Familiares de víctimas de femicidios del NOA apuntaron contra las fuerzas policiales y fiscalías en la no prevención de los femicidios. Las políticas del Estado siguen siendo ineficaces para evitar las muertes machistas. 13 femicidios en Salta. (Andrea Sztychmasjter)

Solo basta pensar en la ayuda que una mujer pide a los diferentes organismos del Estado y que no es escuchada. Solo basta pensar en que esa misma mujer luego termina muerta. Las “políticas de género” y políticas de lucha contra la violencia machista en nuestro país siguen siendo ineficaces, toda vez que un femicidio pudo haberse evitado.

Mientras se sigan engrosando Ministerios, fuerzas policiales, secretarías, fiscalías especializadas, observatorios y sigamos sin embargo contando femicidios, toda política pública será letra muerta.

Aunque en nuestro país hay sobradas muestras que las fuerzas policiales no pueden afrontar ni prevenir la violencia machista; básicamente por su estructura histórica de base patriarcal que no se soluciona con simples capacitaciones, el Gobierno Nacional anunció la creación de un “Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE)» destinado a homogeneizar la actuación de las fuerzas de seguridad. La Resolución 408/2020 del Ministerio de Seguridad detalló que reunirá en un solo sistema toda la información relevante de las denuncias recibidas en las dependencias policiales en materia de violencia de género para poder articular tareas de prevención. Es decir que se sigue dando más potestades a una fuerza que demostró ser ineficaz en ayudar a las mujeres. ¿ASÍ PRETENDEN EVITAR LOS FEMICIDIOS? ¿ASÍ PRETENDEN CUIDARNOS?

El Estado tiene nombres y apellidos

En el marco de las actividades preparatorias del 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, familiares de víctimas de femicidios de provincias del NOA realizaron una charla titulada «Los Femicidios y la responsabilidad del Estado. Cómo nos organizamos». La misma fue propulsada por el Plenario de Trabajadoras – Tendencia del Partido Obrero (Tucumán). Participaron Mónica Cunchila, mamá de Iara Rueda (Jujuy), Ana Martínez, tía de Priscila Martínez (Santiago), Nilda Zerpa, prima de Paola Tacacho (Salta), Alejandra del Castillo, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras. También estuvo presente en la reunión remota el papá de Paulina Lebbos.

Nilda Zerpa comentó a este medio que en la charla pudieron evidenciar una vez más la complicidad y omisión de las fuerzas policiales como responsables directos de las muertes de mujeres en manos de femicidas. “Cuando se burlaban de la mamá de Iara que se había ido con un ‘noviecito’. Cuando no activaron el código rojo después de horas desaparecida, cuando no rastrearon el celular para iniciar un rastrillaje. En el caso de Paola que realizó 14 denuncias y visitó todas las oficinas que tenía que visitar; secretarías, subsecretarías, oficina de la mujer, oficina de violencia familiar que eran los distintos lugares donde la mandaban desde la fiscalía. Y ahora esas mismas oficinas dicen que no correspondía porque no tenían competencia para eso porque sus funciones eran en el caso de la oficina de la mujer  capacitar y no hacer atención al público y en el caso de la oficina de violencia familiar atender casos en los que haya lazos consanguíneos y Paola no tenía porque era su exalumno”.

Nilda describió que luego del femicidio de Paola se empezó a hablar de un proyecto en su nombre que busque sancionar el acoso, sin embargo las familiares sostuvieron que ya existen herramientas legales que no se han activado a pesar de las denuncias previas de sus primas, hermanas, madres, tías. “En el caso de Iara y Priscila la madre y tía hacían las denuncias, ofrecían pruebas para que realicen los allanamientos y la policía no lo hacía. La policía les respondía de muy mala manera diciendo ‘seguro que se fue con un macho’ y en el caso de Paola cuando fuimos a hacer las denuncias la policía se nos reía”, sostuvo Nilda.

Agregó que todos los femicidios hubieran sido evitados si en la primera alerta se hubiera activado la protección para las víctimas.

Policías y abuso de poder

Esta semana el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que en el período comprendido entre julio y noviembre la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, se registraron 409 denuncias por abusos policiales. Las cifras dan cuenta que lejos de ser una fuerza capaz de combatir las violencias y dar protección a las personas, estamos ante una institución que abusa del poder y para sostenerlo recurre a la violencia.

Entre 2009 y 2015, al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego. En la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar. El propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas “destreza” por sobre otra forma de resolución de conflictos, ponen a la Policía dentro de un sistema patriarcal que lejos de ser abstracto se materializa en casos concretos.

Bajo estos criterios es que como forma de contrarrestar la violencia el año pasado por primera vez en la historia una mujer asumió como Jefa de Policía en Salta y el fenómeno se replicó en otras provincias con Emilce Chimenti y Liliana Zárate como jefas de las policías de Santa Fe y Córdoba, respectivamente. Sin embargo el hecho que mujeres ocupen cargos jerárquicos no garantiza que esas mujeres no sean reproductoras de la violencia machista de la propia institución. Norma Morales fue denunciada por maltrato por otras trabajadoras y al asumir dijo desconocer los casos de violencia y femicidios perpetuados por efectivos policiales. Ahora aseguró que busca crear una “Policía de la mujer” para combatir la violencia.

En Argentina 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego que además son utilizadas para amenazar y violentar a mujeres, una realidad que organizaciones sociales investigaron y así sumaron aportes a las políticas públicas de desarme para la prevención de la violencia de género. De las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos el año pasado, al menos 16 eran de tenencia legal ya que 12 eran de integrantes de fuerzas de seguridad y 4 pertenecían a sujetos activos con autorización legal.

Ni una menos

De acuerdo al último reporte de femicidios en el país se registraron 275 femicidios, es decir 1 cada 32 horas y de los cuales 197 fueron durante la pandemia. A ello se le debe agregar que hubo 226 intentos de femicidios. En lo que respecta a la tasa de incidencia, hasta el 31 de octubre la de Salta era del 1,3% en cada 100 mil habitantes. 13 femicidios en Salta en lo que va del año. Es necesario y urgente un cambio profundo en las políticas públicas de prevención que siguen poniendo a la Policía como organismo estatal para ayudar a las mujeres. Seguir dándole potestad a una fuerza machista es acentuar la violencia.

 

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