El robo de US$ 27.000 que una jueza tuvo durante un mes en su despacho quedó resuelto cuando una ordenanza devolvió lo sustraído. Nadie explica por qué la magistrada Ada Zunino violó el reglamento que prohíbe guardar dinero en sede judicial. (D.A.)
Todos los reportes que dieron cuenta del robo tuvieron una particularidad: evitaron dar el nombre de la magistrada. Cuarto Poder pudo saber que se trata de la jueza Ada Zunino, la magistrada que hasta febrero de 2015 estaba a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal y ahora se desempeña como jueza de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro.
La reticencia a dar el nombre podría explicarse por el hecho de que sobre el renombrado robo había otra irregularidad que en este caso alcanza a la propia jueza quien violó las reglamentaciones internas del poder judicial que prohíben a los magistrados tener dinero en sus despachos. El robo de los 27.000 dólares no sólo evidenció la falta en que incurrió Zunino, sino que la misma se dilató a lo largo de casi un mes en tanto la propia funcionaria judicial admitió en la denuncia policial que al dinero lo tenía guardado en un armario de su despacho desde el 16 de mayo pasado cuando en una sucursal del Banco Macro compró esos dólares, lo que supuso un desembolso de casi medio millón pesos.
La magistrada es señalada por varios como una mujer que suele violar las reglamentaciones que ponen distancia entre la actividad judicial y las actividades comerciales privadas. Fuentes judiciales de Tartagal que no suelen tener un buen recuerdo de la magistrada, aseguran que Zunino suele estar involucrada en operaciones comerciales que son legales para cualquier ciudadano pero prohibidas para los jueces.
Esas fuentes suelen mezquinar datos empíricos que abonen la generalización aunque en los archivos de Cuarto Poder si existe uno que este medio publicó en mayo del pasado 2015. El mismo hacía referencia a un edicto publicado por el diario El Tribuno el 4 de marzo de ese año. En el mismo, la magistrada solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”.
Algo bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere pero que además contradecía el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.
Esa información se enmarcaba en dos informes judiciales que este medio realizó en el departamento de San Martín y que tenía a la propia Zunino como pieza polémica de las mismas: el femicidio en Fortín Dragones de Romelia Pistone y las adopciones irregulares de niños en la ciudad de Tartagal.
