Soledad Deza, abogada de Belén, la joven tucumana presa por un aborto espontáneo, en una entrevista a Cuarto Poder, señaló cómo este caso puso al descubierto la tríada de poder sanitario-policíaco-judicial, que continúa disciplinado las vidas de las mujeres. (Andrea Sztychmasjter)
#LibertadParaBelen se convirtió en uno de los pedidos masivos en la segunda marcha por Ni Una Menos. Belén, nombre ficticio de una mujer que se encuentra detenida desde el 21 de marzo de 2014 en la Unidad Penitenciaria N°4 de Tucumán, llegó al hospital tucumano Avellaneda con dolores abdominales y sufrió un aborto espontáneo.
La sentencia condenándola a 8 años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, fue dictada el 19 de abril de este año por los jueces de la Sala III, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas. Como fiscal de Cámara actuó Carlos Sale y una defensora oficial se hizo cargo de su representación legal tres días antes del juicio cuando renunció su abogado.
Actualmente Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, es su abogada defensora. En una entrevista a Cuarto Poder explicó en qué estado se encuentra actualmente la causa y por qué el caso salió a la luz dos años después de su detención.
“La asimetría de la relación médico-paciente se profundiza con la intervención policial y judicial generando además un estado de indefensión para la mujer que por un lado, la culpabiliza, y por otro, la aísla. Forma un ‘encofrado’ donde el Poder Judicial se mueve a sus anchas y en silencio, pero criminalizando desde un lugar de poder y abusándose de ese lugar de poder. Por ejemplo, la investigación es producto de la violación del secreto médico y como tal, es nula. Eso ha sido pasado por alto por el Poder Judicial”, explica.
La letrada se refiere así al funcionamiento aceitado de esta tríada de poder que queda en evidencia también con otro dato llamativo, y es que el hospital tucumano a donde acudió Belén posee un destacamento policial permanente. “Eso hace suponer que están para cuidar los bienes, a las personas. Sin embargo, cuando se ve que actúan de forma conjunta con efectores inescrupulosos y arman una causa uno debe detenerse a pensar, debe sentirse interpelado ¿Qué hace la policía dentro de un hospital?”.
Para la abogada esta condena marca un negativo precedente y deja un fuerte mensaje para las mujeres argentinas: “El caso de Belén puso al descubierto que existen una tríada de poder: salud, policía y judicial, con poder exorbitante para disciplinar. Creo que la condena de Belén es ‘ejemplificadora’ para todas las mujeres y lo que busca finalmente, es emitir un mensaje claro: ‘no es tu cuerpo y tampoco tu decisión’”.
“Por ser mujer y humilde”
La abogada informó que Belén continúa detenida preventivamente aunque su sentencia está firme. “Pero estamos accediendo a la instancia de apelación en la cual la Corte de la Provincia revisará su condena. El viernes pasado nos concedieron el Recurso de Casación”.
Hace unos días ante la pregunta de por qué se encontraba presa, Belén desde la cárcel respondía: “Por ser mujer y humilde, por no tener plata para pagar una clínica privada, por no haber abierto la boca y no responderle a la doctora, porque no me asesoraron ni me escucharon, y por haber tenido un aborto espontáneo”.
“Belén pertenece a un sector popular, con una ciudadanía debilitada, que no conoce sus derechos y, por lo mismo, muchas veces no sabe qué exigir, no sabe qué derechos tiene. Han confluido muchos factores y nosotras estamos igualmente alarmadas porque pensamos que habrá otras Belén”, señaló Soledad.
Por eso la defensora explica como la “doble moral” difundida hasta el hartazgo y legitimada por diferentes instituciones juega un papel importante también en este caso en donde se ve involucrada una mujer perteneciente a los sectores populares: “Solo entendiendo por ‘doble moral’ una cosmovisión conservadora que privilegia el status quo y se opone a la ampliación de derechos, considero que se interpone cada vez que se dictan condenas como la de Belén, cuando se oponen ‘barreras’ para que las mujeres puedan tener soberanía sobre sus procesos reproductivos, cuando se escruta a la mujer en vez de a su victimario en casos de violencia sexual o doméstica”.
