Para los directivos del Ministerio de Seguridad, todos los días son Black Friday; sólo que en vez de conseguir los productos más baratos, con las contrataciones directas terminan pagando por encima del valor real. El caso especial del Servicio Penitenciario y las pollitas ponedoras. DOM

Al síndrome de la compra compulsiva también se lo llama oniomanía o shoppingmania y básicamente trata de personas que no pueden dejar de adquirir productos. La señora ve una oferta y se lanza a por ella. No puede resistirse. Aunque no necesite el producto, debe tenerlo.

Salta da una vuelta de tuerca a la oniomanía. Porque acá los funcionarios del Ministerio de Seguridad no aprovechan ofertas; todo lo contrario: hacen compras directas con sobreprecios, cuando por llamar a licitación le hubieran ahorrado miles y miles de pesos a los salteños.

Resumen de casos

En Agosto, el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Martín Daniel Martínez, anunció que el gobierno adquiría inhibidores de celulares de manera urgente porque se habían dado unos casos (dos o tres) de falsos secuestros: personas que recibían llamadas pidiendo rescate por secuestros nunca hechos. Según la policía, los llamados podían haber sido realizados desde la cárcel, por lo que el Ministerio decidió, en vez de requisar a los presos y quitarles los celulares que, se supone, no deberían tener, comprar inhibidores de celulares.  “A pesar de los controles que se implementan y el lugar donde se encuentra la cárcel de Villa Las Rosas (enclavada en una zona urbanizada) se puede llegar a vulnerar la seguridad e infiltrar celulares con tecnologías y dimensiones que facilitan este accionar delictivo, razón por la cual se decidió adquirir los inhibidores”, manifestó Martínez.

El miedo, la supuesta urgencia, hizo que nadie cuestione -salvo Cuarto Poder– que  se le pagara a la empresa Máxima Comunicaciones S.R.L. $ 138.050 por blindar telefónicamente al presidio de Villa Las Rosas. Pero, en ese momento, buscamos artefactos similares y encontramos que otras empresas prestaban el mismo servicio -con instalación y garantía incluida- por $10 mil.

En Julio se conoció que El Servicio Penitenciario tuvo otro extraño y costoso antojo, que resolvió también con una compra directa: 100 pollitas ponedoras y algo de alimento balanceado para canes. Por todo pagó $ 22.796. Cuarto Poder tuvo contacto con distintos vendedores especializados en gallinas ponedoras y los precios oscilaron entre los $60, $80 y los $ 100 por cada una. Pero el gobierno pagó $ 227 por cada una para la granja del penal. No nombremos los 40 mil pesos en cartuchos de impresoras, pasemos a la carne: el 29 de octubre se conoció a través del Boletín Oficial una compra de carne, por 24 mil pesos.

La  contratación directa fue realizada nuevamente por el Servicio Penitenciario, específicamente por la Sub Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. El único detalle en el boletín era que la Adquisición de “Carne Vacuna en Media Res” tenía como destino a las Unidades Carcelarias N° 1, 4, 6, 7, Alcaidía General, Escuela de Cadetes, Buffet del Personal, y Programas Puerta y Tapli dependiente de este Organismo.

Que se compren medicamentos por contratación directa es perdonable, incluso es lógico: surge una emergencia y médica y la premura es tal que se compra lo primero que se encuentra, sin importar el precio. Pero, ¿Y colchones? ¿Puede haber tanto apuro como para no llamar a licitación y buscar un mejor precio?

Para Seguridad, parece que todo se vuelve urgente, incluso tienen la misma urgencia dos veces por año: el 2 de febrero compraron 64 Colchones Ignífugos por 95.360 pesos. Así lo detalló el Boletín Oficial Nº 18.763, en el que además se indicaba que los colchones tenían como destino a los Centros de Atención Nº 1, 2, 3 y 4, al Instituto Hogar Tránsito y al Instituto David Michel Torino, Dependencias de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil de la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. En un principio se esperaba que la compra fuera de 110 Colchones Ignífugos, con una inversión de tan solo $77.600, pero el gobierno terminó pagando más por menos.

Y a comienzos de noviembre, adquirieron más colchones, esta vez  por casi 25 mil pesos. En el boletín se informó que eran para la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios – Departamento Patronato de Presos y Liberados. No se detalló cuántos eran los colchones ni si eran ignífugos.

En noviembre durante dos días seguidos el boletín oficial volvió a difundir más compras directas. El 18 de noviembre, se gastó $ 22.617 en polleras, camisas blancas, cintos y caponas. Al día siguiente, otra compra que reflejaba la desesperación del Área de seguridad por ponerse a la moda. La Adquisición por $ 16.650 de “Chambergos y Gorras – Uniforme Social” con destino a los Oficiales Sub Adjutores egresados de la Escuela de Cadetes, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

Tratamiento

Parece evidente que el Ministro Eduardo Alberto Sylvester y al menos gran parte de sus colaboradores sufren de oniomanía o shoppingmanía, con la retorcida variante de que no aprovechan ofertas, sino todo lo contrario. Para una persona con esta adicción, algunos especialistas lanzan los siguientes consejos. Las recomendaciones son, casi todas, para no caer en la tentación. Citamos:

1- Evitar ir por los lugares que estén relacionados con la adicción a las compras y establecimientos comerciales que vendan los productos innecesarios”. Bueno, esto sirve para la señora que le revienta la tarjeta al esposo pero no a un funcionario que hace el negocio desde su oficina.

2-  “Tratar de no ir solos a dichos lugares cuando por algún motivo se ha de entrar, de forma que la persona con quien se vaya tenga el encargo de avisar de nuestra debilidad cuando nos aproximemos a los objetos deseados” ¿Hay algún funcionario con fama de tacaño que pueda acompañar a Sylvester a todos lados?.

3-      Evitar ir acompañado de esas personas con las que solemos quedar para ir a comprar pues se convierten en incitadoras y cómplices de la tendencia impulsiva por comprar que tenemos, haciendo que sea más difícil controlarse. (Léase, otros ministros).

4-      Establecer unos límites de gasto en función de las posibilidades económicas de cada momento, para no superarlas. Bueno, la ley es clara sobre las contrataciones directas, el problema es que no la respetan.

5-      Llevar un control exhaustivo de lo que se gasta cada mes, para comprobar que no “se dispara” en ningún momento. La Auditoría ha demostrado, ad nauseam, que nadie lleva control exhaustivo de nada.

6-      Evitar las compras online, ya que la persona está a solas frente a la pantalla, le da cierta sensación de anonimato, y llega a pensar que con aquella compra “no hace mal a nadie”. Esta última es fundamental. Pero el problema de los funcionarios de Salta no es la sensación de anonimato, sino de impunidad.