales, queda planteada la posibilidad de que el cuestionado magistrado haya incurrido en prevaricato, la figura penal que define el comportamiento de un funcionario público que dicta “a sabiendas o por ignorancia inexcusable una resolución de manifiesta injusticia”.  Este último señalamiento acusatorio indica que “conforme la normativa impositiva vigente, no existe comisión de delito alguno por parte de Tabes SA”. Para que exista la evasión al impuesto interno, imputación efectuada por Bavio, debe existir un hecho imponible que genere una obligación tributaria pero a juicio de Gristelli eso no ocurre con la causa en cuestión: Tabes SA es una empresa manufacturera que vendió a otra, Tabacalera del Litoral SRL, el tabaco picado que en la normativa vigente no es un “producto terminado y acondicionado” por lo que no debe tributar los impuestos internos -que se aplican a una y solo una de las etapas de elaboración y circulación- correspondientes a los cigarrillos.

Para Luís Javier Gristelli no hay, por lo tanto, delito cometido por Tabes SA. Si hay, en cambio, delito de prevaricato por parte de Julio Leonardo Bavio quien quiere ser Juez Federal pero antes tendrá que enfrentar un duro proceso en el Senado de la Nación.

Cortina de humo

La decisión del juez Julio Leonardo Bavio de allanar e incautar las máquinas de la compañía Tabes SA “para que deje de elaborar cigarrillos truchos” fue celebrada por las entidades del sector tabacalero salteño.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones entendió que tal determinación fue arbitraria y devolvió las herramientas de trabajo a la empresa. Por eso, la Cámara del Tabaco que preside el diputado Esteban Amat presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los magistrados Jorge Luís Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas.

Justicia, política y millonarios negocios se entremezclan en un expediente de incierta resolución. Nadie se anima a confirmarlo y, en efecto, es imposible comprobarlo pero el rumor que corre en el sector tabacalero señala al “Tuti” Amat como el responsable del hostigamiento a Tabes SA.

“No quieren sacarla para evitar el comercio de cigarrillos truchos sino para quedarse con ese negocio”, le dijo a Cuarto Poder un productor tabacalero. En el mismo sentido, dos periodistas aportaron que en el Sindicato de Obreros del Tabaco dicen que “la guerra es porque el Tuti puso una acopiadora de tabaco que apunta a ese mercado berreta y Tabes SA le entorpece el negocio”. Ambas afirmaciones son por ahora incomprobables.

En Salta la Cámara Federal debe decidir si enjuicia a dos de sus miembros mientras, en Buenos Aires, en el Senado de la Nación, la causa por negocios ilegales en el sector tabacalero fundamenta una objeción para que Bavio se convierta en Juez Federal.

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