Así lo manifestó la abogada de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez, quien se presentará como querellante en la causa por el femicidio de la docente Rosa Sulca en Villa Mitre. Hasta el momento está caratulada como homicidio calificado por alevosía y criminis causa aunque el hecho representa una violación a los derechos humanos y un crimen contra una mujer indefensa.

Las mujeres están desprotegidas en Salta. El femicidio de la docente Rosa Sulca en Villa Mitre develó solo una parte de un entramado de impunidad que pone a las mujeres como el eslabón más débil e indefenso. Una mujer sola que pidió ayuda al 911 y por inoperancia policial y judicial (aún se encuentra en investigación para determinar las responsabilidades) solo encontró la muerte.

El femicidio es ante todo un término político visibilizado por los movimientos feministas. En Argentina en el año 2012 se sanciona la ley 26.791 La misma modifica el artículo 80 del Código Penal Argentino incorporándole la figura del femicidio. El femicidio no fue incorporado como figura penal autónoma sino que se lo considera un agravante del homicidio.

Pero como término político y no judicial, el femicidio (todo crimen violento contra una mujer) es nombrado por los feminismos y por los medios que optan por una posición política que ayude a develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres.

Lxs detenidxs

En la causa se encuentran detenidxs hasta el momento dos jóvenes: un varón, de 18 y una joven menor de 17 años. La abogada señaló que pese a que la causa sea caratulada como femicidio no significa que luego así se eleve a juicio y se condene bajo esa caratula. Significa ante todo que debe investigarse con perspectiva de género para no dejar pasar ningún indicio.

El mismo Procurador general de la provincia, Abel Cornejo, a través de un escrito titulado “El momento de la verdad” nombró el crimen de la docente como femicidio y dejó en claro que se trata de un asesinato contra una mujer que el Estado en su conjunto está obligado a prevenir.

La madre de la menor de edad acusada del homicidio calificado de Rosa Sulca y su actual pareja, fueron detenidos e imputados hoy por amenazar a sus vecinos y en algunos casos causar daños en sus propiedades, luego de una manifestación que se organizó para pedir justicia para la fallecida. Ambos tenían condena previa, por lo que se solicitó su prisión preventiva.

Previamente dos policías encargados de llegar hasta el domicilio por el pedido de auxilio también fueron detenidos.

Imputadxs

La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, en la causa que investiga el accionar policial en el marco del homicidio de Rosa Del Milagro Sulca. Tolaba se abstuvo de declarar y deberá presentar un escrito dentro de las próximas 48 horas.

Querellante

Pese a que el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Gustavo Torres Rubelt, pidió la detención de las dos personas en la causa caratulada hasta el momento como homicidio criminis causa, con alevosía, la abogada de la Fundación Cinthia Fernández ya adelantó que se presentará como querellante en la causa en la que se investiga el asesinato de la docente Rosa Sulca, cometido el 28 de abril en Villa Mitre.

En dialogo con Cuarto poder la abogada Gabriela Rodríguez señaló que planteará que la causa debe caratularse como un femicidio e informó que la docente no tiene familia y por ello prevén presentarse como querella, harán la presentación como organización.

«Confiamos con Ana Fernández que la jueza Ada Zunino admitirá la presentación de la querella, si trabaja con perspectiva de género, mas allá que la ley local no prevea este caso en particular», describió la abogada.

La letrada señaló que fundamentarán esta querella en el interés que representa la violencia porque no solo vulnera los derechos de la docente sino también de gran parte de la sociedad. Describió que existen intereses colectivos que establecen que las asociaciones se puedan presentar como querellante ante casos de extrema vulneración de derechos humanos. En Salta ya existe un precedente en un caso de una organización que defendió a un animal de maltrato.

Rodríguez señaló que el caso de la docente ya debería haberse caratulado como femicidio porque recordó que en 2019 la Procuración General de Salta adhirió al Protocolo UFEM que funciona dentro de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género del Ministerio Público de la Nación.

«Este protocolo está basado en principios y estándares de Debida diligencia reforzada que lxs fiscales deben considerar al momento de investigar la muerte violenta de una mujer, de esa forma deben procurar que el Estado cumpla con estos estándares para no cometer una infracción». Describió que el protocolo indica claramente que toda vez que haya una muerte violenta de una mujer, ya sea suicidio, accidente, homicidio o muerte dudosa, se debe investigar con perspectiva de género y se debe caratular desde la noticia criminis como femicidio. “Si desde la fiscalía no actúan con perspectiva de género desde el principio ciertos indicios pueden desaparecer y tornar impune un femicidio”, señaló la abogada de la Fundación.

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