En una nueva entrega de «Obras Públicas Escandalosas», el intendente de San Lorenzo «Kila» Gonza y el ministro de gobierno Marcelo López Arias nos enseñan cómo hacer para que el estado embellezca tu cuadra sin poner un peso y que, encima, te sobre plata. (Nicolás Bignante)

 

Imagine que es el intendente de un municipio cercano a la Capital y que el ministro de gobierno provincial vive a metros de su casa. Ahora imagine que con su vecino firman un convenio de obra pública para adoquinar tres cuadras que, curiosamente, son las cuadras en las que están sus domicilios. Imagine ahora que, tras las gestiones de su vecino, le envían fondos para esa obra por un monto que prácticamente cuadruplica la inversión prevista inicialmente. El desenlace de la historia queda a merced de la imaginación del lector, aunque algunas líneas pueden trazarse para ayudar a develar el resto de la historia.

En febrero de este año, la municipalidad de San Lorenzo suscribió con el gobierno de la provincia un convenio de obra pública enmarcado en el Plan Bicentenario de la independencia, un crédito de 350 millones de dólares tomado por la provincia para el financiamiento de obras en los municipios. La obra en cuestión figura como: Adoquinado de la calle Leopoldo Lugones desde avenida San Martín a calle Manuel Belgrano y canalización de pluviales de lluvia. La extensión descripta en el proyecto es de apenas tres cuadras y, casualmente, abarca los domicilios del intendente Ernesto «Kila» Gonza y del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.

La ejecución, según los papeles, quedó a cargo de la municipalidad de San Lorenzo y se fijó un monto de $7.606.585,27 bajo el sistema de ajuste alzado; lo que implica que el precio se fija por adelantado, no pudiendo variarse el mismo aunque se produzcan aumentos o disminuciones de mano de obra o materiales.

Sobra aclarar, entonces, que los efectos de la devaluación de agosto no debieran haber impactado en el resultado de la obra, ni mucho menos en el monto. No obstante, ese mismo mes, la provincia aprueba una asignación de fondos con fin específico para que la municipalidad concrete la obra en caracter de «asistencia financiera»; pero esta vez por un valor de $26.189.157,19.

La cifra es, a todas luces, escandalosa. Cada adoquín de hormigón Inter-trabado de 8cm -los que normalmente se utilizan para estos trabajos- tiene un precio de mercado de $21. Se calcula que, por cada metro cuadrado, se precisan 50 adoquines. Para una vía de 6 metros de ancho se calcula un desperdicio de un adoquín a un lado de la vía por corte de los ajustes, que equivale al 3% del área, y un 2% más por piezas defectuosas. Mientras más estrecha sea la vía, mayor será el desperdicio, que puede ser de un 20% en andenes de 1 metro, o del 2% en vías de 10 metros. En cualquier caso, la superficie a cubrir es de aproximadamente 1800 metros cuadrados; lo que indicaría que el costo real del material principal de la obra rondaría los $1,9 millones. A eso habría que sumarle los honorarios de maestros y obreros que, como sabemos, no vienen muy abultados últimamente. El número no cierra por ningún lado.

Como «kila» no es un ser que demuestre mucho apego a la contabilidad y a la transparencia, los concejales del municipio elevaron un pedido a la cámara de senadores para que se inste al jefe de gabinete y al ministro de hacienda a brindar detalles sobre los recursos girados a la municipalidad de San Lorenzo. Como era de esperarse, ni los concejales, ni los senadores tuvieron respuesta alguna.

La ausencia total de ejecuciones presupuestarias elevó aún más las sospechas sobre el destino de los veintiséis palos, al punto que hoy tramita una denuncia penal por dichas maniobras.

El sablazo bien podría verse como un desfalco más entre los tantos que día a día salen a la luz en el marco del Plan Bicentenario, pero San Lorenzo es una tierra de contrastes. Mientras Provincia y Municipio celebran la pronta inauguración del hogar para mascotas -una obra presupuestada en tres partidas de $2,5 millones y que supuso la entrega de dos hectáreas-, en los centros de salud hay un notable faltante de vacunas para los niños. Asimismo, en la escuela 4055 José Manuel Estrada se encuentran clausuradas dos aulas desde el año 2017, por el deterioro estructural de las mismas. El desplazamiento de las tejuelas supone un grave riesgo para los cientos de chicos que asisten al establecimiento. Por esta situación, séptimo grado dejó de tener clases durante la mañana. A través de notas y firmas de los padres, intentaron llegar al ministerio de Educación en busca de una respuesta.

En la zona sur del municipio, más precisamente en «La Lonja», los casos de alergias y enfermedades respiratorias crecen exponencialmente en esta época del año. Los niños se ven expuestos a lo largo del día a respirar el polvo que levantan los vehículos que transitan por las precarias calles de tierra. Todas estas no son, sin embargo, más que postales olvidadizas para aquellos que caminan entre adoquines.

 

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