El impacto de los casos de abuso sexual, los escándalos por lavado de dinero y la influencia política despiertan el interés por la Iglesia Católica. En Salta, una jueza negó allanar esta institución poniendo la intimidad de los que residen en el Arzobispado por encima de sus deberes de colaboración con la Justicia. (A.R.)
Nadie puede negar la influencia política y social que ha tenido la Iglesia Católica en la historia argentina, y si no, vale recordar, que nos regimos por un calendario gregoriano (establecido por un Papa), y que nuestro sistema jurídico comienza invocando al dios católico, y estableciendo su sostenimiento económico.
Antes que nada, hay que tener claro que la Iglesia es una persona jurídica pública, es decir que su existencia está asumida, y no necesita autorización del Estado para funcionar: no tiene que hacer aprobar estatutos, no tiene que rendir balances, y solo se rige por el derecho canónico.
Para entender mejor: desde 1966, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, firmó un tratado con el Vaticano, por el cual se le reconoce a la misma la plena jurisdicción espiritual y de sus instituciones. Esto implica que el Papa puede nombrar los obispos y crear diócesis en nuestro país, sin intervención del Estado, pero además, que la Iglesia tiene competencia para investigar y sancionar el abuso sexual infantil.
Un caso salteño
Las denuncias por pedofilia contra el exsacerdote Julio Lamas, no para de sumar escándalos para la Iglesia local. Se investigan crímenes de larga data, y la impunidad comienza a explicarse por una compleja cadena de encubrimientos en el seno de la Iglesia.
El caso llegó a la justicia salteña en 1991, pero casi 28 años después, recién se investiga. Están involucrados monjas, sacerdotes, y hasta un exarzobispo de Salta; sin embargo, el foco de atención se lo lleva la máxima autoridad actual, Mario Antonio Cargnello.
El meollo de la cuestión es complejo, pero a modo de síntesis se puede afirmar que Cargnello se niega a colaborar con la justicia: ante el pedido de un fiscal, se negó a remitir los expedientes canónicos de Lamas, amparándose en el secreto pontificio, y en la jurisdicción internacional del caso, involucrando directamente al Vaticano. El modo de actuar de Cargnello coincide con el comportamiento de la mayoría de los arzobispos en estos casos. Pero en esta oportunidad está quedando en evidencia notablemente.
En Chile, ante la negativa a remitir expedientes a la justicia, un juez autorizó los allanamientos a sedes de arzobispados, obispados, y hasta de la conferencia episcopal. Es decir, que las consecuencias fueron muchos peores, y terminaron con el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, acusado de encubrimiento, y el cura a cargo de los archivos, Óscar Muñoz Toledo, preso.
En Salta, en cambio, la justicia es tan clerical, que ante el pedido de allanamiento al Arzobispado, una jueza negó la medida, otorgándole a la Iglesia una inmunidad divina, y poniendo la intimidad de los que residen en el Arzobispado por encima de los deberes de colaborar con la justicia y de buscar la verdad.
Expertos políticos
Desde hace siglos la Iglesia tiene injerencia en la vida pública como rectora moral. En el interior de ella hay discusiones tan interesantes que a lo mejor explican el éxito de esta institución a la que si algo se le puede reconocer es la capacidad para detectar sensibilidades sociales que entroncan con sus preceptos.
En Europa tiene en su haber la organización de un sistema de persecución penal más perfecta de la historia, que condenó con la horca y la quema a miles de mujeres acusadas de brujería, y cuyos fundamentos pueden encontrarse en el libro “Malleus maleficarum”, o martillo de las brujas, de los dominicos Kramer y Sprengler.
En América la introducción de la nueva religión tuvo unas primeras etapas de extraordinaria crueldad y codicia, conducidas por las coronas europeas, y las órdenes de franciscanos, dominicos y agustinos, suavizadas más tarde recién por la intervención del Papa, y los jesuitas.
Pero en materia política también la Iglesia tiene sus internas, pocos deben saber que el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II con la orden de discutir temas tan importantes y delicados como el gobierno de la Iglesia (actualmente monárquico), el celibato clerical y los anticonceptivos. Sin embargo, tras su muerte, el nuevo regente, Pablo VI, vedó estos temas a la asamblea, reservándoselos a su exclusiva sabiduría divina.
Demás está decir que el actual sistema monárquico, y liderado por Papas ultraconservadores, enfrenta a la Iglesia con las tendencias en derechos humanos más progresistas de la actualidad.
No es controlada por nadie
En Salta, la cantidad de inmuebles donados a la Iglesia -y que no pagan impuestos- es escandaloso. Aunque podríamos decir que en comparación con otros escándalos es insignificante, a modo de ejemplo cabe recordar la causa por lavado de dinero contra el IOR (Instituto para las Obras Religiosas, más conocido como “Banco del Vaticano”).
En enero de 2013, el Banco Central de Italia le suspendió el SWIFT (clearing bancario) al Banco del Vaticano, bloqueándole así los pagos electrónicos, incluidas las tarjetas de crédito, por considerar que este banco no ejercía suficiente control sobre las transacciones financieras. Tal hecho provocó que en febrero renunciara Benedicto XVI, y que en Marzo se eligiera a nuestro compatriota como Francisco I.
Si hay que hacer un balance del actual Papa, podríamos decir que no le está yendo para nada bien: solamente en el último año la conferencia episcopal de Chile (34 obispos) renunció en su totalidad tras los escándalos sexuales en ese país; el arzobispo Viganò, (en EEUU), denunció que Francisco conocía las acusaciones contra el cardenal Theodore McCarrick, sobre abuso sexual; y, en nuestro país, los obispos aceptan renunciar a algunos privilegios económicos para no profundizar la crisis de la que parece estar lejos de salir.
