Los hechos de corrupción en el interior llevaron a que nuevamente la mira pose sobre los jefes comunales. Autoritarismo, desmanejos, denuncias y un elemento común que ya forma parte de la naturaleza del poder: la impunidad.
Las representaciones municipales han entrado en un estado de descomposición alarmante que, a estas alturas, evidencia una crisis tremenda. Las tensiones con la administración provincial se tornan cada día más visibles al punto que, desde el Foro de Intendentes, convocaron en la semana que culmina a una reunión urgente para analizar los pasos a futuro. En cosa de 45 días, los hechos de corrupción o en el mejor de los casos, de falta de transparencia, se cargaron dos jefes comunales en el norte y pusieron en la mira a otros tantos.
La destitución de Jorge Enrique Prado y la posterior intervención de Aguaray abrió las puertas a una ola de denuncias, solicitudes de informe y pedidos de remoción en el interior profundo que desde el ejecutivo siguen con marcada preocupación. Con sus similitudes y diferencias, el caso de Rojelio Nerón en Santa Victoria Este encendió la luz de alarma en el Grand Bourg; ya que se trata de un intendente aliado y que había recibido un espaldarazo del propio gobernador 24 horas antes de su remoción, mientras unos 180 originarios de la zona reclamaban soluciones en el Hogar Escuela.
Pero eludiendo particularidades y anécdotas, es justo decir que las anomalías municipales abrevan en un sólo concepto que alimenta el imaginario de la corrupción. La hipótesis de que los alfiles señalados cuentan con el respaldo y la protección desde más arriba asoma como una amenaza a atender de manera urgente desde las estructuras del poder central.
Roja para Rojelio
Con el voto de cinco de los siete ediles, el concejo deliberante de Santa Victoria Este destituyó al intendente Rojelio Nerón el lunes pasado. De esta manera culminaba un proceso que había iniciado hace cuatro meses y que ponía al primer intendente originario electo en un municipio con mayoría indígena en el centro de todas las miradas. Un cúmulo de desmanejos precipitaron la temprana remoción del dirigente wichí: En ocho meses de gestión, y pese a las reiteradas intimaciones, el jefe comunal jamás presentó el proyecto de presupuesto municipal. En ese contexto, se le atribuye haber adquirido un camión con fondos del municipio sin haber cumplido con las pautas mínimas de un proceso licitatorio y a montos considerablemente superiores a los establecidos para la compra directa.
Los reiterados pedidos de informe sin responder y los registros trimestrales de ingresos y egresos sin presentar, también forman parte de los incumplimientos de Nerón. A ello se le suma una deuda con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que debe cubrir a los trabajadores de la municipalidad.
Para la defensa del destituido, sin embargo, la arremetida de los concejales obedece al veto de la ordenanza N° 11, que establecía un incremento en las dietas de los concejales. Pero para esa altura, no sólo los ediles oficialistas, sino también algunos miembros de su gabinete ya habían conformado una férrea oposición al alcalde.
Solís no resiste auditoría
En Rosario de la Frontera, el intendente romerista, olmedista, urtubeicista y ahora leavysta Gustavo Solís acusó una campaña en su contra como respuesta a la supuesta unión del Frente de Todos en el municipio que comanda. El argumento podría tomarse como una carnavalada de trasnoche de no ser porque en el medio hay un faltante cercano a los $100 millones detectado por la Auditoría General de la Provincia. El encargado de la investigación, Mariano San Millán, giró documentación probatoria de sendas irregularidades en la contratación de obra pública al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos.
El trabajo comenzó a realizarse en junio de 2018 en relación a las cuentas de 2017. Una de las anomalías más contundentes detectadas en el informe, fue la presencia de facturas gemelas correspondientes a contrataciones con una empresa de áridos por valores absolutamente incongruentes con la realidad. Una de las contrataciones se hizo sin licitación y se pagó $940.000 en concepto de adelanto por los trabajos, mientras que el mismo día se desembolsaron otros $201.000 “como primer certificado”.
A esto se suman cuatro contrataciones con una fundación sin empleados y que no se encontraba registrada por $3,8 millones; y el cobro irregular de fondos del programa Salta Solidaria, utilizando el nombre y la firma de vecinos que jamás vieron un peso.
«Juanilo» te clava el visto
En Joaquín V. González, el intendente pejotista «Juanilo» Aguirre podría enfrentar un juicio político tras la aprobación en el concejo deliberante de una resolución en ese sentido. Unos treinta pedidos de informe sin responder dan cuenta de las arbitrariedades en el manejo de lo público, entre otras inconsistencias contables y de transparencia. Uno de los informes sin respuesta que se destaca tiene que ver con la partida económica que recibió la comuna a su cargo, en el marco de la alerta sanitaria por el coronavirus, del cual Aguirre no acercó la documentación correspondiente cuando se le pidió.
