Con un entusiasmo digno de mejor causa, algún funcionario gubernamental de larga militancia política pronunció la frase célebre que, supuestamente, estaba destinada a legitimar la reforma constitucional, parcial, que se está llevando a cabo en nuestra provincia: “es la primera vez que el poder limita al poder”. Veremos.

Por Alejandro Saravia

Mientras tanto, analicemos. La primera observación o crítica para hacer es respecto a la anacrónica metodología adoptada para las sesiones de las comisiones y de las plenarias: el secreto absoluto. Impropio, desde ya, de una república y contradictorio con aquellos que quieran legitimar la reforma. No sabemos lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice. Secreto ¿Por qué no se transmiten en directo esas sesiones? ¿Por qué ese cariz de misterio? ¿Así quieren legitimar una reforma hecha entre pandemias y cuarentenas?

En alguna entrevista le preguntaron al tristemente célebre Alfredo Yabrán cómo concebía al poder. Y, como si fuera un personaje de Cóppola, de Francis Ford Cóppola, no del también célebre Guillote, contestó: el poder es impunidad. El viernes pasado un Tribunal Oral Federal, hacia el cual se había elevado la causa de los hoteles de la familia Kirchner, instrumentos, los hoteles, históricamente utilizados para el lavado de dinero, en lugar de hacer aquello para lo que legalmente está destinado un tribunal oral, esto es, hacer el juicio oral y público, se despachó con una resolución de 375 fojas en la que analizaba el por qué los varios imputados que llegaban a esos estrados eran en realidad unos pobres inocentes sorprendidos en su buena fe. En lugar de someterlos al debate público, como corresponde, otra vez, en una república que se precie de tal, tapó todo haciendo suyos los argumentos de las defensas. Allí se puso de manifiesto aquello de lo que hablaba Yabrán: el poder es impunidad. Si se necesitó escribir 375 fs. para, supuestamente, fundamentar algo de suyo es que ese algo es discutible y, por eso mismo, inaplicable el método a que se recurrió. El sobreseimiento sin debate público.

Y, sí, como se ve, el poder es impunidad. Pero también es desparpajo. Es hacer carne aquello de George Orwell de que en la granja todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Me estoy refiriendo, obviamente, a su afamada “Rebelión en la granja”. En estas republiquetas, como en la granja de Orwell, hay algunos que son más iguales que otros. Algunos para con los cuales la igualdad ante la ley es una premisa inexistente.

La reforma constitucional provincial en trámite va a cumplir con los dichos del funcionario gubernamental si de ella surge una auténtica independencia de los poderes y de los órganos de control. Si los legisladores, por ejemplo, van a ser realmente independientes del Poder Ejecutivo, ya que su misión es controlarlo y limitarlo, no obedecerle. Pero si un bloque de diputados se va a denominar “Bloque justicialista. Sáenz conducción”, la cosa comienza mal. Refleja que esos legisladores no saben para qué están en el lugar en que están. Si bien ya lo dije alguna vez, lo voy a reiterar: en el sistema presidencialista existe una rígida división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De esa división surge el rol de cada uno que, resumidamente, es controlar y limitar a los otros. No obedecerlos. Si el legislativo obedece al ejecutivo no es un poder, es un apéndice. Una escribanía, como usualmente se dice. Si el oficialismo disfrazándose de oposición postula a los integrantes de la Auditoría General, no sólo es una impostura, es tomarnos por estúpidos.

Algo semejante pasa con el Poder Judicial. Si el poder va a limitar al poder,  la Corte de Justicia, por ejemplo, no puede estar colonizada por amigotes del titular del ejecutivo, porque los amigotes están para comer asados, no para controlar al que tiene la lapicera, para utilizar una figura de la vicepresidenta en su última epístola cortina de humo. Para la designación de jueces de Corte se debe recabar opiniones de todos aquellos predispuestos para tener esas opiniones. Estoy hablando de las universidades, de los colegios profesionales, por ejemplo. Puede ser un Consejo creado exprofesamente para ello, integrado por personas de prestigio y honestidad acrisolada. Una vez recabada esas opiniones, los que se propongan no sólo deben tener un acuerdo de una mayoría calificada de la Cámara de Senadores, sino que éstos, los senadores, deben ser tales, es decir, independientes, también, del poder ejecutivo. Recordemos: están para controlarlo, no para obedecerlo. El senado, al igual que los diputados, no es un club de fans. Son poderes independientes. Si no actúan esa independencia, no son un poder.

A su vez, los integrantes de la Corte de Justicia tienen que ser profesionales ya revestidos de prestigio. Es la culminación de una carrera. Un reconocimiento. Dentro de la justicia o en la profesión liberal. Por eso el piso de la edad debe ser superior al actual de 30 años. Nadie de esta edad tiene aún un prestigio ganado y consolidado, a lo sumo recién lo está haciendo. Quienes vayan a la Corte van a prestigiarla no a servirse de ella. Llevan ese prestigio y su nombre ya consagrado a ponerlo al servicio de la función, no a servirse de ella. Esa dignidad personal ya aquilatada es lo que los hace independientes.

Necesitamos ejemplaridad no oportunismo. Muchas cosas están en juego. Entre ellas, la paz social. A la Corte de Justicia no deben ir comodines. Deben ir los mejores. Desde los vahos del poder sería necesario que se sienta ya, de una vez, el hartazgo social.

 

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