Fue la defensora de Belén presa en Tucumán por realizarse un aborto. Ahora fue denunciada penalmente en el Poder Judicial de la Nación por un docente de la Facultad Derecho que está siendo objeto de investigación sumaria por acoso sexual.
Desde varias organizaciones a nivel nacional manifestaron su repudio al proceso de hostigamiento y persecución a Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Catolicas por el derecho a decidir en la provincia de Tucumán. Tras haber iniciado – siguiendo los protocolos de actuación previstos por la Universidad Nacional de Tucumán para casos de violencia de género – un sumario administrativo hacia un docente por una causa de abuso sexual contra alumnas de esa institución, la Dra. Deza se enfrenta a una denuncia de carácter penal iniciada con el sólo objeto de hostigar y amedrentar a quienes defienden derechos y bregan por la erradicación de las violencias en estos ámbitos, señalaron.
“A esta causa se suman otras estrategias y formas de persecución sufridas por defensoras de derechos humanos en Argentina, llevadas adelante por sectores conservadores que – bajo artimañas jurídicas y mentiras – atentan contra el ejercicio pleno de derechos”, describieron.
Comunicado de la Alianza Nacional de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres
Desde la Alianza Nacional Abogadxs por los DDHH de las mujeres compuesta por más de 280 abogadas y abogados, manifestamos nuestra enérgica preocupación por la intimidación que atraviesa la Abogada Soledad Deza en Tucumán, luego de haber sido denunciada penalmente en el Poder Judicial de la Nación por un docente de la Facultad Derecho que está siendo objeto de investigación sumaria por acoso sexual.
La erradicación de la violencia de todos los espacios de relaciones interpersonales de las mujeres demanda de todas las Instituciones del Estado -La Universidad no es ajena- un compromiso inclaudicable con las víctimas, pero también con quienes acompañan, defienden y/o intervienen técnicamente en los procesos internos diseñados para investigar todo tipo de comportamientos misóginos.El uso de la figura penal de “prevaricato” en contra de quien elaboró dictámenes técnicos propios del proceso protocolizado por la Universidad Nacional de Tucumán para la tramitación de las investigaciones sobre acosos sexuales y discriminación de género, debe ser interpretado como un abierto acto de intimidación de un profesor que estando ya investigado sumariamente por violencia contra las Mujeres, se refirió públicamente -en el diario de mayor circulación de Tucumán- a las alumnas denunciantes como “prostitutas”.
La CIDH observó con preocupación que persiste la impunidad respecto de las amenazas, los ataques y los actos de intimidación contra los defensores de los derechos humanos y que ello repercute negativamente en su labor y su seguridad (A/RES/56/163 del 20 de febrero de 2002). Y el Plan de Acción acordado en la Cumbre de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizada en Paris en 2018, entre tantos compromisos que señala en las Instituciones, indica la necesidad de “poner fin a todas las amenazas, los actos de hostigamiento e intimidación, la vigilancia, las agresiones físicas y la criminalización ejercidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
Por lo expuesto, desde este colectivo manifestamos la gravedad de que se utilice el sistema de justicia para distraer, amedrentar y frenar el trabajo en la protección de los derechos humanos de las mujeres que viene desarrollando la Dra. Deza en el área universitaria, y solicitamos medidas efectivas para garantizar el respeto de las obligaciones convencionales en la materia con las que nuestro Estado se ha obligado y que, con estas acciones se intenta obstaculizar.
ALIANZA NACIONAL DE ABOGADXS POR LOS DDHH DE LAS MUJERES
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