Durante la última sesión del Concejo Deliberante gonzaleño los ediles aprobaron de manera unánime la ordenanza para declarar esta emergencia. Las razones sobran, sólo falta comprobar si es que se pone en marcha lo estipulado en el proyecto. (C.Q.)

En el transcurso de la semana tuvo lugar la sesión en la que se aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el propio presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, Juan Pablo Cuellar.

Entre las consideraciones que se realizan en el proyecto al que tuvo acceso Cuarto Poder, podemos leer que hay un desamparo visible al que están expuestas muchas mujeres tanto en el ámbito privado como público. Una muestra de ello es el “aumento de casos de violencia y femicidios acaecidos en los últimos tiempos”, reza el documento.

Los números en cuanto a la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres son alarmantes. No sólo en el municipio gonzaleño, sino en todo el sur provincial y el resto del territorio salteño. Botón de muestra pueden ser los aberrantes casos de violaciones en el seno familiar al que están expuestas muchas menores. Casos que saltaron a la luz y removieron el entramado social.

También la ordenanza rescata que deben ser prioridad para cualquier Estado “la generación de políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y la plena participación ciudadana de todos los miembros del colectivo social”, entendida esta como la equiparación de derechos de manera real y efectiva tanto de hombre como de mujeres.

Decena de artículos

Son diez los puntos dispuestos en la ordenanza que declara en todo el Municipio de Joaquín V. González la Emergencia Social en Violencia Contra las Mujeres. La misma tendrá un periodo de un (1) año de vigencia a partir de la fecha sancionada, es decir hasta mediados de marzo de 2020. De todas maneras el plazo es susceptible a ser prorrogado.

Algo que seguramente no se cumplirá a cabalidad, pero tiene un lugar dentro de los artículos de la ordenanza es la declaración como “política prioritaria la prevención y erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en todo el territorio del Municipio de Joaquín V. González”.

Entre los otros artículos podemos leer por ejemplo en el quinto que se exhorta a la creación del Área de la Mujer, tal como fuera estipulado en una ordenanza previa, aprobada el año pasado: la Nº 82/2018. Caso contrario podría considerarse un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Otro inciso del artículo antes mencionado estipula que se haga una promoción de “campañas de difusión masivas respecto al programa previsto en la Ordenanza (…) tanto en medios gráficos, radiales, instituciones educativas, de salud públicas y privadas, programa que será elaborado y consensuado con los equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia.

El artículo noveno estipula que esta ordenanza deberá hacerse efectiva “dentro de los 60 días de su sanción”.

Los antecedentes

Recordemos que esta ordenanza se enmarca en una serie de medidas tomadas por diversos cuerpos deliberantes a lo largo de la provincia de Salta tras la sanción de la Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”; La ley Provincial 7403 de “Protección de Víctimas de Violencia Familiar”; la Ley 7986 de  “Protección contra la violencia de género”; y la  Ley 7954 de “Creación de la Oficina de Violencia Familiar y de Género”.

Además el Concejo Deliberante de Joaquín V. González aprobó la Resolución Nº 11/2016, en que se realizaba la “Solicitud de Informe sobre Consejo de la Mujer”; y posteriormente la Ordenanza Nº 82/2018 que establecía la creación del “Área de la Mujer”. Esta última de pocos meses de existencia.

Otro de los datos citados en la actual ordenanza, establece que “en el ámbito provincial, Mediante Acordada 10.630 del año 2010, la Corte de Justicia de Salta creó, como plan piloto, la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) en el Distrito Judicial del Centro, tomando como antecedentes distintas iniciativas, entre ellas las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con el fin de garantizar a las víctimas de la violencia familiar un efectivo acceso al servicio de justicia.

Luego, en el año 2016, por iniciativa legislativa de la Corte, se sancionó y promulgó la Ley 7954 a través de la cual se crearon las Oficinas de Violencia Familiar y de Género (OVFG) en todos los distritos judiciales de la Provincia, en cuyo marco el 16 de enero de 2018 se inauguró la primera oficina del interior en el Distrito Judicial Tartagal.

(…) Desde entonces, la ex OVIF amplió sus funciones, para atender casos de violencia de género aún en otros ámbitos diferentes al doméstico o de las relaciones de pareja”.