Rocío, la joven que fue golpeada y enterrada con cal, continúa internada. Su familia tramita el acceso a un Defensor Público al no poder costear uno privado. En la semana contra la violencia hacia las mujeres, diferentes organizaciones denunciaron al decreto de emergencia en violencia de género como “oportunista”. (Andrea Sz)
El Decreto 2.654 que establece la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia de Salta por el término de dos años, en su artículo 2 inciso 5 señala: “Brindar acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género”.
Sin embargo, Vanesa en el pasillo del hospital Papa Francisco donde se encuentra internada su hermana Rocío, declaró a la prensa que su mamá se encontraba yendo y viniendo de Ciudad Judicial, tratando de hablar con el fiscal, tramitando un pedido para acceder a un defensor oficial porque no tienen los recursos económicos para costear uno particular, también relató que nadie de la familia fue citado a declarar.
En el decreto citado además se establece “Elaborar un plan provincial de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género”. A más de dos meses de publicado en el Boletín Oficial, en la provincia ocurrieron tres femicidios más. Esto evidencia que una de las políticas públicas contempladas en el DNU decretado por el gobernador, falla en una de las principales instancias que es la de prevención.
El primer eje del Plan de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, contempla justamente la prevención. Entre los “indicadores de gestión” para saber de qué manera funciona este eje, el plan señala por ejemplo “Cantidad de campañas de sensibilización realizadas en medios de comunicación”, “Cantidad de apariciones en medios de comunicación”, “Cantidad de participaciones del Ministerio de DDHH en eventos especiales”, y “Cantidad de talleres dictados en los Grupos Terapéuticos para Varones Violentos”, entre otros.
Se contempla además “Cantidad de Cuestionarios de Detección Temprana que efectivamente tenían relación con una situación de violencia de género”. Hasta el momento esa “detección temprana” no se ha concretado y es lo que diferentes referentes feministas han venido denunciando.
María Laura Postiglione, de MuMaLá, señaló “Entendemos que declarar la emergencia es reconocer que lo que está sucediendo en nuestra provincia es muy grave, por lo tanto, la responsabilidad es mayor. Los juzgados todavía no se implementaron, sin embargo, antes de existir fueron publicitados durante varias semanas en luminarias por todo el centro de la ciudad, casualmente durante los días de celebración del Encuentro Nacional de Mujeres”.
La referente de MuMaLá en Salta criticó también a las irrisorias “acciones” que el Ministerio de Derechos Humanos decidió realizar “Desde el Ministerio de Derechos Humanos se decidió hacer una caminata alrededor de la Plaza 9 de Julio, para la difusión de nuestros derechos, con entrega de folletos, gorras y globos violetas: una actividad poco feliz que demuestra la exigua importancia que este gobierno le da a la violencia hacia las mujeres”.
Peligro con armas
La abogada Mónica Menini en un comunicado que tituló “Asesinar con el arma reglamentaria. Corazones partidos”, a propósito del reciente femicidio perpetuado por un efectivo policial contra su exmujer, reflexionó sobre los dichos del jefe de la Policía de Salta, Marcelo Lami, en el caso de Hugo Vilte Cardozo, policía de la Provincia de Salta, quien le pegó nueve tiros con su arma reglamentaria a Diego Federico Quiroga, viudo de 32 años y padre de 5 niñas, que falleció a causa del ataque luego de agonizar durante 6 días en el Hospital San Bernardo. Según “fuentes vinculadas al caso”, el policía habría baleado a la víctima porque no habría soportado la infidelidad de una mujer, que también sería miembro de la fuerza de seguridad.
“Todo policía es sometido a un entrenamiento especial y a exámenes psicológicos profundos. Pero cuando el corazón se parte en dos, pueden surgir reacciones no previstas, impensadas y no controlables”, había manifestado Lami sobre el hecho.
“Debemos decir que los dichos del Jefe de policía de Salta son chocantes y prodelictivos. Su mera enunciación, exime de caracterizar al policía violento como criminal peligroso, a la violencia familiar como causante de miles de homicidios por año, a las políticas preventivas como ineficaces y a la denuncia al violento como una urgencia de vida. Decir hombre golpeador, decir asesino, no es lo mismo que decir ‘criminal apasionado’. Por el contrario, expresarlo de semejante forma es protegerlo, disculparlo, abonar el terreno para la próxima víctima”, definió Menini.
Se refirió a que no es la primera vez que un funcionario del actual gobierno justifica la violencia de los “crímenes de posesión”. “El caso salteño es revelador pues este policía no decidió matar a su mujer supuestamente infiel sino al varón que supuestamente le quitaba la posesión absoluta de esa mujer”.
El petitorio que presentó esta semana la Comisión de la Mujer de la UNSa, la Multisectorial de mujeres, CLADEM, RED PAR Y FUNIF filial Salta se refiere justamente a a la “Ley Orgánica de la Policía”, y demanda los avances de género incorporados a las fuerzas de seguridad, entre los puntos expuestos se puede leer “retiro inmediato del arma reglamentaria de aquellos/as policías que ejercieran violencia sobre su cónyuge;
o la creación de un régimen y escalafón especial para agentes de policía con funciones en violencia familiar y la optimización de disponibilidad edilicia en las dependencias policiales para estas funciones; o la jerarquización de la Dirección de Orientación y Prevención Comunitaria de la Policía”.
La violencia que crece
El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada para darle visibilidad a todas las formas de violencia. Desde la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer FEIM y su titular Mabel Bianco, se propuso 16 días de activismo contra la violencia de género hasta el 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos- para denunciar que la violencia sexista es una violación a los derechos humanos.
Aunque la problemática de la violencia hacia las mujeres cada vez encuentra más canales para visibilizarse, la violencia más extrema contra el género femenino, el femicidio, no ha disminuido. Según el informe anual del Observatorio de Femicidios de Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la Casa del Encuentro cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia de género el año pasado y aunque todavía no se conocen las cifras del 2014, según los organismos que trabajan con el tema, la violencia va en aumento.
Según este informe en 2013, hubo 295 femicidios. La mayor cantidad de víctimas tenía entre 19 y 30 años, seguidas por las de 31 a 50. La menor no alcanzaba el año y trece fallecieron entre los 2 y los 12 años. En mucho de los casos las víctimas fueron baleadas o apuñaladas, en sus propias viviendas o en las casas que compartían con sus femicidas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron asesinadas por sus esposos, parejas, novios, amantes o ex parejas. En 57 de los casos no se encontró vínculo aparente entre víctima y victimario, mientras que 7 fueron asesinadas por sus padres o padrastros, 22 por otros familiares y 15 por vecinos o conocidos. La mayor parte de los femicidas tienen entre 31 y 50 años seguidos por el grupo de entre 19 y 30.
