Casi cien informes que certifican el descontrol de los intendentes, fueron archivados por el presidente de la Auditoría, Oscar Salvatierra: pieza clave de un régimen de impunidad que entierra los ilícitos que su organismo descubre y no los gira a la Fiscalía para el inicio de acciones legales. (Gonzalo Teruel)
La Auditoría General de la Provincia, creada en cumplimiento del artículo 169 de la Constitución de Salta, tiene por “responsabilidad primaria” el control externo posterior de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa de la Hacienda Pública Provincial y Municipal. Para ello cuenta con independencia funcional, administrativa y financiera. En síntesis: con independencia de la justicia, la Auditoría es el principal organismo de control de las acciones de los gobernantes.
Pese a estar formalmente constituidas la Auditoría, la Sindicatura y las oficinas de contralor, en la Salta de Juan Manuel Urtubey el control es tan deficitario como en la que gobernó Juan Carlos Romero. “El personal que realiza el trabajo de campo cumple con su labor de manera aceptable pero el problema es que, al momento de emitirse la Resolución respectiva se aprueba ese informe, se notifica a los interesados pero luego se ordena el archivo de las actuaciones”, simplificó a Cuarto Poder un profesional de las Ciencias Económicas especializado justamente en auditorías. En efecto, en caso de detectarse un daño al erario público, los informes de la Auditoría deberían girarse a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones legales correspondientes. Eso no sucede. Los informes de Auditoría terminan siendo un mero listado de “recomendaciones” que nadie cumple.
“Las auditorías son técnicamente muy buenas pero no tienen ningún efecto concreto”, dijo, al respecto, la senadora Silvina Vargas. Son informes muy completos y descriptivos que revelan, en la mayoría de los casos, mala gestión o mala fe. Ningún ministro o intendente auditado, sin embargo, fue sancionado o enjuiciado como consecuencia de ellos. Tampoco los funcionarios de menor jerarquía.
Cómplice perfecto
La falta de rigor en el cumplimiento de los dictámenes de la Auditoría puede explicarse por el desinterés general del gobierno en ser controlado y por la mismísima figura de su actual titular. Violando el más elemental principio de división de poderes, el contador Oscar Salvatierra, socio y familiar directo del ministro de Gobierno Julio Loutaif, preside la Auditoría desde julio de 2010. Salvatierra debe controlar, ergo, al gobierno de su socio y pariente.
El vínculo entre Loutaif y Salvatierra es público y notorio. El propio ministro informa en el Curriculum Vitae publicado en la web de Gobierno que está “asociado al Estudio Contable Loutaif Salvatierra en la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán con Especialización en Proyectos en Inversión en la Zona Norte de la Provincia de Salta. Desde Octubre de 1973 hasta la Fecha”. Su esposa, Susana del Huerto Salvatierra, es hermana del presidente de la Auditoría. Los Negritos SRL es, entre otras, la empresa que comparten los hijos de ambos funcionarios: Mauricio Fabián Loutaif y Juan Cruz Salvatierra.
La designación del concuñado de Loutaif se produjo a través de un acuerdo entre el PJ y el PRS. Pese a formar parte del frente que gobierna la provincia, el PRS fue considerado “parte de la oposición” por las comisiones de Diputados y del Senado que seleccionan los integrantes del órgano de control.
Por un tiempo, en 2010, Zottos y Loutaif fueron opositores a Urtubey y eligieron a Salvatierra para que controle al gobierno. Los otros auditores son los PJ Abdo Omar Esper, Ramón Muratore, Marcos Segura Alzogaray y Gustavo De Cecco.
Algunos ejemplos del descontrol
Desde siempre, los informes de la Auditoría suelen finalizar con “recomendaciones” tan elementales como increíbles que nadie cumple.
Así, por ejemplo, luego de inspeccionar en 2002, 2003 y 2004 a la Cooperadora Asistencial de El Jardín, los auditores sugirieron que se implemente “un sistema de registración contable de conformidad con la Ley de Contabilidad de la Provincia” y se habilite “un Libro Banco foliado y rubricado por el Juez de Paz, para el registro de las operaciones bancarias”. La Cooperadora de El Jardín no tenía los más mínimos registros contables de sus operaciones. Ningún funcionario dio explicaciones.
Un relevamiento realizado en Aguaray, en el año 2005, terminó con idéntico resultado. Se recomendó a las autoridades municipales “cumplir con los procedimientos que establece la ley 6.838, Sistema de Contrataciones de la Provincia, en la totalidad de las contrataciones, incluida Obras Públicas” y “adecuar el tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios a las disposiciones de la ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente”. En Aguaray no se cumplía con las leyes provinciales pero nadie fue enjuiciado por ello.
Especialmente dura fue otra auditoría -realizada en Cafayate, San Carlos y Cachi en el año 2006- que tuvo por objeto la ejecución del Programa Federal de Infraestructura y Equipamiento por parte del ministerio de Educación. En el dictamen final, en un curioso apartado titulado “hallazgos”, se detallan numerosas deficiencias en las obras y mejoras de 3 escuelas.
“No se dio cumplimiento al plazo establecido para la iniciación de las obras, 90 días contados a partir de la recepción de los fondos, lo que ocasionó inmovilización de los fondos asignados”, indicaron los profesionales a cargo del monitoreo y agregaron en más de una oportunidad que “en el Acta de Preadjudicación [de las obras] no se fundamenta adecuadamente las causales de rechazo de la oferta de menor precio”. Entre muchas otras irregularidades, los auditores revelaron que “el contratista no presentó, previo al inicio de los trabajos, los planos de estructura, arquitectura e instalaciones, aprobados por el organismo competente”. Los fondos para las obras en estas escuelas fueron administrados por la UCEPE, la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales de la cartera educativa salteña, y llegaron del gobierno nacional. Ni siquiera así hubo control por parte del gobierno de Romero.
Ya bajo la administración de Urtubey otros informes de la Auditoría desnudan el descontrol en el manejo de la cosa pública.
En 2010, un informe sobre las cuentas del más pequeño de los municipios salteños, Tolar Grande, concluyó diciendo que “el cumplimiento de la normativa vigente es escaso” pero el intendente Sergio Villanueva sigue en su cargo sin preocuparse demasiado.
Raimundo Alberto Sanz del PRS y por Manuel Norberto Paz del PJ, fueron conminados el año pasado a “detener las acciones que están generando el daño ambiental en forma inmediata” en las localidades que gobiernan: El Jardín y El Tala. Un durísimo documento de la Auditoría los intimó a elaborar un “sistema de gestión” y una “correcta planificación” del manejo de residuos. Nada de ello ocurre.
Otro ejemplo paradigmático de lo poco que se atienden los muy completos informes de la Auditoría se dio con un relevamiento en el Hospital San Bernardo en el año 2010. En un listado de más de 50 “recomendaciones”, los especialistas advirtieron a las autoridades del nosocomio que debían “concretar las reparaciones de los equipos de Hemodinamia y Ecógrafos o bien la adquisición de los mismos a fin de evitar o disminuir derivaciones al sector privado”. Ni el entonces ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib, ni su sucesor Enrique Heredia lo hicieron.
No a la cara
Pese a que la ley 7.103 establece que la Auditoria “actúa e informa en el ámbito de la Legislatura Provincial”, esta semana Manuel Santiago Godoy denunció que “el presidente de la Auditoría fue una sola vez a Diputados”. El presidente de Diputados reconoció que un legislador “no puede por su propia cuenta pedir informes a la Auditoría sobre los municipios” y lamentó que sólo una vez, en 2011, los diputados escucharon los informes del auditor Oscar Salvatierra.
