Dos informes de auditoría evaluaron el uso de dinero transferido por Nación a escuelas de la provincia y determinó que casi el 80% se destina a programas que contienen a los docentes y poco a la contención y asistencia de los estudiantes. (Rolando Motta)
A diferencia de los intendentes de la provincia que cometen irregularidades que a veces rozan con lo delictivo en el manejo de los recursos públicos, los directores de escuela son bastante respetuosos de las normas aplicables para gastar dinero y también de los procedimientos de control interno instrumentados. Es lo que surge de la lectura de dos informes de auditorías recientemente publicadas. Uno es del 1 de julio, el otro del 17 del mismo mes aunque ambos evalúan el uso que hicieron 22 establecimientos educativos provinciales del dinero que el ministerio de educación de la nación le transfirió para distintos programas que deben reforzar la calidad del aprendizaje y la contención escolar.
El problema para los directores, sin embargo, es otro. Uno que confirma ese dicho que asegura que para resolver problemas, la sola honestidad no alcanza porque también hay que tener ideas innovadoras. Y es que del $1.342.697 que el estado nacional transfirió a 22 establecimientos (16 de Capital y 6 del departamento de Anta que fueron tomadas como muestras por los auditores) en el segundo semestre de 2013 para la realización de programas alternativos, el 77%, es decir $1.033.346, se destinó para actividades que se realizan en el interior de las escuelas y que en principio favorecen al ingreso económico de los docentes mediantes horas de tutorías y clases de apoyo. Se trata de los llamados “Planes de Mejora Institucional” que buscna ampliar el impacto de las propuestas pedagógicas que están en marcha en las escuelas, o dar impulso a iniciativas que por distintas razones no se han puesto en marcha.
En el otro extremo, el rubro al que los directores menos dinero destinaron fue el denominado “Proyectos para la Prevención del Abandono Escolar”, cuyo objeto es generar estrategias que reduzcan el ausentismo y prevengan el abandono de los estudiantes. Ahí se destinaron sólo $15.000 del poco más de $1.300.000 transferido: un 1,11%. Los porcentajes ni siquiera se modifican cuando uno discrimina entre las escuelas capitalinas y la de Anta. Y es que de los $679.357 transferidas a las primeras, el 79% ($536.321) financió a los Proyectos de Mejora Institucional y sólo $9.000 (1,3%) a los de prevención de abandono; en Anta, mientras tanto, la distribución fue similar: de los $663.240 trasferidos, $497.024 (75%) se destinaron a lo primero y un 0,9% ($6.000) a lo segundo. El porcentaje es tan bajo en este rubro, que hasta la Propuestas Socioeducativas Juveniles – Parlamento Mercosur merecieron más dinero: $28.000 en las 22 escuelas aun cuando el objetivo parece impracticable en tanto debe promover “un espacio de dialogo institucionalizado entre el alumno de nivel secundario de los países de la región, con el objetivo de implementar el debate como forma de construcción del conocimiento y la participación como herramienta de transformación”.
A otro de los rubros eminentemente sociales le fue un poco mejor que al programa que busca evitar el abandono, aunque el porcentaje tampoco fue significativo: $73.000 del total transferido a las 22 escuelas, es decir un 5,43%. Se trata del llamado “Aportes para la movilidad” que en lo central busca colaborar con el traslado de los estudiantes en situación de vulnerabilidad desde sus casas a las escuelas. De ese monto, $53.000 correspondieron a las 6 escuelas del departamento de Anta mientras los 16 directores de escuelas capitalinas sólo destinaron $20.000 de los $679.357 que recibieron en conjunto. Difícil explicar semejante brecha con la existencia del transporte gratuito en la capital salteña por la sencilla razón de que tal metodología de transporte empezó a implementarse en junio de 2014 y el periodo auditado fue el segundo semestre de 2013.
Todos impuntuales
Ecuación curiosa, en definitiva, en un país y una provincia donde los factores determinantes de la declinación del rendimiento escolar, tanto en el nivel primario como en el secundario, son las inasistencias y falta de puntualidad de estudiantes y docentes.
