A veces, solamente a veces, algunos ciudadanos transitan todo el espinel de la justicia para lograr que le reconozcan un derecho. Son los imprescindibles de los que habla Bertold Brecht, los que luchan toda la vida, aunque tengan que enfrentarse con el poder completo.

En provincias como Salta, cuando se habla de poder no se puede obviar que es transversal, que abarca todos los estamentos, que desde el ordenanza hasta el juez más encumbrado; desde el cabo hasta el comisario; desde el mozo del bar hasta el presidente de una cámara legislativa, trabajan para consolidar lo que está mandado. Y esto lo deciden siempre los “poderosos” y según sus conveniencias grupales o personales. El pobre no tiene mayores posibilidades de éxito, y por lo general no solo termina derrotado, sino también denostado y hasta condenado.

Sin embargo, en estos días transita por su última secuencia el juicio que interpusiera una madre contra un legislador, que comenzó en el 2007. No pide mucho, solamente que se respete el derecho de identidad de su hija.

La etapa cúlmine está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tribunal al que acuden los oprimidos antes de sucumbir indefectiblemente frente a los poderosos.

Según los registros del Poder Judicial de Salta, en el Juzgado de Familia de Primera Nominación, tramitó la causa “R. M. en representación de su hija menor vs. G.M.S. – FILIACIÓN”; Expte. Nº 174141/07.

La demanda fue rechazada en medio de planteos que denunciaban irregularidades en la intervención del demandado y en la producción de la prueba de ADN de la entonces menor.

La jueza de familia habría permitido el ingreso de M.S.G. luego de que se había clausurado el período probatorio, y autorizó extemporáneamente la realización de una prueba biológica que dejó más dudas que certezas. La acumulación de verdades formales pueden erigir a la mentira con forma de sentencia, o provocar incertidumbre tal que justifica nuevas pericias.

La demandante ha puesto en crisis la toma y manipulación de la muestra, realizada en el marco del juicio y, por ende, atribuye maniobras fraudulentas para evitar el reconocimiento de la paternidad del todavía legislador.

En vano ha solicitado la madre que se requiriera el sobre enviado por la “profesional” que realizó el hisopado al Servicio de Inmunología del Banco Nacional de Datos del Hospital Durand.

Nadie quiso corroborar sus dichos con otra prueba. Ni la Sala IV de Apelaciones Civil y Comercial, ni la Corte de Justicia de Salta. Estos tribunales de almidonados magistrados fallaron a favor de los intereses del legislador y, al menos, privaron a la menor de que se tomara una muestra con los resguardos y garantías establecidos por la ley.

La perito que intervino sería la Dra. Estela Martín, quien está registrada en la Corte de Justicia de Salta desde 1994, según lo divulga en una página de internet. En esos tiempos la gratuidad de estos procedimientos solamente permitía realizarlos en el Hospital Durand en Buenos Aires, y las muestras las tomaban en Salta. Era el único camino para las madres humildes que no podían costear estos estudios. Las cosas no han cambiado mucho en estos dias, pero los pesados entrecijos de la justicia no pudieron levantarse para que las dudas se aventaran.

Los jueces dijeron que se trató de una mera disconformidad, y hoy depende de un tribunal internacional que obligue a que se realice otro ADN con todas las seguridades.

El legislador nunca quiso someterse a nueva prueba. A pesar de que su figura pública exigía eliminar la duda, ha preferido sepultar las posibilidades de quien asegura ser su hija.

Las ideologías progresistas que se sostienen virtualmente tienen contradicciones domésticas cuando se amenaza lo que bien podría llamarse el botín. No es solo el demandado, sino un contexto familiar íntimo, el que entra en cuestionamiento cuando se niegan otros vínculos parentales.

Los antecedentes informados en la demanda parecen probar que, al menos, existió trato con la madre que trabajaba en el mismo lugar que el diputado cuando la menor hoy huérfana de padre fue concebida. No son pocos los que aseguran que el reclamo judicial tuvo consecuencias y la madre perdió el trabajo. Otros oponen que siempre ha existido una consideración económica y que eso basta.

La misma obra social en la que trabajaba la madre le desconoció tiempo después el derecho a medicamentos para tratar una “artritis rematoidea” severa, erosiva, cero positiva y en actividad, la que le atacó más de ochenta articulaciones, manos, rodillas, cadera, codos y pies. Solo mediante un amparo judicial pudo obtener los fármacos. Tal vez esta es la cara más cruel del poder que castiga a las rebeldes.

Más allá de la polémica judicial, no puede disimularse la envergadura del demandado, quien no solamente presidió por 16 años la Cámara de Diputados, sino también integró el Consejo de la Magistratura y fue parte del poder influyente en el ámbito judicial en una provincia que sacrificó la división de poderes en las últimas décadas.

La Corte de Justicia no escapó a este tipo de posturas negatorias y se limitó a señalar que los temas procesales no eran suficientes para que revisaran la sentencia. Cerró el caso en estas tierras y, también, la loza de un infierno familiar. El  máximo tribunal salteño sostuvo que las irregularidades en la “cadena de custodia” atribuidas a Estela Martín no podían reanalizarse porque al momento en que tomaron la muestra estaban presentes la madre y su abogado y lo cuestionaron cuando el resultado les fue adverso.

Desde el otro lado insisten en que no estuvo presente el Asesor de Incapaces y que al margen de la toma de la muestra, ésta nunca estuvo preservada de alguna maniobra o cambio en el camino hacia Buenos Aires.

El Gobierno Provincial todavía en manos de Juan Manuel Urtubey recibió una comunicación de la CIDH y el actual habría ratificado las posturas de la justicia provincial cuestionada. Entendió también que el caso está cerrado y que la Provincia de Salta no tiene responsabilidad alguna. Una muestra de que las afinidades políticas generan seguridades más sólidas que las dudas que pudieran comprometer la identidad de una persona.

La CIDH ya ha emitido opinion en casos similares, afirmando que el conocimiento de la realidad biológica, y la identidad de los progenitores de una persona, constituye un aspecto importante de la identidad personal y del núcleo de derechos que la definen. De comprobarse como ciertas las denuncias de la madre, las sentencias judiciales salteñas podrían configurar violaciones de la Convención Americana.

La tenacidad de la madre no tiene precedentes. Pareciera una verdad de Perogrullo que nadie que miente acude a tribunales internacionales levantando la bandera de una hija postergada. Al menos permite sostener que arrastra con ella seguridades íntimas que merecen ser revisadas. Si la sentencia que va a dictarse obliga a un nuevo ADN recién estaría por acercarse a un bocado de justicia. Si el análisis diera positivo estaríamos frente a un escándalo de dimensiones insondables.

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