En el marco de la controversia vinculada al aborto, conversamos con la organización Pro Vida relacionada a campañas contra la interrupción de embarazos y con Las Bomberas, parte de la red que se encarga de brindar información a personas que quieran abortar. (S.T.)

Candelaria, integrante de Las Bomberas explica: “Nosotras creemos, como organización, que el aborto debe ser libre, gratuito y seguro en las mejores condiciones posibles. Creemos que es nuestro derecho. Consideramos, justamente,  que es el derecho que tenemos como personas con capacidad de gestar, derecho sobre nuestros cuerpos. Nos enmarcamos en todas las leyes de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y a partir de ahí trabajamos y militamos por la legalización del aborto. Creemos que es fundamental que  las personas con capacidad gestante podamos decidir cuándo ser madres, con quién, cómo y en qué circunstancias. No todas, aunque tengamos la capacidad gestante, tenemos ganas. Creemos que es nuestro derecho decidir”.

En las antípodas de este razonamiento se encuentra la Organización Pro Vida que además de estar en desacuerdo con la interrupción de un embarazo asegura que el aborto legal, gratuito y seguro es “una triple mentira”. La organización contra el aborto afirma que esta práctica no es legal ya que la Constitución Argentina defiende el derecho a la vida desde la concepción. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada a nuestra constitución en 1994 sostiene en el artículo 2 de la Ley 23.849 que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”. También recurren al Pacto de San José de Costa Rica en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en donde se afirma que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

Respecto a la legalidad del aborto, Socorro Rosa Salta, la red de la que forma parte el colectivo Las bomberas, explicó a Cuarto Poder que el artículo 86 del Código Penal sostiene que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible en dos casos: El primero, si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Y en segundo lugar, “si el embarazo proviene de una violación o de un ‘atentado al pudor’ cometido sobre una mujer con discapacidad. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

La organización feminista afirma que desde 2012 hay un “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” con alcance nacional que permite aclarar las situaciones en las que el aborto es legal. En el mismo, se parte de la definición de la Organización Mundial de la Salud que entiende a la “salud” como una noción integral que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social. Esto, según las socorristas, permite interpretar que si el desarrollo del feto se vuelve inviable, también entraría en el marco de los conflictos integrales en la salud de la persona gestante ya que pone en riesgo su vida. Respecto a la constitucionalidad, Las Bomberas nos comentan que La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a partir del fallo F.A.L, que la práctica del aborto no es incompatible sino, por el contrario, acorde a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella, debe ser realizada por los médicos a pedido de la gestante sin necesidad de autorización judicial respecto de toda víctima de una violación.

Gratuito

Desde Pro Vida sostienen que abortar nunca es gratuito ya que no sólo cuesta la vida del niño y la madre sino que, en segundo plano, significa mucho dinero que proviene de nuestros impuestos. Según esta versión cada vez que se efectúa la compra de un producto con factura, el vendedor está pagando con el dinero del cliente aproximadamente la mitad del valor de la mercancía. De ser legal el aborto, esta suma se usaría en parte para “asesinar violando la Constitución”. También afirman que nosotros como ciudadanos estaríamos financiando el aborto al pagar nuestra obra social o medicina prepaga ya que parte de esos fondos son usados para “tratamientos” de fecundación artificial. Pro Vida consideró que estas prácticas médicas en realidad implican abortar unos 25 seres humanos vivos por cada bebé nacido.

Otra cuestión que ponen de relieve es el Síndrome Post Aborto, un cuadro tipificado por psicólogos y psiquiatras que suma varios problemas físicos pero sobretodo emocionales causados por la práctica: estrés post-traumático, trastornos alimentarios, abuso de alcohol, adicción a drogas psicoactivas, violencia doméstica, rotación de parejas, inestabilidad emocional, llanto recurrente, sensibilidad extrema al ver niños, pesadillas o alucinaciones relacionadas al hijo perdido, depresión, auto-lesión, intentos de suicidio, entre otros comportamientos destructivos .

