Etnocidio wichí: El plan de ocultamiento

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Cuarto Poder accedió a estadísticas reservadas del área de Salud que ponen de manifiesto el mecanismo de ocultamiento deliberado de las muertes por malnutrición en el norte provincial durante la anterior gestión. (Por: Nicolás Bignante)

La crisis humanitaria en el norte provincial se cobró la vida de al menos siete niños en lo que va del año, mientras que otros tantos se encuentran en riesgo sanitario grave y/o en estado de desnutrición. Las miradas se posan en las anteriores carteras de Primera Infancia y Salud, aunque la displicencia -bien podría decirse- se repartió en todas las áreas del Estado. A su vez, proliferan las voces que denuncian y ponen de relieve el manifiesto ocultamiento de los datos sobre muertes por desnutrición que tuvieron lugar en el chaco salteño hasta el año pasado.

Cuarto Poder accedió a planillas internas del área de Salud, donde se encuentran asentados los datos sobre mortalidad infantil en el interior provincial en los últimos dos años. De allí se desprende que en 2018 unos 283 niños perdieron la vida por diferentes motivos, de los cuales 240 eran menores de un año y los otros 43 tenían entre 1 y 4 años.

La información oficial -entiéndase, los datos suministrados por la anterior gestión- consigna que del universo de fallecidos entre los 1 y 4 años, unos 20 decesos estuvieron relacionados directamente con la malnutrición. Aparecen allí causas como: «desequilibrio medio interno», «acidosis metabólica», «sepsis», «desnutrición proteicocalórica», «diarrea», «shock séptico», «deshidratación», «marasmo nutricional», «gastroenteritis», «colitis», «enterocolitis necrotizante», «choque hipovolémico» y «otras septicemias especificadas». En todos los casos se trata de niños oriundos de municipios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.

En 2019, las muertes de niños menores de cuatro años en el territorio provincial fueron 278, considerando todo tipo de causas. De ellos, unos 229 no llegaron cumplir un año de vida. Los comunicados y balances oficiales consignaron que apenas nueve de esos decesos estuvieron vinculados con la desnutrición, aunque la realidad y las mismas estadísticas digan lo contrario. Mientras que las palabras «desnutrición» y «deshidratación» eran desplazadas de las causales de defunción, las sepsis, shocks hipovolémicos y/o diarreas estuvieron presentes en segunda instancia en reiterados casos. De esta forma -y por instrucciones directas de superiores jerárquicos del área de Salud o Primera Infancia- decenas de casos relacionados a la malnutrición eran sencillamente invisibilizados.

Inmaturidad Extrema:

El aspecto más llamativo de las estadísticas y registros oficiales tiene que ver con la enorme cantidad de defunciones por «Inmaturidad Extrema», que la gestión anterior optó por no incluir dentro del universo de fallecidos por desnutrición. En términos médicos, se trata de casos de desarrollo incompleto del feto vinculados a la anemia y/o desnutrición en las madres. Tales casos multiplican considerablemente el número de muertes relacionadas a la baja ingesta de nutrientes en el norte provincial. En concreto, unos 52 niños perdieron la vida entre 2018 y 2019 por esta causal y no están incluidos en la estadística oficial. De igual manera quedaron afuera de las cifras de Salud y Primera Infancia reiterados casos cuyas causas quedaron asentadas como: «Peso bajo al nacer», «sepsis del recién nacido», «peso extremadamente bajo» y «prematurez extrema».

Ya en 2018, una investigación de profesionales de la UNSa comandada por la médica Elizabeth Ferrer alertaba sobre la acuciante realidad en el municipio de Santa Victoria Este, epicentro de la pobreza estructural y la crisis humanitaria. Los resultados a los que arriba el trabajo de campo son contundentes: La tasa de mortalidad en el área operativa VIII (Santa Victoria Este y comunidades de: Vertientes de la Costa A y B; Pozo de la China; Pin Pin; San Miguel; Roberto Romero; Eben Ezer; Nueva Esperanza; La Merced; Curvita; Pozo La Yegua; Pozo El Toro; Misión Anglicana; Santa María; La Gracia; Rancho Ñato; Pozo El Tigre; Urkupiña; Kilómetro 2; La Bolsa; Magdalena y El Cruce) es de 17,19 por mil y de 31,94 por mil en menores de 5 años. Las cifras son alarmantes si se tiene en cuenta que la media provincial es de 9,6 por mil.
En cuanto a la ingesta de macronutrientes, la investigación detalla que existe un marcado déficit de proteínas, hidratos de carbono y lípidos o grasas. Un 80% de los niños de Santa Victoria no cubre sus necesidades de Calcio y un 92% las de hierro. En cuanto a los micronutrientes (zinc, cobre, vitaminas, iodo, etc.) su consumo también es escaso, lo que repercute directamente en deficiencias del aparato inmunológico.

Pobreza estructural y «reparación histórica»:

El agua, la asistencia sanitaria, los recursos y la infraestructura que faltan en el norte provincial encuentran parte de su correlato y explicación en la ausencia de obras orientadas a resolver la problemática estructural de los municipios norteños. Muchas de ellas llegaron a presupuestarse, se hicieron desembolsos millonarios no correspondidos con los avances físicos de las mismas y gran parte jamás llegaron a concretarse.
El empréstito en dólares adquirido en 2011 por el exgobernador Juan Manuel Urtubey y bautizado como Fondo de Reparación Histórica se propuso mitigar la falta del recurso a través de varias obras de saneamiento distribuidas en los municipios norteños. Sin embargo, muchas de ellas no pudieron concretarse desde entonces o, mucho peor, nunca llegaron a ejecutarse.

Algunos ejemplos:

La nueva planta potabilizadora de Rivadavia Banda Sur tiene un presupuesto oficial de $3.000.000,00 y prevé la instalación de 1800 conexiones domiciliarias y 41 mil metros de redes de agua. En los registros del FRH figura como una obra que se encuentra en ejecución a través de Plan Nacional Hábitat y que debería brindar soluciones a 900 familias de la zona. Aunque los partes oficiales hablan de un avance del 61%, el estado general de la obra publicado en los registros, refleja un avance físico del 0,00%.

La ampliación de la planta potabilizadora Itiyuro se encuentra en ejecución por el Plan bicentenario, aunque estuvo presupuestada originalmente por el Fondo de Reparación Histórica. Dicha obra, adjudicada a Pedro Garín Construcciones, tenía prevista una inversión de $50.000.000,00 y contemplaba la creación de dos nuevas piletas y un sistema de flotación de algas que beneficiaría a los municipios de Aguaray y Salvador Mazza. Al día de hoy, el avance físico ejecutado según los registros oficiales es de 0,00%.

Otras obras de saneamiento como la planta depuradora de líquidos cloacales de Hipólito Yrigoyen directamente fueron eliminadas de los registros, por no contar con un espacio físico para su emplazamiento. El municipio entro en disputa con la firma Seabord Alimentos y Energías Renovables y no se llegó a un acuerdo para la cesión del terreno. En este caso, la inversión fue de $30.000.000,00 y la empresa adjudicada fue MEGA SRL.

En Santa Victoria Este, la construcción de redes cloacales y domiciliarias a cargo de ECOSUELO (empresa denunciada por contratar obreros wichís en negro) y con un presupuesto oficial de $3.000.000,00 fue eliminada de los registros. En su lugar se incluyó una obra de ampliación de la red de agua potable para los barrios «Cañaveral» y «La Esperanza», adjudicada a la misma empresa por un monto de $600.000,00.

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