Luego del informe que este medio publicara sobre cómo la provincia viola la Ley de Bosques; el Ministro de Ambiente y Producción concurrirá a la Cámara de Diputados para informar al respecto. Acá recodamos varios puntos que los auditores de la nación denunciaron de la política ambiental de Urtubey.
La cita del ministro Baltasar Saravia y del Secretario de Ambiente Gustavo Paul, es para el día de hoy cuando ambos concurran a la cámara de Diputados a informar sobre diversos temas vinculados a su cartera y entre ellos lo relacionado a la violación a la ley de Bosques; el crecimiento de los desmontes en la provincia y el informe efectuado por Auditoria de la Nación que deja claro que el fracaso de la ley es resultado de una clara intencionalidad que caracterizó al gobierno de J.C. Romero y al de J.M. Urtubey: burlarse de la ley para favorecer a los intereses sojeros y madereros que desmontan a diestra y siniestre.
El encuentro está previsto para las 11 de la mañana y dada la importancia que en esa citación tuvo el informe realizado por este medio a partir del informe de la auditoría general de la nación, refrescamos a nuestros lectores y a los diputados recordar algunos aspectos claves de ese informe:
1.- El informe está firmado en octubre del 2013 aunque se publicó hace unas semanas en la web de la Auditoría General de la Nación. Se trata de 201 páginas que evalúan la implementación de la Ley de Bosques
2.- Los técnicos se tomaron diez meses de trabajo de campo (septiembre del 2012 a julio del 2013) evaluando lo ocurrido en Santiago del Estero y Salta por ser las provincias que poseen regiones con mayor valor de conservación y, por ello mismo, las que recibieron mayor financiamiento nacional para el enriquecer y conservar los bosques nativos.
3.- Aunque la importancia de la Ley radica en establecer instrumentos orientados a controlar la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria, nuestra provincia practica las re categorizaciones que implican desmontes para zonas que originalmente debían no desmontarse aún cuando la ley de Bosques posibilitó también que entre el 2010 y el 2013 Salta percibiera casi 150 millones para lograr lo que no ha logrado.
4.- Según el informe de los auditores, en el Censo Agropecuario de 1937 la superficie efectiva de bosques nativos en el país era de 37.535.308. La misma fuente consigna que entre ese 1937 y 1987 se desmontaron 2.355.308 de ese total. Cifra que entre 1988 y el año 2006 se extendió a otras 6.452.853 hectáreas.
5.- Las provincias que más aportaron a esa cifra fueron Salta y Santiago del Estero. En el caso salteño y según información de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y el 2002 las hectáreas desmontadas fueron 194.386, mientras entre el año 2002 y el 2006, los desmontes llegaron a las 414.934 hectáreas.
6.- Para evitar situaciones como esta se aprobó la Ley de Bosques en el año 2007. La ley suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que debía establecer qué selvas debían preservarse sin alteración alguna (identificadas en color rojo), cuales podían desmontarse parcialmente (identificada con el color amarillo) y cuáles eran los bosques que podían talarse sin restricciones (identificadas con el color verde). También establecía presupuestos mínimos para la conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
7.- En diciembre del 2008, Urtubey impulsó la aprobación de la ley provincial de Ordenamiento Territorial que desconocía la originalmente redactada por un equipo técnico conformado por académicos de la U.N.Sa y optó por el redactado por senadores como el sojero Alfredo Olmedo. Tal proyecto incrementaba la superficie pasible de desmontar.
8.- Otra de las trampas legalizadas por el actual gobierno, fue ahora confirmada por los auditores de la nación. Y es que el artículo 17 de la ley salteña contempla la re categorización de zonas: “La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”. ¿Qué es lo que observan los auditores nacionales? Que la ley salteña contemplan “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”.
9.- Los auditores lograron identificar en nuestra provincia el desmonte ilegal de 14.000 hectáreas utilizando el método de la “re categorización”, aunque organizaciones como FARN, Vida Silvestre y Greenpeace, remitieron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el día 20 de mayo una denuncia que señala que con ese “método” los desmontes ilegales alcanzaron las 400.000 hectáreas, de la cuales cerca de 120.000 se trataban de zonas protegidas.
10. Página 12 reseño en su edición del viernes 23 de mayo algunos de los nombres de propietarios de fincas que también lograron re categorizaciones del Estado salteño. Muchas de ellas son de personalidades como Mauricio Macri e incluso de algunos que son funcionarios del mismo.
11.- La provincia de Salta ha recibido de la nación grandes sumas de dinero para conservar lo que no conserva: los bosques. La provincia recibió $149.515.304 entre el 2010 y el 2013 discriminado de la siguiente manera: $28.034.993 en el 2010; $44.650.594 en el 2011; $42.416.960 en el 2012 y $34.412.757 en el 2013.
12.- El impresionante monto no garantizó ni efectividad en el manejo de los recursos ni control de la deforestación. Los auditores denunciaron demoras “en la ejecución de todos los proyectos”. Con respecto a la compensación a propietarios por no deforestar, los auditores concluyeron que acá los “porcentajes son extremadamente bajos (…) alcanzando un valor máximo en 2013 apenas inferior al 10%”.
13.- Los instrumentos de gestión de la Ley de Bosques fueron tan mal usados que según los auditores, se dieron deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley 26.331 y la aprobación de la ley provincial, como así también en el periodo que va desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011.
