El núcleo del acuerdo para que el grupo Sofía se haga cargo del San Isidro es que la planta sea reducida a la mitad. Los vínculos de la firma con el Gobierno y la voz de un exgerente de la planta industrial que desmienten la crisis que alegan los empresarios peruanos. (M.A.)
El miércoles volaron a Buenos Aires en el avión provincial Juan Urtubey acompañado por Fernando Yarade y Paula Bibini, dos funcionarios que estuvieron a cargo del tema. Los recibió en su despacho Jorge Triaca, acompañado por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y el jefe de asesores de la cartera laboral, Ernesto Leguizamón; el ministro nacional ofreció café, algunas masitas para acompañar, y tras las palabras de ocasión, informó detalles de las negociaciones que lleva adelante el organismo para que el Ingenio San Isidro regrese a la actividad productiva con nuevos inversores. Los funcionarios provinciales escucharon atentamente los lineamientos y hablaron sólo para referirse al posible grupo comprador.
La reunión fue presentada como un encuentro para “analizar la posibilidad” de reactivar la planta industrial. En privado, según se pudo conocer, concordaron en generar “atractivos adicionales para los inversores”. Esas y otras recomendaciones fueron expuestas con la mayor diplomacia posible por Yarade, quien apenas bajó del avión habló con la prensa para comentar los resultados del encuentro.
El jefe de Gabinete trató de envolver en un celofán de retórica el despido de la mitad de la planta al hablar de un “programa de reconversión laboral”. Dijo que el grupo Sofía se quedaría con el ingenio pero que sólo emplearía a la mitad de los trabajadores. Y señaló que los despedidos pasarían a cumplir tareas en la municipalidad de Campo Santo con un subsidio aportado por Nación.
Yarade trató de envolver en un celofán de retórica el despido de la mitad de la planta al hablar de un “programa de reconversión laboral”. Dijo que el grupo Sofía se quedaría con el ingenio pero que sólo emplearía a la mitad de los trabajadores.
Los que ingresarían
Con la denominación Productos Alimenticios Sofía Sociedad Anónima, el grupo de capitales bolivianos que en el vecino país es uno de los principales en el comercio de carne de pollo y cerdo, se radicó en Salta en el año 2007. Desde su desembarco fue profusamente alimentada con fondos públicos. Mediante créditos fiscales, la firma presidida por Ricardo Anglarill Serrate creció notablemente haciéndose fuerte en productos como embutidos, fiambres, pollo relleno, nuggets y hamburguesas, entre otros. Sólo en 2017 recibió un millón de dólares. En el ámbito empresarial salteño son muy conocidos y su vínculo con el Gobierno viene por medio de José Urtubey. El hermano del gobernador y allegados a él fueron influencias preponderantes para que Sofía instale su planta de producción en el Parque Industrial de General Güemes, sus oficinas comerciales en el Parque Industrial de Salta, y para que reciba fondos de las arcas estatales.
Cuando se conoció que los inversores serían ellos, rápidamente comenzaron las sospechas. Mariano Cuenca, secretario general del gremio de trabajadores zafreros del San Isidro, al referirse al tema dijo dos cosas importantes pero tal vez no haya tenido en cuenta la repercusión pública de una de sus apreciaciones. El sindicalista argumentó que Yarade actuaba como interlocutor de Sofía, algo que analistas de todos los colores ya venían diciendo, pero también advirtió que la forma en que anunciaron las novedades daba a entender que “el Gobierno formará parte de los eventuales nuevos dueños”.
¿Crisis?
El Grupo Gloria, propietario del Ingenio radicado en Campo Santo, en enero comunicó la decisión de acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas (PPC), recurso planteado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esto le permitió, entre otras cosas, no pagar el monto total de indemnizaciones y recalcar que era imposible que se queden en la provincia puesto que no era rentable el negocio. Sin embargo, está versión fue desmentida no sólo por los propios trabajadores sino por ex gerentes del Ingenio.
Carlos Matrichuk, exgerente del Ingenio, en dialogo con Cuarto Poder, aseguró que es falso que el San Isidro no sea rentable. “Hay balances y datos objetivos. Lo que no se entienden son los balances que presentaron ellos en las reuniones para decretar el proceso preventivo de crisis”, dijo.
Además comentó que el ingenio San Isidro con aproximadamente 700 trabajadores producía entre 60 y 65 mil toneladas anuales, de las cuales 47 o 48 eran orgánicos para exportación. “Con ese número de trabajadores en su momento era rentable la empresa. Después el Grupo Gloria empezó a bajar la productividad, no permitían una molienda para la capacidad total del ingenio, las maquinas cosechadoras integrales las tenían paradas, tampoco las hacían producir al máximo. Redujeron la capacidad productiva y contrataron empresas tercerizadas. Eso fue en 2016. El Ingenio cuando empezó a moler el primer año molía 1500 toneladas por día, y de ahí tuvo la capacidad de empezar a moler de manera orgánica y alcanzó las 3500 toneladas. Eso estuvo estabilizado un tiempo bastante largo. Después hicieron algunas inversiones, fundamentalmente en los últimos tiempos que llegó a la capacidad de 5500. Después vino la orden de bajar la producción a 3500 toneladas por día”, contó.
Sobre la posibilidad de que el ingenio produzca con la mitad de sus trabajadores, señaló: “Lo que Yarade dice como una reconversión productiva, no se sabe sinceramente qué es lo que quieren. No se entiende si van a seguir trabajando con caña de azúcar u otro producto. No hay que olvidarse que también se puede producir alcohol o biocombustible. En la fábrica vos necesitás personal especializado, salvo que se haga una automatización muy grande, rápida de todo el proceso de fabricación, que eso no lo vas a hacer ni en uno, dos ni seis meses. A la gente, la necesitás, sino quien maneja las máquinas. Es un proceso bastante delicado. No se puede comparar San Isidro con Ledesma o Tabacal, que son plantas que producen mucho más, que tienen un grado de tecnología que San Isidro todavía no llegó. Fundamentalmente porque el azúcar orgánico tiene mucho de manejo manual. Ponele que bajen de 300 a 250 personas, en ese caso habría que hacer un análisis de qué es lo que se supone que quieren hacer. No sé quién los está asesorando a ellos como para decir que pueden bajar esa cantidad de gente. Necesitás la gente en el campo propio, incluso. Eso si bien hay una parte automatizada, otra parte, al ser un azúcar orgánico no podés usar pesticidas, ni nada artificial, es todo natural. Eso involucra mano de obra. Y no hablamos de los cañeros”.
Modelo de exclusión
Como quedó dicho de llegar a un acuerdo entre Gloria y Sofía, quedarían afuera entre 300 y 400 obreros, los cuales pasarían a trabajar en la municipalidad de Campo Santo realizando adoquinado, cordón cuneta y desmalezamiento, naturalmente con un salario muy inferior al que percibirían siendo industriales.
Las promesas del Gobierno hacia los trabajadores fueron en retroceso a medida que el valor del dólar iba subiendo como si existiera una relación causa-efecto. Ahora prometen calmar la incertidumbre de quienes serían dejados de lado con puestos provisorios en el Estado.
Todos advierten que este desenlace del conflicto, es decir la implementación del plan de “reconversión” de trabajo productivo a empleo estatal, claramente, sería demoledor para la estructura económica de la zona, no sólo porque los municipales tendrían sólo dinero para gastos elementales sino porque los que orbitan alrededor del ingenio al disminuir su productividad, en efecto, verían disminuir sus futuros ingresos.
