Luego de conocerse las ocho condenas por el juicio de la Megacausa, la ex rectora de la U.N.Sa. explicita emociones encontradas: la satisfacción por la conclusión de un juicio que busca frenar la impunidad, y la impotencia de que la Universidad no alegara ni pidiera castigo para los que asesinaron a estudiantes de esa casa de estudios. (Stella Pérez de Bianchi)
Muchos recordarán que el actual rector, Contador Víctor Claros, en oportunidad de la campaña por su reelección aseguró que la Universidad Nacional de Salta continuaba comprometida con el juicio por los delitos de lesa humanidad en contra de miembros de su comunidad.
Pero, tarde o temprano, las mentiras se descubren…
Un poco de historia…
En diciembre del año 2007 el Consejo Superior de la U.N.Sa resolvió, por Resolución. CS Nº 535/07 constituir a la Universidad como querellante en los hechos que constaban en el Expte. Judicial Nº 286/04, caratulado: Ovalle, Juan Manuel; Guil, Joaquín y Murua, Abel/infrac. Art. 141, 144 bis, 142 y 144. Víctima: Silvia Aramayo y otros.
También dispuso adherir a las pruebas producidas en la causa citada precedentemente, referida al relevamiento de los lugares en que se mantuvo privadas de su libertad a las víctimas y, en los que probablemente hayan permanecido en igual situación otras personas secuestradas, sometidas a torturas y objeto de desapariciones forzadas.
Dicha solicitud había sido presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la U.N.Sa y en esa oportunidad, el Consejo Superior manifestó: “Que la Universidad Nacional de Salta se expresó en reiteradas oportunidades a través de diversas resoluciones del Consejo Superior, herramientas estas que reflejan claramente el sentir de una comunidad educativa que no se abstrae de la historia ni de la realidad de la Argentina y reconoce correctamente su rol en la sociedad que no es otro que el involucrarse permanentemente con el medio en el que actúa”.
Además de la U.N.Sa, fueron querellantes la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta, Brunilda Rojas, Mariana Gamboa, Cristina del Valle Cobos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en contra de Mulhall, Carlos Alberto; Mendiaz, Virtor Modesto; Guil, Joaquín; Murúa, Abel Vicente; Ovalle, Juan Manuel; Vujovich Villa, Ubaldo Tomislav; De la Vega, Ricardo Benjamín Isidro; Chain, Fernando Antonio; Gatto, Marcelo Diego y Cornejo Aleman, Joaquín, por los delitos de homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de funciones en perjuicio de SILVIA BENJAMINA ARAMAYO, MARTIN MIGUEL COBOS, VICTOR MARIO BRIZZI, CARLOS ESTANISLAO FIGUEROA ROJAS, HECTOR DOMINGO GAMBOA y GEMMA ANA MARIA FERNANDEZ ARCIERI DE GAMBOA, según consta en el Expte. Nº 3700/11 T.O. Pasaron varios años durante los cuales se realizaron los largos trámites judiciales antes de la elevación a juicio.
Cuando la U.N.Sa “se borró”
En el año 2011, momento en que se debían presentar las pruebas de cargo y mérito para la elevación a juicio, plazo que venció el 8 de marzo de ese año, la U.N.Sa no presentó nada, razón por la cual no podría alegar por sus docentes, alumnos y personal de apoyo desaparecido o muerto durante la dictadura.
Sí lo hicieron el resto de las entidades y personas que habían querellado en su oportunidad.
Así, aquella ilusión de ser una de las primeras Universidades Públicas del país en querellar ante la Justicia por el esclarecimiento de la desaparición o asesinato de miembros de su comunidad se vio frustrada.
La hora de la verdad o el descubrimiento de las mentiras
Finalmente, para descubrir las mentiras de la actual gestión (quienes durante la campaña de reelección del rector en 2013 manifestaron que todo estaba normal en la causa y que la U.N.Sa no había perdido ninguna oportunidad para ejercer la defensa de los miembros de su comunidad desaparecidos o muertos durante la dictadura) la fecha del alegato llegó.
El lunes 18 de noviembre del corriente, finalizaron los alegatos de los querellantes y cuando le tocó el turno a la abogada apoderada de la Universidad, dijo: “Alegaré en representación de la Sra. Brunilda Rojas” y “como apoderada de la U.N.Sa describiré el contexto histórico jurídico”.
Es decir, no alegó en nombre de la U.N.Sa por sus desaparecidos, sí lo hizo por Silvia Benjamina Aramayo, docente de Humanidades, pero en representación de su madre, Brunilda Rojas, pero no en representación de la Universidad.
Y describió el contexto histórico pues era lo único que le estaba permitido.
Así, las políticas de Derechos Humanos de la actual gestión surgen claras y contundentes: NO SE PÌDIÓ CONDENA PARA LOS ASESINOS Y TORTURADORES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, VÍCTIMAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA.
La U.N.Sa no honró aquella decisión de su Consejo Superior, no pidió justicia para el entonces conscripto y trabajador del Departamento de Ciencias Exactas, Víctor Mario Brizzi, desaparecido el 9 de marzo de 1976. Justicia para aquellos que en los negros días del 24 y 25 de setiembre de 1976 fueron secuestrados, desaparecidos o asesinados: Para Silvia Benjamina Aramayo, estudiante de Historia, auxiliar alumna y militante, secuestrada y desaparecida con sus apenas 25 años.
Para Martín Miguel Cobos, asesinado por la policía. Para Carlos Estanislao Figueroa Rojas, estudiante de Ciencias Económicas, militante, desaparecido. Para Gemma Ana María Fernández Arcieri (antropóloga) y su esposo Héctor Domingo Gamboa, secuestrados; (restos de Gemma fueron identificados habiendo sido dinamitada en El Gallinato).
En memoria de ellos y con la impotencia de que su Universidad Pública no haya formulado prueba de cargo ni mérito de la elevación a Juicio, porque su Universidad Pública no alegó ni pidió justicia ni castigo a los culpables de las desapariciones y asesinatos, decimos PRESENTES! – Ahora y siempre.
