El Observatorio Petrolero Sur, publicó un amplio informe sobre las tensiones entre las provincias petroleras (entre ellas Salta) y la nación por la nueva Ley de Hidrocarburos. El eje de la discusión es el “sistema de acarreo” aunque las diferencias parecen diluirse por la necesidad de promover la inversión.
Ante ello, afirma el informe, la pregunta que divide aguas es quién, dentro del ámbito público, reducirá su expectativa de renta en pos de un mejor escenario para las transnacionales. A continuación, transcribimos el informe completo:
“A nivel público, la discusión parece centrarse en un punto específico: el método “carry” (acarreo). Éste se define como la posibilidad de que las empresas petroleras provinciales, sin aportar capital de inversión, participen de las concesiones en alianza con compañías privadas, con porcentajes de entre 10 y 15%. El primer borrador presentado por la Casa Rosada, deja en claro que se pretende eliminar este mecanismo tanto a futuro como retroactivamente. Si bien esto involucra a buena parte de las jurisdicciones, se destaca visiblemente la situación de la petrolera neuquina GyP. Esta cuenta con 54 áreas sobre las muy pretendidas formaciones de Vaca Muerta y Los Molles que, según la Agencia de Información de Energía de EE.UU., concentran más de un tercio de los hidrocarburos no convencionales de Sudamérica y son las más prospectables, a nivel global, por fuera de Norteamérica.
Vaca Muerta está sometida a una fuerte disputa entre YPF y GyP. La compañía conducida por Miguel Galuccio es una de las que mayor presencia tiene allí, al concentrar cerca del 40% de esa superficie, según estima la empresa. El argumento principal de Nación e YPF, en su crítica al sistema de carry, es que éste incrementa los costos de los inversores extranjeros y sería una de las causas por las que el desarrollo de Vaca Muerta no despega con toda su fuerza. Asimismo, es importante notar que la mitad de las áreas que controla YPF están bajo este esquema y se encuentran próximas a vencer. La tensión es importante y si bien Neuquén aceptaría perder una parte del negocio, no se resigna a quedar afuera.
Ante un escenario de restricción de divisas, cuantiosas importaciones de gas y mínimas inversiones -a excepción de YPF-Chevron- tanto Nación como las provincias (centralmente Neuquén) defienden distintos modelos de negocio para la nueva etapa de la que no quieren quedarse afuera. Sin embargo, lo destacable, más que las diferencias, son los acuerdos. El horizonte de esta reforma normativa es definir reglas claras para la inversión y beneficios económicos para bajar costos con el fin de hacer atractivo el desembarco trasnacional, tanto en no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la seguridad de que esto permitirá al país salir del atolladero energético.
Los proyectos y una vieja discusión: autonomía o nación
El Acuerdo Federal de Hidrocarburos presentado por Nación a las provincias busca homogeneizar y unificar el complejo marco jurídico del sector a fin de facilitar las nuevas inversiones y futuras operatorias. Con este objetivo, se introducirían los siguientes elementos:
La carga tributaria se uniformaría y congelaría, restringiendo los ingresos provinciales a las regalías y bloqueando futuras modificaciones; Existirían Pliegos Modelos de concesión similares para todas las jurisdicciones; Mismo marco jurídico ambiental; Se extenderían los mecanismos promocionales de los decretos 927 y 929/13, con un piso que baja de los US$ 1000 a US$ 250 millones de inversión; Se eliminarían las áreas de reserva provinciales, lo que imposibilitaría el actual sistema de acarreo.
Otro punto, mencionado en el documento al pasar, es la explícita restricción a los municipios para legislar en cuestiones atinentes al sector. “Se procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten normas que interfieran con dicha actividad”, establece el borrador como un mensaje para las más de 30 localidades que sancionaron ordenanzas que prohíben el fracking.
La respuesta de las provincias no se hizo esperar. Siete días después de discutir el borrador de Nación, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) presentó un texto que si bien coincide con la necesidad de “coordinar y concertar un conjunto de reglas uniformes y coherentes para la actividad”, también buscó rebatir lo que consideran un ataque sobre sus potestades y autonomía en relación al manejo del petróleo y el gas.
El documento detalla los ejes de un ‘Régimen Federal de Promoción de inversiones y Responsabilidad Social Empresaria para la extracción de Gas y Petróleo No Convencional’ cuyo objetivo es atraer inversiones por US$ 100 mil millones en los próximos cinco años y, en términos generales, dota de mayores facilidades y libertades a las operadoras trasnacionales.
