Estudiantes de la UNSa fueron a Morillo a dictar talleres de comunicación popular y se encontraron con la resistencia de pobladores a un desalojo ordenado por una jueza que favorece a la empresa Doble Z SRL. Uno de los estudiantes rearmó la historia del despojo que aquí reproducimos. (Franco Hessling)
En el departamento de Rivadavia, en la localidad de Morillo, durante la última semana, el calor exorbitante y la cizaña del sistema excluyente se mixturaron recreando una situación digna de relatos salvajes, en tiempos que tanto se los aplaude en la taquilla. Nada novedoso: una familia -los Orquera- con preminencia sobre la tierra ganada por décadas de derecho consuetudinario, se enfrenta a una orden de desalojo dictada por la jueza Ana María De Feudis de Tartagal. La medida ampara la avanzada de la empresa que pretenden desmontar: Doble Z S.R.L.
Es la versión salteña de la aplicación de la Ley de Desmontes, “hay algunas leyes, pero parece que no las hubiera”, señala José Armando Ruiz, Presidente de Alma Gaucha, una de las doce organizaciones campesinas que se nuclean en el lugar. El pasado 3 de octubre la jueza De Feudis nutrió con una nueva foja al expediente 22.707/13 contra la Familia Orquera en el que puede leerse aspectos como el siguiente: “Intimarlos a que dentro del plazo de cinco (5) días procedan a remover alambrados que construyeron en el fondo de la actora Doble Z S.R.L. identificado como ‘Colonia La Juanita’, ubicada en el Departamento Rivadavia, Provincia de Salta, bajo apercibimiento de ley a permitir sin obstáculo u acción alguna, el paso de la topadora que tiene a su cargo el trabajo de delimitación de los predios”.
Desde el 8 de octubre la empresa puede pasar por encima de los Orquera y todas sus pertenencias con el aval de la jueza. También desde ese día las organizaciones criollas-campesinas montan un operativo ininterrumpido de guardias. El operativo incluye una cuidadosa distribución de los relevos que se halla alerta a cualquier movimiento que deslice la máquina topadora. Esta reacción férrea, que tiene su antecedente en el caso de Alfredo Riera sucedido en las adyacencias del lugar hace unos años atrás produce un clima tenso y crispado ya que los campesinos no están dispuestos a claudicar ante los vericuetos judiciales armados a favor de la industria. “Siempre hemos sido pacíficos, pero ya estamos podridos que nos pasen por encima”, subraya José Ruiz.
Breve historia del despojo
Ruiz relata una breve historia del conflicto en el patio de su hogar. Hace aproximadamente seis años atrás en las tierras de dos fincas de la zona -Finca Juanita y Santa Cecilia- apareció la empresa Doble Z S.R.L. con supuestas autorizaciones del dueño de los terrenos -un tal señor López que nadie conocía- para realizar un deslinde que suponen las mediciones y trazados correspondientes.
Allí habitaban varias familias que en principio resistieron demostrando la inconsistencia de esas autorizaciones que la empresa aducía tener. Desde entonces, la contienda no ha cesado ni un segundo. Por eso los criollos optaron por organizarse en 12 colectivos -de entre 20 y 80 miembros cada uno- que trabajan articuladamente en la lucha por su derecho adquirido sobre esas tierras. Entre estos se cuentan “Unidos del Bermejo” y “Herencia Chaqueña” de la que proviene la actual Jefa comunal Marcela Carabajal, además de la ya mencionada que encabeza José Ruiz.
Sin embargo, ese grado de organización que advino en los últimos tres años demoró más de lo que tardaron en llegar las primeras acciones de ruptura que promovió la empresa. La misma les hacía promesas a familias particulares en las que aseguraba que conseguiría escrituras para cederle hectáreas más la construcción de sus viviendas con material de cemento a cambio de que cedan gran parte de las parcelas que ocupaban. Así fue como Doble Z avanzó raudales en la conquista de esos espacios, siempre apelando al argumento de que sólo buscaba delimitar las dimensiones de las fincas. “Un deslinde debería ser de dos metros de espesor, pero los están haciendo de 30 metros, eso no es una demarcación, es desmonte para futuras siembras agroindustriales”, puntualiza Ruiz.
Cuando las organizaciones avanzaron en realizar estas denuncias acerca de los desmontes, la Secretaría de Medio Ambiente actuó con velocidad convocando desde noviembre pasado a una serie de Audiencias Públicas en las que se logró que la zona deje de ser considerada como roja en cuanto a los desmontes, y pase a ser considerada como zona de menor riesgo, es decir, zona amarilla. “Las armaban de un día para el otro y no importaba lo que nosotros digamos. Desde noviembre hasta enero fueron cinco en total hasta consiguieron ese cambio que querían”, señala el referente de Alma Gaucha. El mismo que señala como una gran conquista el haber sorteado la mediación del Juez de Paz de Morillo, Alberto Romero, por comprobarse sus actuaciones sesgadas favorecían a la empresa.
Por esta razón las mediaciones las realiza actualmente el Juez de Paz de Embarcación.
La organización es un arma
Las doce organizaciones consiguieron una licencia para transmitir como Radio Comunitaria, por lo que están construyendo el espacio físico que garantizará la emisión corriente de FM Encuentro. La misma se originó como un programa informativo de disputa de agenda con los políticos tradicionales de de cara a las elecciones que en el 2011 terminaron con el inefable Atta Gerala. “La radio es un material que es fundamental para nosotros”, destaca el referente de Alma Gaucha.
Como eso también es reconocido por sus opositores se están poniendo severas trabas al crecimiento del medio, que sin embargo recientemente ha recibido el apoyo de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) que se comprometió a enviar los equipos faltantes para poner en marcha de manera definitiva la transmisión. En ese marco esperan ampliar las vías de circulación de este tipo de connivencias entre el poder político, el poder judicial y el poder económico que se cristaliza en casos como el de los Orquera.
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