El juez federal Ariel Lijo se introduce en el segundo tramo del caso, por el que ya fueron condenados el ex vice presidente Amado Boudou y sus amigos. Investiga cómo se financió la operación y quién la protegió.
Lijo procesó al banquero Jorge Brito y al exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray por considerarlos partícipes de maniobras de corrupción vinculadas con las operaciones de Amado Boudou para quedarse con las acciones de la imprenta fabricante de papel moneda Ciccone Calcográfica.
Tanto Jorge Brito, como el exdirectivo del Banco Macro, Máximo Lanusse, y la extitular de la Casa de Moneda, Katya Daura, fueron procesados como partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 había condenado el 7 de agosto pasado a cinco años y diez meses de prisión al ex vicepresidente Boudou por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El exfuncionario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza, luego de que fracasaron todos los intentos de su defensa para que recuperara la libertad hasta que el fallo quede firme. Lo acompaña su socio y amigo José María Núñez Carmona, con una pena de cinco años y seis meses.
En la primera parte de la causa, donde también fue condenado el exjefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, quedó claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.
Según determinó la justicia, la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, propietario de The Old Fund. Se trataba de la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y con esta maniobra, “quedó en manos del entorno del ex vicepresidente”. El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril de 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.
La segunda parte de la investigación
Para terminar de comprender la maniobra, se inició el actual expediente que investigó la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la excalcográfica.
Para ello, el juez fijó tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de los fondos y el gerenciamiento de la firma y la contratación de la Ex Ciccone por parte del Estado.
La causa cobró velocidad tras el giro que se produjo hace un año con la declaración como “arrepentido” de quien fuera el ideólogo del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Vandenbroele.
Con el procesamiento de Brito y Echegaray, el magistrado dio por cierta entonces la confesión del arrepentido que un año atrás denunció que detrás de la maniobra de Ciccone estaba el banquero Brito, quien le pagó durante un año los honorarios de su abogado.
Según la declaración de Vandenbroele, Brito estaba detrás de la operatoria y fue el financista del negocio. La plata para levantar la quiebra de Ciccone llegó primero de manos de Raúl Moneta, en nombre de Brito, según le dijo a Vandenbroele José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou. En la etapa de la adquisición de la imprenta, Lijo se basó en un peritaje donde «no se logró demostrar que el fondeo de dinero que provenía de Raúl Moneta era en realidad de Jorge Brito. Sin embargo, se encuentra probada, al menos la intervención de Jorge Brito en la etapa de gerenciamiento de la firma a través de Pablo Lanusse y Francisco Sguera en lo que parecería ser más un aporte de tipo personal por la relación que mantenía con Amado Boudou que de carácter institucional», expresa la resolución.
La responsabilidad de Echegaray
Ricardo Echegaray, en tanto, fue procesado porque el juez entendió que fue funcional para que Boudou lograra levantar el pedido de quiebra que pesaba sobre Ciccone, a cambio de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa. La justicia lo responsabiliza por haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, en un lapso de dos días sin ningún tipo de justificación. Consideraron que, si bien por el cargo que detentaba, “tenía la facultad de otorgar su conformidad de manera condicionada o incondicional para ese acto; lo que no podía hacer Echegaray de manera legítima era variar sustancialmente el carácter de la conformidad prestada, en un lapso corto, si más motivación que una solicitud por parte de la empresa quebrada si ningún tipo de especificación”.
En este caso, lo procesó por abuso de autoridad quedando acusado de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la maniobra que condujo al ex vicepresidente a prisión.
El origen de la causa se remonta al año 2012, cuando Boudou ya llevaba un año como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Fue la ex mujer de Vandenbroele, la mendocina Laura Muñoz, quien comenzó a hablar públicamente sobre los vínculos de su ex con Boudou. En 2014, Lijo citó a indagatoria a Boudou, cuando todavía era vicepresidente, En tanto que el caso finalmente llegó a juicio oral y público este año. En agosto se conoció la condena, entre otros de Boudou, quien desde entonces está detenido en el penal de Ezeiza.
¿Quién es Jorge Brito?
Nació en Buenos Aires en 1952. Su ingreso en la actividad se produjo entre 1975 y 1976, cuando fundó junto a su cuñado Delfín Jorge Ezequiel Carballo la compañía financiera Hamburgo, después renombrada Anglia, con una inversión inicial de US$ 10.000. Según relata el libro Los patrones de la Argentina, escrito por Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele, el éxito no tardó en encontrarlos: en 1978 los socios ganaron su primer millón de dólares. Brito y Carballo no debutaron en el sector bancario hasta 1985, cuando compraron el Banco Macro, por entonces propiedad de los empresarios Mario Brodersohn, José Dagnino Pastore y Alieto Guadagni. Aquí comenzaron a lubricarse los contactos de Brito con la élite política: era íntimo amigo del operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, uno de los fundadores de la Coordinadora Radical, que hacía muchos negocios con el banco.
El Macro también financió en 1995 al Grupo Yoma, propiedad de la familia política del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Entre 1996 y 1998, cuando las provincias comenzaron a privatizar sus entidades financieras, adquirió bancos en Misiones, Salta y Jujuy. Durante la crisis de 2001/2002, extendió su presencia en el interior del país con la compra del Banco Bansud a Citigroup y sumó también al Scotiabank Quilmes.
En las elecciones presidenciales de 2003 se manifestó a favor de la fórmula que encarnaban Menem y el gobernador salteño Juan Carlos Romero, un viejo amigo. Tras la llegada de Néstor Kirchner al ejecutivo, mantuvo en principio una relación tensa, aunque más adelante tendió puentes de diálogo a través de la Asociación de Bancos de capital nacional (Adeba), que comandó entre 2003 y 2016. Desde allí, le ofreció US$ 167 millones para obras viales. En poco tiempo se convirtió en amigo del otrora ministro de Planificación, Julio De Vido, quien intermediaba en su relación con la Casa Rosada.
Durante la década kirchnerista, el Macro triplicó su cantidad de sucursales a través de la adquisición de más bancos en el interior. Además, concretó en ese período su debut bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde recaudó US$ 276 millones con su oferta pública de acciones.
Brito encontró otro interlocutor de confianza en la figura de Sergio Massa, quien acababa de asumir la jefatura de Gobierno luego de su paso por la Anses. A través del hombre de Tigre, conoció a un economista que había hecho su carrera en esa misma entidad: Amado Boudou, quien se convertiría eventualmente en el ministro de Economía de Cristina Fernández. La Anses se transformó más tarde en accionista minoritaria del Macro y lo convirtió en depositario de más de $ 1400 millones, alrededor del 20% de la suma que había heredado de las AFJP tras el final de su régimen.
Tras la muerte de Kirchner en 2010, Boudou acudió a Brito para lograr una de las últimas voluntades del expresidente: la compra de Ciccone Calcográfica, que adeudaba $ 200 millones a la AFIP. El funcionario puso a cargo de las negociaciones a dos amigos de la infancia, Miguel Ángel Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, quien figuraba como presidente de The Old Fund, la compañía creada para concretar la compra. El diario LA NACION reveló entonces que Brito prestó 567.000 pesos a Vandenbroele y 30.000 pesos a The Old Fund para facilitar esa operatoria.
La investigación judicial de Ciccone lo llevó a pedir licencia como presidente del Macro luego de que los trascendidos de la causa provocaran un derrumbe del 14% en el valor de sus acciones de la entidad. Cuestionado y con un futuro judicial incierto, pareciera que Brito empieza a sentir el frío que sobreviene a la extinción del favor político.