La abogada mencionó por qué vemos que esta moral se acentúa con más fuerza en provincias del norte argentino: “En general, provincias como Salta y Tucumán con fuertes tradiciones arraigadas, componen sociedades poco dispuestas a los debates que necesitan los derechos de las mujeres y poco sensibles a problemáticas que históricamente han sido consideradas como ‘privadas’”, reflejó y enfatizó en la cuestión política de la violencia: “no es un problema privado de la víctima”.
“Lo mismo ocurre con los derechos sexuales y reproductivos”, mencionó, “son enclaves resistidos que por la falta de políticas públicas generan grandes asimetrías para las mujeres de sectores populares, el resto, las que tienen recursos simbólicos y materiales, no tienen problemas para ese auto-gobierno aunque declamen castidad o sexualidad solo para procreación.”
Decidir no es delito
Ante la pregunta de cuál es su visión respecto a por qué sigue sin tratarse el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Deza se refirió a los actores estratégicos que se convocan cuando hablamos de poner en debate el mandato de maternidad obligatoria.
“El auto-disciplinamiento con sectores de la Iglesia Católica muestra que el laicismo es débil y nuestros gobernantes bastante oportunistas con el tema. La objeción de conciencia desmedida en efectores de salud, que a veces logra vaciar de contenido algunas políticas públicas, es parte de ese poder desmedido del maridaje Estado e Iglesia. Discutir la legalización del aborto es una deuda de la democracia con las mujeres de nuestro país”, señaló.
Esta intromisión de la iglesia católica se hace visible en Salta claramente a través de la educación religiosa en las escuelas. Soledad opinó que “Ojalá la Corte resuelva la inconstitucionalidad y se respete finalmente la libertad de cultos, que comprende la de profesar cualquier culto o no profesar ninguno. A veces nos olvidamos de esto último.”
Recordemos que Salta cuenta con uno de los protocolos más restrictivos en cuanto a abortos no punibles, contradiciendo incluso el fallo de la Corte Suprema que ya ha interpretado la aplicación del artículo 86 del Código Penal. Soledad Deza opinó que “ese Protocolo no es válido”, y agregó que “Los estándares de buenas prácticas clínicas para atención de aborto fueron fijados por el Ministerio de Salud de la Nación en el Protocolo ILE, que además, está acorde al fallo F.A.L. Ese es el estándar que se le debe exigir a los efectores cada vez que enfrentan un pedido de interrupción legal de embarazo.”
Además señaló por qué Salta se encuentra fuera de la ley: “Es un país federal compuesto por provincias, Salta no un feudo. Debe estar a tono con la rectoría de salud que indica el Ministerio de Salud de la Nación”.
Y recordó que la situación en la vecina provincia tucumana no es mejor que en la nuestra: “Somos la única provincia de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673. Esto es serio, porque las acciones programáticas en la materia dependen del voluntarismo político de turno. Muy lamentable, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano y como tal, el Estado debe asegurarlo en los tres subsectores: público, privado y de obras sociales. Esta falta de respaldo legislativo, como siempre, incide en la población con escases de recursos. El resto, accede a la salud paga, otro cantar.”
Por último y en relación al papel que cumplen los medios de comunicación en el tratamiento que realizan sobre temas como el aborto y en particular sobre el caso de Belén, Soledad consideró que la tarea de los medios “es central”.
“Veo que hay medios respetuosos que de verdad quieren tratar de entender qué paso y son capaces de deshilvanar un poco lo que hay detrás de este caso, para mostrar que las mujeres somos más que eventos obstétricos y causas judiciales. Y veo otros muy inescrupulosos, que están agazapados siendo funcionales al poder patriarcal. Estos últimos son los que intentaron difundir el nombre verdadero, vincularon el caso con Romina Tejerina o bien, se niegan a visibilizar el reclamo social que acompaña en Tucumán a Belén.”
Foto: www.notas.org.ar