Al menos eso es lo que indican las pruebas internacionales que evalúan el funcionamiento de nuestro sistema de enseñanza que según destacaron muchos medios nacionales el ausentismo estudiantil constituye el más alto en el mundo a nivel secundario. “En una lista de 65 países, la Argentina ocupa el último lugar, debido a que el 58,1 por ciento de los alumnos faltaron al menos una vez a clase durante un período de dos semanas, de acuerdo con datos tomados de las pruebas PISA de 2012 y sintetizados en un trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que dirige Alieto Guadagni”. (La Nación 14/72015). Realidad registrada también por medios locales que mostraron que el nivel de abandono en algunas escuelas capitalinas es del 15% en el turno mañana, el 35% en el turno tarde y el 50% en el turno noche. (El Tribuno 23/07/15)
Con respecto a la impuntualidad docente, esos informes internacionales enfatizaban que mientras ese vicio en las naciones europeas afecta, en promedio, a menos del 10% de los estudiantes; en nuestro país el porcentaje de alumnos afectados llega al 23%; paralelamente, un estudio del Observatorio de la Educación Básica Argentina, del Centro de Estudios en Políticas Públicas de la UBA y del Banco Santander Río, también publicado tres años atrás, indica que en la escuela pública -sin contar los días de paro- los alumnos tienen tres horas libres por semana por ausencias docentes.
Variables que también quedaron en evidencia en los informes de la Auditoria salteña: la Escuela de Comercio Adolfo Güemes de nuestra ciudad que recibió $47.000 en un semestre para ese programa no presentó a los auditores las planillas de asistencias docentes en las distintas tutorías y clases de apoyo; algo parecido ocurrió en el colegio secundario Nº 5.084 de Villas Chartas y en el Reyes Católicos de Tres Cerritos, aunque aquí mandaron luego las planillas a los auditores. En los casos del CENS 7.095 y el Colegio San José de Calazans, también de nuestra ciudad, los auditores directamente no encontraron documentación que corroborara la ejecución de los programas.
Tus ideas valen poco
Menos dinero aún fue el destinado a la llamada educación solidaria y los CAJ. A la primera, orientada a financiar propuestas de los propios estudiantes secundarios que tienen por objeto colaborar con la solución de problemáticas comunitarias a partir de acciones que deben ser acompañadas y evaluadas por docentes, le fue mal en la capital y en el interior: $48.456 de un total de $679.357 en la primera y $8.076 de un total de $663.340 en la segunda. Juntas, sólo representan un 4,2% del total transferido.
Un poco mejor les fue a los llamados CAJ -Centro de Actividades Juveniles- cuyo objetivo es crear “nuevas formas de estar y aprender en la escuela a través de la participación de estos en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios al escolar”. Noble objetivo y mejor método de trabajo, aunque en los hechos los directores de las 22 escuelas sólo destinaron a ese intento de renovar estrategias pedagógicas sólo un 10% de lo transferido: $134.820 sobre un total de $1.342.697. La curiosidad es que de las 16 escuelas capitalinas sólo 3 implementaron el programa, empleando para ello un 7% del total de lo transferido; mientras las 6 escuelas de Anta recurrieron a la misma destinando para su financiamiento un 13% de los recursos disponibles: $87.240 de un total de $663.340.
Finalmente, habría que precisar que la forma en que se definen los destinos del dinero está lejos de ser una responsabilidad exclusiva de los directores de escuelas. Y es que aun cuando son estos los encargados de elaborar los proyectos a partir de reuniones con su plantel de docentes y trabajadores administrativos, tales proyectos deben contar con la aprobación de los supervisores de escuelas y el coordinador general, cuyo trabajo evidencia pocas falencias en términos administrativos pero deja alguna dudas sobre la experimentación pedagógica en un sistema lleno de falencias que indudablemente deben atribuirse a los gobernantes que diseñan políticas educativas y transfieren poco dinero, pero esto no expía de culpas al docente que es un profesional remunerado y que fue acumulando saberes y competencias orientadas a formar adolescentes. Docentes que, sin embargo, no pocas veces concluyen que el fracaso educativo se explica por la apatía juvenil. Una interpretación que evita la angustia de sentirse parte del fracaso, pero aborta la posibilidad de bucear en aguas profundas que permitan descubrir los secretos que explican el caos de la superficie.