Del otro lado, las Bomberas enfatizan que la gratuidad del aborto solucionaría varios problemas y remarcan que la ilegalidad del aborto es un gran negocio: “Por un lado, están los médicos que hacen los legrados y que cobran entre 20 y 30 mil pesos dependiendo la cara del cliente. Te imaginarás que a eso no accede cualquier mujer. También tenemos que reconocer que hay una hipocresía tremenda en nuestra sociedad porque quienes pueden acceder a un aborto seguro quirúrgico son personas que tienen determinado nivel socioeconómico. Una persona que vive en medio del monte chaqueño de ninguna manera va a poder tener 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos para poder acceder a un aborto seguro. Por otro lado, está toda el negocio de las farmacias que te venden misoprostol (pastillas abortivas) pero en dosis incorrectas, entonces el aborto nunca se produce o se produce incompleto. Por esta razón, las mujeres terminan cayendo a las guardias con tremendas infecciones y en muchos casos muriendo por estas intervenciones que no corresponden. Para nosotras es importante que si el sistema farmacéutico va a vender esta medicación, que no nos parece mal, la tienen que vender en las dosis que corresponde”.

Consultadas por el Síndrome Post Aborto, Las Bomberas nos informaron que reciben muchos mensajes de agradecimiento por la ayuda y que en muy pocas situaciones hubo que hacer un acompañamiento posterior a causa de depresión o problemas luego de abortar. Candelaria nos explica: “Tiene que ver también con cómo la religión en nuestra provincia en particular atraviesa toda nuestra cultura y la cuestión de la culpa nos atraviesa permanentemente. Entonces hay probablemente muchas mujeres o personas con capacidad gestante que pueden sentir algún remordimiento, pero nosotros de todos los casos que acompañamos y asesoramos, nada. Uno al año tenemos que tratar después de acompañar post aborto”.

Seguro

Pro Vida manifesta que el aborto genera mayor vulnerabilidad a infecciones sexuales y más riesgo de embarazo extrauterino. Además, hay mayor incidencia de placenta acreta, encreta y percrea, es decir, el tejido de la cicatriz en el útero hace que, en un nuevo embarazo, la placenta se adhiera anormalmente a la pared uterina si se forma sobre la cicatriz.

En relación a esto la organización a favor del aborto declaró que estos casos sólo suceden en intervenciones no seguras, con personas que no están capacitadas para hacer abortos. Y mantuvieron que, en el caso de que la interrupción se efectúe con medicación, no genera problemas en el útero: “Por supuesto que si las condiciones son inadecuadas sí puede haber complicaciones, pero es el aborto ilegal e inseguro. Por eso nosotras pedimos aborto legal, seguro y gratuito”, reflexiona Candelaria.

Llegó la Biblia

Consultados por una solución a esta problemática Pro Vida recomienda que si todos los anticonceptivos fallan, la única forma de prevenir el aborto es restringir la sexualidad al matrimonio “abierto a la vida”. Se debe evitar traer al mundo un niño si no se está “preparado para recibirlo con 4 brazos: del marido y la mujer”. Otra medida sugerida para una posible salida al problema es respetar el derecho a informar a las madres los riesgos de un aborto. La organización contra esta práctica aconseja cambiar la “Educación sexual integral” por “Educación para el amor íntegro”. Proponen la creación de programas de ayuda a la mujer embarazada en riesgo, sobre todo en casos de abusos. Estos espacios deben contar con alojamiento. También, a criterio de la organización, debe legislarse la adopción pre-natal y modificar la Asignación pre-natal para que comience desde la concepción y no a partir de los tres meses.

Para la red de socorristas la respuesta está en la máxima “educación sexual para decidir, uso de anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, afirman que debe desarticularse el patriarcado ya que la cultura machista “nos impide decidir sobre nuestros cuerpos y nos define como objeto sobre el que deben decidir los hombres”. El debate está abierto.