Casi 15 mil familias salteñas podrían perder el suelo donde viven y trabajan. Un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación indica que la situación de Salta es la más grave del país. El avance de la soja, las amenazas de desalojo y los sicarios de los empresarios. (DOM)
Son 14.908 las familias salteñas que viven en zonas rurales y pueden perder las tierras que trabajan y habitan. 1.673.308 hectáreas de tierras en disputa, tierras cuyo futuro es aún incierto. Una superficie que alcanzaría a cubrir las tres cuartas partes de Tucumán.
Un informe del estudio del Ministerio de Agricultura de la Nación prueba, asimismo, que la situación de Salta es mucho más seria que la de otras provincias: porque tiene el mayor porcentaje de suelo problematizado (18,01%) -con la mayor cantidad de suelo disputado, 1.673.308 hectáreas-, cuando le sigue Mendoza con el 13,19% y también porque esas 14.908 familias salteñas representan el 23,35% de los que tienen este problema en el país: 1 de cada 4. Además de Salta, sólo Misiones tiene otro porcentaje de dos dígitos con personas en riesgo de perderlo todo. Justamente, estas dos provincias, concentran más del 50% de las tierras afectadas.
El informe, de 95 páginas, se titula “Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina”, en él los investigadores consiguieron registrar un total de 857 “situaciones problema” en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores.
Al considerar la distribución por regiones geográficas, el NOA concentra la mayor cantidad de casos (28,2%) y le siguen en importancia, Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Si se atiende al tiempo de vigencia de los problemas identificados, se observa que el 33,5% tienen 20 años o más de antigüedad, el 43,1% entre 1 y 9 años y el 20,9% entre 10 y 19 años.
Hay algo que hace particular la situación de Salta y el NOA: la reciente sojización ha generado que las mayores disputas por las tierras se hayan generado recién en la última década, en la que se encuentran más del 40% de las “situaciones problema” para esta región. “Esta información debe interpretarse como resultado del impacto sobre la estructura agraria y los agricultores familiares del cambio en el modelo agrario y la expansión de la frontera agropecuaria”, dice el informe, que también señala que sólo manifiesta un comportamiento diferente la región del NEA: el tiempo de vigencia de las problemáticas se distribuye de modo más parejo entre los últimos 30 años (entre el 20 y 25% distribuidos de modo uniforme por cada decenio) y las mayores frecuencias relativas se ubican, a diferencia del resto de las regiones, en el período de 20 a 29 años (25,5%)..
La disputa por las tierras se incrementó porque también subió su valor: en Rosario de la Frontera, por ejemplo, el valor de la hectárea donde se cosecha soja, poroto y maíz elevó su precio de $ 800 a $4.500 entre 2008 y 2011. También se recotizaron las tierras de Las Lajitas, Metán, Tartagal y Orán.
Los precios de la tierra han experimentado un aumento de hasta un 600% desde 1998 al 2011. Al producirse una suba del valor de la tierra en zonas arables también se incorporaron tierras a partir del desmonte (con los problemas ambientales que eso acarrea en Salta) y del cambio de destino de producción, de ganadera a agrícola, lo que desencadenó más conflictos de dominio.
Jueces y patrones de estancia
Si para el obispo Romero la justicia siempre fue como las serpientes, pues sólo muerde a los que tiene los pies descalzos, en la Argentina la realidad es distinta, o al menos es distinta a medias. Aunque sólo el 39% de los casos (331) se encuentra judicializado, las amenazas de desalojo son altas. “A algunos departamentos del norte de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro son las zonas que registran la mayor cantidad de familias amenazadas al momento del relevamiento”, dice el informe Nacional.
Muchas de estas amenazas ya se hubieran cumplido de no ser porque el gobierno nacional y la legislatura provincial impulsaron un proyecto para evitar los desalojos de pequeños campesinos. En noviembre de 2011, la Cámara Baja salteña aprobó un proyecto para suspender por 18 meses los desalojos a familias rurales y pequeños productores agropecuarios. En este lapso de tiempo, se debía crear un programa que brindaría asistencia jurídica y técnica a los trabajadores de la tierra.
El proyecto en Salta tomó como modelo otro presentado por legisladores nacionales de Proyecto Sur, como Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Susana Argúmedo, Horacio Alcuaz, Elsa Siria y Victoria Donda. En Salta, fueron Carlos Morello, Enrique Cea y Manuel Santiago Godoy los que impulsaron la aprobación del proyecto. Hubo, en la legislatura, cierta resistencia, que se evidenció con la principal diferencia que existe entre la versión nacional de la ley, con la remake salteña: acá se dio un año y medio de tregua a los pequeños productores agropecuarios; en el Congreso nacional, el proyecto estipuló cinco años.
Entre los fundamentos para la creación de este proyecto, los legisladores del Congreso citan numerosos casos suscitados en Salta. “En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el empresario Gianfranco Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco Macri dice que compró 15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales viven estos campesinos”, dice, por ejemplo, el tercer párrafo de los fundamentos. La aprobación en Salta se hizo con la firma custodia de los trabajadores rurales. Semanas antes del tratamiento, la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño denunció: “En nuestra lucha de cada día por retener la posesión de las tierras, nos enfrentamos a situaciones en las que las empresas y empresarios foráneos utilizan métodos intimidatorios, propician detenciones ilegales … Esto provoca en algunos casos el enfrentamiento (violento)… y suman a eso intimidaciones con sus topadores y maquinarias que destruyen nuestros bienes, alambrados, cosechas, animales, intentando así debilitar la organización de las familias campesinas”.
