Contradiciéndose a sí misma, en la misma actitud de reacomodamiento demagógico de Carlos Teófilo Parodi, la ministra de Educación reconoció que los estudiantes que desean percibir Religión son escasos y dejó abierta la posibilidad a que se implemente una materia de educación sexual. (Alfio Bustos)
Sólo 16 mil estudiantes de nivel primario del sistema de educación pública de Salta optaron, a través de pedido manifiesto de sus familias, por recibir clases de Religión en horario extracurricular, tal como se ha organizado el dictado de esa asignatura luego de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de la decisión del Gobierno Provincial que desde 2008 había establecido como obligatoria esa materia. El dictado obligatorio quedó impugnado pero no se prohibió que las instituciones siguieran ofreciendo la formación dogmática en las instalaciones estatales, sostenidas con recursos del erario público.
A instancias de una reunión realizada esta semana para discutir la implementación cabal de la educación sexual en los establecimientos escolares, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, admitió que la oferta extracurricular que su cartera organizó para sostener las influencias eclesiales en el sistema educativo no tiene gran acogida por parte de los tutores del estudiantado. “La cantidad de chicos que manifestaron que recibirían educación religiosa, según nuestros registros, es 16.000. Hay algunos que se están incorporando, son 184.000 los alumnos de primaria”, le confesó la profesora de Historia a un matutino local.
Ello representa prácticamente el 8,7% de la matrícula total de inscriptos, un número insignificante si se tiene en cuenta las afirmaciones que hacía la propia Berruezo el año pasado cuando se realizaban las audiencias previas a la decisión que tomará la CSJN en el epílogo del 2017. Consultada por los miembros del máximo tribunal, en franca defensa del dictado religioso y las prácticas confesionales en instituciones que tendrían que ser laicas, la ministra afirmaba que desde su cartera hicieron “un proceso de selección de contenidos a instancias de lo que piden los padres”. Los números conocidos en los últimos días hacen ostensible que una muy escasa minoría de tutores son los que hacen pedidos específicos relacionados a la formación en credos, mientras que la gran mayoría no presenta particular interés por que sus hijas/os reciban instrucción en cultos dogmáticos de cualquier especie.
Contrariamente a ello —y reconocido también por la ministra y otras figuras del oficialismo provincial— las y los estudiantes muestran avidez por tomar clases que aborden la educación sexual desde un prisma integral y con perspectiva de género. Las valoraciones que realizó la titular de Educación, Ciencia y Tecnología recientemente dejan entrever algo que este semanario ha venido analizando: el terreno que viene perdiendo la Iglesia Católica como principal grupo de presión hace que ya no sea del todo conveniente hacerse eco de sus requerimientos. Honrosa funcionaria de la casta política, la ministra prioriza la demagogia antes que sus difundidas creencias eclesiales, y por eso hizo un cambio rotundo en sus apreciaciones, aún a riesgo de dejar al desnudo su oportunismo.
Las contradicciones entre los diagnósticos que viene haciendo Berruezo y sus intervenciones de esta semana no se agotaron en el asunto de la educación religiosa, sino también alcanzaron a la Educación Sexual Integral (ESI). A principios de mayo último, una de las dos mujeres del actual Gabinete de Juan Urtubey había aseverado que “hay muchos papás que no están de acuerdo” con el dictado de la ESI. En aquella ocasión también negó taxativamente que se fuese a implementar una asignatura específica e insistió con que la Provincia ofrecía ESI de modo transversal a todos los contenidos, hecho que no pudo constatarse jamás, ni con testimonios ni con pruebas concretas ofrecidas por el ministerio.
Contradiciendo a la funcionaria, en horas recientes, Carlos Teófilo Parodi, exjefe de Gabinete al momento en que Berruezo tomó posesión en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, recalcó que “el 80% de los chicos pidió tener más contenidos de educación sexual”. Parodi es otro que en los últimos días ha pretendido aprovechar la amnesia colectiva y proponer medidas que durante sus diez años como ministro predilecto se negó a implementar. Sin ir más lejos, la reunión que se realizó el jueves pasado fue promovida personalmente por Parodi, quien intenta posicionarse como propulsor de que la Provincia incorpore una materia específica de educación sexual, aquello que la ministra había negado rotundamente hace poco menos de dos meses.
De 184.000 alumnos de primaria en toda la provincia, sólo 16.000 manifestaron (o sus padres lo hicieron) que desean cursar clases de Religión en horario extracurricular. Prácticamente el 8,7% de la matrícula total de inscriptos.
Minimizar
Consultada sobre el caso de la escuela Submarino ARA Salta de la delegación municipal de San Luis, donde madres y padres denunciaron que la institución había invitado a los estudiantes a participar de una misa en la Catedral durante el horario escolar, la hermana de Carlos Berruezo, socio de MEGA SRL —firma múltiples veces beneficiada con licitaciones públicas de la Provincia—, opinó que se trató de un caso aislado e indicó que ya se había dialogado con la dirección del establecimiento para que, en adelante, se abandonen ese tipo de invitaciones.
Subrayó que la participación de estudiantes en las misas de antesala a la procesión del Milagro debe ser a contraturno, fuera del horario escolar. “Los chicos tienen la libertad de asistir o no. Siempre es a contraturno, en todos los casos”, fundamentó. Lo cierto es que esa denuncia no fue la única que se presentó desde que la CSJN fallara contra la educación y prácticas de adoctrinamiento religioso en las escuelas de administración estatal. De hecho, luego de tomar estado público lo sucedido en el establecimiento Submarino ARA Salta, el Observatorio por la Educación Laica anticipó que presentará delaciones judiciales por las conculcaciones.
Aunque la ministra juró que ya se había intervenido ante la notificación de la escuela de San Luis, no se especificó si se labrarán sanciones contra los directivos de la institución. Tampoco se baraja la posibilidad de instrumentar un protocolo de castigos para que de aquí en adelante la comunidad educativa, independientemente de sus creencias personales, acate sin matices la sentencia del máximo tribunal nacional.
