La incertidumbre de la sociedad salteña por la llegada de pasajeros por vía terrestre al territorio provincial, contrasta de lleno con la postura pretendidamente rígida del gobierno sobre el confinamiento obligatorio. (Por Nicolás Bignante)

El esquema de traslados por vía terrestre de una provincia a otra sigue siendo un misterio para la mayoría de la ciudadanía salteña. Mientras a nivel nacional se dispuso la suspensión de los vuelos para repatriar a argentinos desde el exterior, no llega a entenderse del todo porque los autobuses de media y larga distancia no paran de llegar al territorio provincial. Por otro lado, disposiciones como las del gobierno de Jujuy para movilizar extranjeros de una provincia a otra, oscurecen todavía más el panorama.

El escándalo desatado tras la intercepción de un colectivo de larga distancia con 62 extranjeros en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, dejó una serie de interrogantes más allá de lo obvio y evidente. ¿Cómo es que a esta altura aún no haya certezas ni transparencia sobre el régimen de traslado de pasajeros por vía terrestre? Al margen de las disposiciones nacionales ¿Qué criterios manejan las administraciones domésticas para retener/dejar circular vehículos con contingentes importantes de extranjeros?

El caso fue transmitido casi por cadena nacional en el prime time de la televisión argentina. Un colectivo de la empresa Balut oriundo de La Quiaca fue retenido en Buenos Aires por trasladar más de 60 pasajeros de nacionalidades: venezolana, brasileña, colombiana, argentina, peruana y boliviana.

Aunque el operativo desatado en el acceso a CABA acaparó la atención del establishment mediático recién el jueves pasado, el miércoles por la mañana el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe denunciando el traslado intempestivo de migrantes. Según la crónica de la denuncia, el martes 31 de marzo a última hora las autoridades de Jujuy decidieron disponer el traslado de un grupo de personas migrantes de manera compulsiva, arbitraria e irregular. Las personas había ingresado a la Argentina para radicarse aquí o habían llegado hasta La Quiaca para abandonar el país, justo antes de que las fronteras fueran cerradas.

Entre los sesenta y dos pasajeros hay personas solas y familias con niños, que se encontraban en La Quiaca y San Salvador de Jujuy desde mediados de marzo. Según denunciaron desde el CELS «Muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del COVID-19». Además de no haber sido correctamente informadas sobre el procedimiento implementado, mucho menos de su destino, los pasajeros fueron sometidos a reiteradas requisas antes de salir de Jujuy.

La hoja membretada que el Gobierno de Jujuy entregó al chofer de la unidad, además de corroborar el número de viajeros y su destino, asegura que cada uno de ellos realizó la cuarentena obligatoria y que no presentaban síntomas. Ya en la Capital Federal se conoció que uno de los trasladados presentaba fiebre.

Por estas tierras la polémica es similar y lleva ya algunos días. Cada arribo concretado por algún vehículo de la flota de la empresa Silvia Magno se convierte en un reclamo vociferante en redes sociales y portales. Vale reconocer que tales reacciones no son más que el producto de los errores a la hora de comunicar. Como se dijo anteriormente, cuesta entender los criterios según los cuales algunos entran y otros se quedan.

La evidente laxitud de la administración provincial en cuanto a la llegada de pasajeros a la provincia, se contrapone con la retórica militarista que el primer mandatario emplea a la hora de dirigirse al infractor común. “Mientras vos irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en la calle, hay otro trabajando para que vos no te enfermes”, había manifestado días después del anuncio presidencial. Hoy, con casi 2500 detenciones y más de una centena de vehículos retenidos, Salta se perfila como una de las provincias con mayor cantidad de infractores en relación a su población y a los casos confirmados de Coronavirus. Ni siquiera las estadísticas policiales hicieron retroceder al gobernador en su fantasía por «sacar el ejército a las calles».

El 80% de las detenciones, según el relevamiento oficial, se dieron en barrios y asentamientos de la capital salteña, Orán y Tartagal; donde los índices de hacinamiento se corresponden con un déficit habitacional de 72.203 viviendas, según un relevamiento del IERAL. Villa Lavalle, Lola Mora, Villa Chartas, Provipo, María Ester, Asunción, Villa Primavera, Santa Lucía, Siglo XXI, Portezuelo, San Ignacio, Juan Pablo II zona norte, Santa Victoria, Los Almos, Villa Soledad, Barrio Unión, San Remo, Docente Sur, Solidaridad, San Rafael, San Jorge, etc. Son los barrios en los que se dio el grueso de las detenciones.

En contexto, mientras la inflexibilidad rige para las mayorías populares, una evidente distensión se hace palpable en otros ámbitos. En el barrio 26 de marzo la policía reprimió en el merendero «Carita Feliz» con la excusa de que había mucha gente y no estaba permitido. La gente eran tres voluntarios del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que realizaban anchi y repartían bollos entre las madres de los niños. «Solo dos compañeras y un compañero estaban haciendo la merienda, respetando que haya la menor cantidad de gente posible, pero garantizando el alimento para decenas de niñxs», explicaron en un comunicado. La policía golpeó a un voluntario del merendero y ante los empujones una de sus compañeras se desmayó. Los vecinos salieron a defender el merendero y la policía se retiró sin identificarse y dejando desmayada a la mujer.

A las sanciones previstas en el código penal por incumplir con el aislamiento preventivo, la provincia sumó castigos económicos derivados del cuestionado código de contravenciones. En los barrios, mientras tanto, muchos se preguntan si el endurecimiento de las medidas alcanzará también a aquellos que arriban al pago en colectivos color turquesa y gris.

 

 

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