La ley se aprobó el 16 de noviembre en la legislatura salteña, con un grupo importante de campesinos haciendo una vigilia en la puerta del edificio. Entre los objetivos de la ley, están: “reconocer y proteger la identidad cultural de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta”; insertar mecanismos para promover una igualdad real de oportunidades; brindar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y, en su caso, propiedad que tuvieren sobre las tierras en las que habitan y evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras en las que habitan a base de documentos firmados con ardid o engaño.
El plazo de los 18 meses vence en breve. Las consecuencias del desalojo masivo son incalculables; repercuten nocivamente en toda la sociedad. “¿Dónde van a parar cientos de familias campesinas que son desplazadas de sus tierras? Algunas de ellas consiguen establecerse en otras tierras, menos fértiles, con menos acceso al agua y al transporte, a los hospitales y escuelas, hasta ser nuevamente desplazados debido a la “expansión de la frontera agropecuaria”. Otros terminan viviendo en villas de emergencia alrededor de las grandes ciudades, en condiciones miserables, a la espera de alguna ayuda estatal para sobrevivir, en medio de peligros y violencia, sin poder brindar educación ni condiciones sanitarias mínimas a sus hijos. En todos los casos, sus condiciones de vida empeoran. Pasan de productores de alimentos para el consumo interno a pobres desocupados que viven en condiciones insalubres”, se señaló en la fundamentación.
Pero, pese a la ley, los desalojos persistieron: a la justicia salteña le gusta morder pies descalzos. El año pasado, el diputado Ramón Villa advirtió que “la situación de violencia que se vive en Anta y en otros departamentos va ganando el discurso y los hechos”. Dijo, también, que en Rivadavia Banda Sur los derechos se vulneran a diario y los pequeños productores son apretados para dejar sus tierras. “Allí nadie se hace cargo de nada y mucha gente ve vulnerados sus derechos más fundamentales. Por suerte, en esta zona que cien años de abandono convirtieron en una suerte de tierra de nadie, muchos pequeños productores campesinos empezaron a organizarse para defender sus posesiones”. También recordó que en el chaco salteño “la metodología del apriete y la apropiación indebida de tierras persiste, con titulares truchos que ignoran los derechos posesorios establecidos en el Código Civil; se creen dueños de la verdad y embisten contra derechos ajenos con la complicidad de alguna autoridad municipal y con la venia de algún juez corrupto”.
Los hostigamientos no han cesado. La semana pasada Cuarto Poder dio a conocer el intento de construir en tierras sagradas indígenas: un hotel sobre un cementerio diaguita.
Violencia
La justicia tiene otra forma de ensañársela con los que menos tienen: mirando para otro lado. En diciembre de 2012, Miguel Galván fue asesinado por defender sus tierras en la frontera salteña con Chaco. A Galván lo degolló un sicario, Paulino Riso Patrón, empleado de un empresario salteño de apellido Figueroa, titular de la empresa Agropecuaria La Paz, de Rosario de la Frontera. Galván formaba parte del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase): como la tierra en disputa está en una especie de triple frontera (Salta, Chaco y Santiago del Estero), hay salteños y chaqueños agrupados en Mocase. La justicia dejó libre al sicario y detuvo al hermano de Galván: un juez de Metán lo acusó por haber golpeado al sicario.
Queda claro que el Estado sólo se hace presente para ayudar a los poderosos. Para garantizarles impunidad. La apropiación sistemática de los terrenos no se podría llevar a cabo si no fuera parte de una política de Estado.
Detrás de las noticias
Una de las 95 páginas del informe del Ministerio de Agricultura de la Nación contiene una estadística que parece trazar un parangón entre medios de comunicación y la problemática analizada. “Problemas de tierra según cantidad de medios de comunicación disponibles”, se titula el cuadro.
Los datos prueban lo siguiente: a mayor cantidad de medios de comunicación, menos conflictos por las tierras hay: el 54,7% de los casos se da en donde sólo hay un medio de comunicación. Y si ese medio pertenece a un empresario interesado o al gobierno, la situación empeora: por ejemplo, el diario gubernamental Punto Uno tuvo acceso al mismo informe que Cuarto Poder; pero en su nota no habla de Salta. Habla del NOA, de los datos de la región. La palabra “Salta” aparece una sola vez en el informe: para indicar que hay muchas amenazas de desalojo. No se indica, ni una sola vez, que son más de 14 mil familias las que pueden perderlo todo.
Punto Uno -lo informó la web informativa de Cuarto Poder, por un trabajo investigativo de Salta Transparente- recibe una suma increíble de publicidad: $ 1.583.455 durante el 2.012. sorprendió a casi todos. No sólo por tratarse de un diario de escasa penetración, sino también porque el titular del mismo es el funcionario del gobierno Antonio Marocco.
Censo indígena
El 32% de las tierras en conflicto involucra a pueblos indígenas que pueden perder sus tierras. Lo interesante es que en 2006 el gobierno nacional impulsó un censo nacional para realizar un mapa catastral de las comunidades y otorgarles las tierras. Para eso, el gobierno nacional desembolsó en las arcas salteñas $ 2.252.008 para el censo indígena; pero en esta provincia nunca se hizo. Las autoridades provinciales y el anterior presidente del IPPIS, Indalecio Calermo, no priorizaron la ejecución de este censo, aunque sí se patinaron la plata. Con esos $ 2.252.008, el IPPIS compró cuatro camionetas Ford Pick Up Ranger a $112.360 pesos cada una, cobertores plásticos, lonas, dos computadoras, dos notebooks (una de $ 9.930), bolsos para notebooks, una filmadora Fuji de $5.097, una cámara de fotos Kodak de $1.175, otra filmadora Panasonic de $6.597, una biblioteca, 12 escritorios, 13 sillas giratorias con rueditas, un armario metálico de $1.185 (desaparecido) Y ventiladores de pie.
Todos esos materiales eran para poder garantizar la realización del censo que, sin embargo, jamás se llevó adelante.