En primer término, los gobernadores argumentan que las promociones no deberían ser estipuladas por monto de inversión, la Nación proponía beneficiar a quienes inviertan más de US$ 250 millones, sino que debían evaluarse según cada proyecto a fin de analizar las particularidades de cada caso. Aún así, resaltaron que deberían existir algunos lineamientos generales tales como:
Amortización acelerada (con el impuesto a las ganancias); Libre disponibilidad de utilidades para los inversores extranjeros; Autonomía a nivel provincial y municipal para otros incentivos; Unificación de los precios a escala nacional y una incorporación de subsidios dentro de lo que se denomina ‘precio’ (por lo que las provincias podrían percibir regalías en base a los nuevos precios, triplicados en el caso del gas en los últimos tiempos por ejemplo); Retomando el art. 41 de la Constitución Nacional, las provincias deberán sancionar normas específicas de protección ambiental
Pero, una vez más, lo importante no sólo son las diferencias entre los proyectos sino las coincidencias: desarrollar nuevos yacimientos a como dé lugar. Para esto, existe coincidencia en ambos proyectos en: Extender los plazos de las concesiones a 35 en los yacimientos no convencionales, con posible prórroga de otros 10, a diferencia de los 25 años que rigen para los convencionales; Implementar programas de Responsabilidad Social Empresaria como forma de inversión social; Los ya mencionados beneficios impositivos; Infraestructura necesaria para la nueva etapa será con aportes de Nación.
Esta reestructuración del marco regulatorio pretende habilitar, ahora sí, un panorama de ingreso masivo de divisas. El documento de los gobernadores -recordemos- cuantifica en US$ 100 mil millones el monto deseado de ingreso durante los próximos cinco años.
Las discusiones en torno a nuevos beneficios para el sector no pueden desvincularse de la visita al país del Secretario Adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, quien en mayo pasado recorrió Vaca Muerta y se reunió con el ministro de Planificación Julio de Vido, junto al que selló un acuerdo de cooperación energética. Esta firma se suma a una serie de pasos dados para amigarse con los mercados en busca de crédito y generar escenarios de inversión: el pacto con Chevron -agosto de 2013-, el acuerdo ante el CIADI -octubre de 2013-, el cierre del proceso expropiatorio con Repsol -abril de 2014- y el acuerdo con el Club de París -mayo de 2014.
Las reuniones que llevan adelante los gobernadores que integran la Ofephi y altos funcionarios del Gobierno Nacional y de YPF sentarán las bases para la explotación petrolera por casi medio siglo. Sin embargo, las negociaciones se develan por “filtraciones” periodísticas y trascendidos. Metodología que se condice con el secretismo y la falta de información que ha caracterizado las definiciones centrales de la política que siguió a la expropiación parcial de YPF y el convenio firmado con Chevron. Un tema que engloba los intereses de todo el país y de cuya definición sólo participa un grupo reducido de personas.
Las estrategias difieren en la forma de cómo dos empresas mixtas, bajo rótulo de S.A. y con escasa transparencia, buscan insertarse en el naciente mercado de los no convencionales a partir de alianzas con trasnacionales en tanto aportantes de fondos y tecnología. Cada cual y en diferentes estadíos, han propiciado la entrada en la región de Chevron, Shell, Total, EOG Resources, Dow, Wintershall y ExxonMobil, entre otras. De esta manera las políticas públicas en materia de energía no apuntan a satisfacer las necesidades de la población, sino más bien a garantizar la competencia en el mercado hidrocarburífero global. De este modo, se omiten puntos centrales del debate: las implicancias ambientales a nivel local y global, la conceptualización de la energía más allá de los hidrocarburos y, en última instancia, la pregunta en torno a la energía para qué y para quién.
En suma, los hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de fronteras avanzan librados a las fuerzas de mercado sobre áreas protegidas (Auca Mahuida, por ejemplo), territorios indígenas (como las comunidades mapuche Campo Maripe y Gelay Ko), tierras agrícolas (chacras del Alto Valle del Río Negro) y, muchas veces, en contra de la voluntad de la población (como la represión en el acuerdo YPF-Chevron, en Neuquén, y la demanda para declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza anti-fracking en Allen); al tiempo que encierra la matriz energética y productiva en los combustibles fósiles y la exportación de recursos naturales. El debate queda restringido a beneficios económicos y al corto plazo, en un marco de negociaciones que a futuro, fondos buitre y pagador serial mediante, parece reducir considerablemente el poder de fuego del ámbito público. Los actores privados y trasnacionales, que, al no considerar YPF, concentran el 70% de la extracción de hidrocarburos, han logrado en los últimos tiempos cuantiosos beneficios, que se suman al largo historial que pulverizó el planteo de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de retornar a los hidrocarburos como recurso estratégico y no un commodity. Entonces, ¿para quién se hace esta reforma?