Además, en 2019 el municipio recibió en concepto de canon por Salta Forestal $34 millones, de los cuales $9 millones se utilizaron para gastos corrientes, aunque sólo hay comprobante de ello por $4 millones. Unos 8 millones, según explicaron, fueron destinados a la compra de un minibus y a la reparación de una ambulancia, mientras que 10 millones fueron de «libre disponibilidad». En la respuesta de los funcionarios municipales se asegura que los $16 millones restantes están depositados en una cuenta, aunque no se justificó dónde y no hay un comprobante por el mismo.
Desde el mes de agosto, los ediles solicitan a la Auditoria que intervenga a fin de investigar qué se hizo con los fondos de la comuna, pero no han tenido respuesta por el momento.
Digno heredero de Jalit
En las últimas horas, otro norteño se sumó a la lista de los que deberán presentarse a la justicia. Al igual que su par destituido de Santa Victoria Este, el intendente de Pichanal Sebastián Domínguez no demostró mucho apego a la transparencia y eludió presentar el presupuesto general del municipio. Esto le valió que un grupo de concejales resolviera presentar una denuncia ante la fiscalía local por incumplimiento de deberes de funcionario público. Entre los fundamentos de la denuncia se aclara que la Carta Orgánica del municipio oranense establece que el Ejecutivo Municipal debe «elaborar y remitir al Concejo Deliberante el Presupuesto de Gastos y Recursos hasta el día 30 del mes de septiembre» y que su inobservancia «constituirá una falta grave o mal desempeño de su cargo».
Los miembros del concejo calificaron la gestión de Domínguez como «soberbia y autoritaria», algo que quedó de manifiesto en junio de este año cuando decidió multar al periodista Ariel Barrios con 40 mil pesos por difundir la noticia de que Pichanal reportaba dos casos de Covid-19. La sanción obedecía a una ordenanza promulgada por él mismo en marzo, pero que fue derogada de manera retroactiva luego de que el escándalo estallara a nivel nacional. En el municipio oranense no son pocos los que ven en Domínguez una réplica del estilo «western» de su antecesor Julio Antonio Jalit.
Guerra y el harina-gate
Atravesada por conflictos con trabajadores municipales desde comienzos de año, la gestión de Jorge Mario Guerra en Colonia Santa Rosa no para de sumar escándalos. En mayo, los siete concejales resolvieron suspender por tiempo indeterminado al intendente de manera «preventiva» hasta tanto se investigue si incurrió o no en el delito de malversación de fondos públicos. El 19 de noviembre pasado, la corte de justicia hizo lugar a la cautelar presentada por Guerra y la suspensión quedó sin efecto.
Sin embargo, otras polémicas asolan en el municipio y vinculan al jefe comunal con el emplazamiento de una panadería que estaría utilizando nada menos que la harina destinada a comedores comunitarios. En medio de la pobreza y la necesidad que azota al norte, los centros de asistencia alimentaria vieron interrumpida la provisión de harina desde hace tres meses. El motivo estaría relacionado a un emprendimiento personal del jefe comunal atendido por su esposa, según denunciaron vecinos y periodistas que atestiguaron como la mercadería era descargada en el negocio.
El nerviosismo desatado por la difusión de la noticia fue tal, que el hijo del intendente y ex-secretario de Hacienda Jorge Guerra, ingresó al estudio de FM TransAmérica, agredió al periodista Santiago Moreno y destruyó el equipamiento de la emisora. Moreno había detallado que tiene pruebas de que la panadería de la que hablaba antes del ataque es atendida por la esposa del intendente y que el pan se elabora con harina social, por lo que tendría un precio mucho más bajo que el resto de las panaderías.
Falta de respuestas a pedidos de informe, registros contables sin presentar y operaciones poco transparentes son algunas de las características que se replican en cada caso. Pero el factor omnipresente es, innegablemente, la impunidad. A finales de octubre, en una lastimosa puesta en escena, se amagó con detener al ex-intendente de Campo Quijano Manuel Cornejo, acusado de hacer desaparecer $84 millones. La causa avanza y las pruebas en su contra se acumulan, pero la prisión parece todavía un destino lejano. El célebre Jorge Enrique Prado, por su parte, podría quedar en libertad el próximo 18 de diciembre y pasar la navidad en casa, tras una presentación de su abogado.
De allí que para hallar un antecedente contrario a la impunidad reinante sea necesario remontarse al año 2000, con la detención del ex-intendente de General Güemes Rubén Alberto Cabana. Por enriquecimiento ilícito y otras 18 causas relacionadas a desmanejos de fondos públicos, el ex-juez Roberto Elio Gareca dispuso su alojamiento en Villa Las Rosas. Dos años después, Juan Carlos Romero impulsaría un proceso de destitución contra el magistrado que para entonces había procesado a una veintena de funcionarios locales por corrupción. La impunidad de siempre.
