Los sobreprecios que el gobierno paga por granos para asistir a los productores que sufren la sequía no llega a todos. Los pequeños productores vinculados a la jefa comunal de Morillo y que no responde al poder de los intendentes denunciaron recibir poco de la ayuda que el Grand Bourg adquiere con dinero nacional.
Alfredo Riera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco salteño, dio una entrevista a El Tribuno en donde manifestó que en Morillo “Muchos preguntan cuándo llegará el maíz que manda el Gobierno. Algunos recibieron, pero muchos otros aún esperan”, a la vez que precisaba que “el maíz es tan elemental como el agua. Hace más de un año que los animales vienen débiles por la falta de lluvia. Esto no debería ser una emergencia, sino una catástrofe. Y si demoran más, el ganado ya no se recuperará por más que le den alimentos. Están muy mal. Por eso, hubo muchas muertes”, agregó Riera, quien también es delegado por Salta del Foro de la Agricultura Familiar.
“Tenemos un Gobierno provincial que es sordo, no escucha a la gente. Jamás el gobernador Urtubey nos recibió”, se lamentó Alfredo Riera quien además se quejó de que los proyectos que los pequeños productores presentan permanecen cajoneados a pesar de ser propuestas amigables con el ambiente. “En los departamentos de Rivadavia y San Martín, la mayoría de la hacienda que se vacuna está en manos de los pequeños productores. Somos personas que producimos”, remarcó ayer Riera en una visita a Salta. Como también informáramos en este medio, esa asociación de productores es la organización desde la que surgió la actual jefa comunal de Morillo, Marcela Carbajal, que durante años luchó para terminar con los desalojos de las familias campesinas y terminó imponiéndose en las urnas al inefable Atta Gerala. A poco de asumir, Carbajal dio muestras de su autonomía ante el establishment político: cuando el ministro Carlos Parodi reunió a los intendentes que había sido elegidos en el 2011 y les “sugirió” no mirar atrás, Carbajal denuncio a Gerala por el faltante de $1.200.000 que aún tiene estado judicial. La misma intendenta vienen reclamando lo que Riera reclama: que Urtubey reglamente la ley 7658 que aprobada hace dos años, garantizaría la suspensión de los desalojos de campesinos en conflicto con grandes empresarios. Y como si esto fuera poco, la intendencia de Morillo ha desplegado una gestión que para el poder de los intendentes de la provincia es insólito: participación popular que incluye hasta el diseño participativo del presupuesto municipal. En ello radicaría los celos con que el gobierno provincial mira a ese departamento.
Con respecto a la ayuda del Grand Bourg a los productores que sufren la sequía, la misma empezó a convertirse en un escándalo hace un mes cuando este medio había informado que el Ministro de Producción Sustentable, Alfredo De Angelis, ayudo mal a los ganaderos perjudicados por la sequía al haber pagado $1,6 millones por casi 1.000 toneladas de maíz entero para forraje, un sobreprecio del 60%. Esa vez los había hecho con una Contratación Directa que beneficio a la empresa del hijo del desaparecido Miguel Ragone: Viejo Molino SRL. Ahora, la provincia hará una nueva compra de maíz para forraje al doble de su precio, apelara de nuevo a la contratación directa y con los $10 millones que transfirió la casa Rosada a través de Ministerio de Agricultura de la Nación, se adquirirán 6.000 toneladas de cereales. A todo ello se suma otra vez el problema del sobre precio: por cada tonelada de maíz entero, De Angelis pagará $1.666 mientras en la Bolsa de Rosario ese volumen de cereal se vendía a $870. El gobierno argumenta que la diferencia de precios radica en que el producto se entregará fraccionado en bolsas de 50 kilos y será trasladado al interior provincial. Los expertos, sin embargo, siguen considerando que el precio final es alto. El Tribuno informó también que en las últimas semanas se realizaron otras dos compras a precios altos. A la empresa Viejo Molino se le depositaron $1.600.000 por 947 toneladas, $1.689 cada una. A la firma Distribuidora Salta, por 180 toneladas, se le giraron $ 306.500 ($1.702 cada una).
