Un Juez falló a favor de María Eugenia Wayar, presidenta del Centro cultural Aristene Papi, quien tenía una disputa legal con los jóvenes trabajadores que dictaban allí talleres culturales y a los que había expulsado del lugar.

 “Lamentablemente y una vez más, la justicia falló a favor de los poderosos y acomodados. La señora María Eugenia Wayar, hermana del ex gobernador de nuestra provincia, tuvo a la «ley» mágicamente de su lado”, dice una publicación en Facebook del grupo Colectivo Cultural Minga.

En el sitio publicaron, además, una larga carta abierta en la que enfatizan que en Salta la cultura se encuentra absolutamente desprotegida, y hoy, nuevamente humillada.

Sostienen que la intención de humillar la cultura se percibe en la sentencia judicial que dictó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación a cargo del Juez José Osvaldo Yañez.

“Osvaldo Yañez eligió no considerarla en absoluto susceptible de protección jurídica,como expresamente mandan a hacerlo tratados y convenciones internacionales de jerarquía constitucional y la propia Carta Magna. Incluso el art. 52 de la Constitución Provincial”, dice otra parte de la carta.

Cabe recordar que MINGA Colectivo Artístico Cultural interpuso hace seis meses una Acción de Amparo en contra de la Asociación Centro Cultural Aristene Papi y quien la preside María Eugenia Wayar. El conflicto surgió con motivo de la violenta expulsión de jóvenes trabajadores de la cultura que dictaban allí más de 20 talleres culturales e innumerables expresiones artísticas con profundo compromiso e impacto social.

 En octubre del año pasado, en horario de clase de la Escuela de Recreación Libre, que cabe aclarar, a la fecha contaba con más de 100 alumno/as y funcionaba en aquellos espacios, se presentó María Eugenia Wayar, luego de dos años de ausencia, acompañada por personal de la policía de la provincia carente de autorización para actuar, y de manera sorpresiva y arbitraria expulsó a los jóvenes talleristas sin motivo razonable e intimidándoles a que solo se comunicaran a través de abogados. Así se cerró para los Artistas y sus alumno/as el espacio de trabajo que implicaba un proceso de construcción cultural ya iniciado dos años atrás.

 “La causa judicial pasó por distintas etapas dentro de un proceso que debería haber sido expedito. Se habilitó la feria de Enero para intentar un proceso de mediación fracasado por incomparecencia de la demandada. Se llamó a 31 audiencias entre absoluciones de posiciones y testimoniales. Todo ello, y abundante prueba documental y audiovisual, corroboran el abuso de poder perpetrado hacia lo/as integrantes de este Colectivo Artístico y hacia la Cultura en sí misma. NO EXISTE EN ESTE JUICIO UNA SOLA PRUEBA CAPAZ DE ACREDITAR DEFENSA POSIBLE DE LA DEMANDADA, tampoco hay derechos en los que se pueda resguardar su accionar ilegítimo y sin embargo la resolución judicial, de modo arbitrario rechaza la acción de amparo desconociendo el daño ocasionado, aún vigente”, se añade en la carta.

El fallo no derrota a estos jóvenes, quienes ya anunciaron que seguirán dictando talleres en las calle, generando encuentros nacionales, regionales e inter-barriales, ensambles, ensayos, recreación, educación libre… Como asimismo, trabajando por una cultura libre, inclusiva y participativa.

 «Apelaremos esta sentencia esperando que en los próximos estrados se ponga como valor a la cultura frente a cualquier interés individual o corporativo capaz de menoscabarla. La Justicia debe hablar por la sociedad, y una justicia que denigra el arte de sus jóvenes no merece llamarse justicia”, finaliza la carta.

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