Para suministrarle el gas pimienta más barato a cada denunciante de violencia de género habría que aumentar el presupuesto destinado a tal fin un 165%. Su marido, en la cámara de diputados, no hizo ni el amague de aumentarlo.

 

Sin muchos detalles técnicos, pero con un alto contenido de humo, se instaló en la opinión pública el debate por la provisión de «kits de seguridad» para víctimas de violencia de género. El proyecto fue esbozado por la edil saenzista Romina Arroyo en el Concejo Deliberante capitalino.

Aunque no se especificó el contenido que tendría dicho «kit», el especialista Gabriel Yamín (propietario de una armería en Salta), aclaró que en dicha categoría podrían incluirse tres elementos: electrificadores, dosificadores de spray pimienta y las polémicas pistolas taser.

Además de no existir evidencia seria de la efectividad de dichos elementos para combatir la violencia de género, la adquisición de los mismos por el estado tiene más de fantasía que de realidad.

En efecto, un spray pimienta tiene un costo de mercado que oscila entre los $900 y los $1700. Un electrificador de uso personal (picana eléctrica), puede conseguirse entre los $2200 y los $6700, aunque su comercialización no está permitida en forma libre. Una taser, por último, tiene un costo de 860 dólares cada una, si se toma el valor de la licitación realizada por el gobierno porteño en 2017 con la empresa Axon. En este último caso, la ley exige de manera obligatoria una capacitación para su uso.

Las cifras contrastan fuertemente con las partidas destinadas a enfrentar la violencia de género previstas en el presupuesto 2021. Si se toman en cuenta los montos de todos los programas orientados a tal fin (Agencia de Mujeres, Género y Diversidad; Asistencia y Acompañamiento a víctimas de Delito; Programa de Atención a víctimas; Programa de Intervención con agresores; Programa de Capacitación obligatoria de Género; Protección y Promoción de DDHH), la cifra asciende a $11.316.000.

Los números no cierran por ningún lado. Según el último informe anual del Observatorio de Violencia contra la Mujer, hubieron 20.830 denuncias por violencia de género en los primeros 9 meses del 2020. Para suministrar a ese número de denunciantes el elemento más barato del «kit» (un spray pimienta de $900) serían necesarios $18.747.000, un 165% más de lo destinado en todo el 2021 a combatir la violencia de género. 

Los defensores del proyecto de Arroyo podrían argüir que, si se trata de salvar vidas, no hay que escatimar en recursos, y les asistiría la razón. Pero en los hechos, el oficialismo que la edil integra, no hizo nada para revertir las vergonzosas cifras destinadas a prevenir los femicidios en la provincia. Ni siquiera su marido, el actual secretario de la Gobernación y ex-diputado, Javier Diez Villa, quien se limitó a apoyar el presupuesto 2021 emanado del ejecutivo.

Ideas no muy frescas

Por disruptiva que parezca, la propuesta de Arroyo ni siquiera es novedosa. De hecho, existen antecedentes de experiencias similares en otros lugares del país. En Cañada de Gómez (Santa Fe), el concejal Franco Mazzoli regaló aerosoles con gas pimienta a las mujeres del recinto para que se defiendan ante un caso de violencia. En Rosario, los candidatos de Cambiemos Sergio Más Varela y Germán Mastrocola, repartieron en campaña rociadores de gas pimienta con un instructivo de uso y una serie de “consejos útiles de seguridad para la mujer rosarina». Finalmente, en 2019, el congreso de México debatió una iniciativa similar que fue rechazada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

 

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