La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que prohíbe el ingreso a casinos y casas de apuestas a quienes perciban planes sociales. Bajo el pretexto de “proteger a los más vulnerables”, los legisladores Gustavo Dantur y Daniel Segura consagraron una norma que roza la inconstitucionalidad, estigmatiza a los pobres y deja sin resolver los verdaderos problemas del juego compulsivo.
El martes pasado, la Legislatura salteña dio media sanción a un proyecto de ley que, según sus autores, busca “reforzar medidas de prevención contra el juego compulsivo”. En la práctica, lo que hace es crear un registro provincial de beneficiarios de planes sociales y prohibirles el ingreso a casinos, salas de bingo, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas. El plan maestro es obra de los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, quienes encontraron en la demagogia punitivista un atajo fácil para la tribuna mediática.
Dantur defendió la iniciativa con un argumento paternalista que no resiste ni la primera lectura de la Constitución: “Estos beneficios permiten cubrir alimentos, medicamentos, escolaridad y vestimenta. La propuesta busca resguardar que esos recursos lleguen efectivamente a los niños y no queden en un casino”. Traducción libre: el legislador presume que un padre o una madre beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo es incapaz de administrar el dinero que recibe y necesita de su tutoría legislativa para no malgastarlo.
Para reforzar la épica, Dantur citó estadísticas de la OMS sobre ludopatía y sostuvo que “lejos de restringir libertades, esta medida protege derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”. Segura, su compañero de cruzada, sumó otro condimento moralizante: “el juego problemático creció también en las apuestas online, aumentando la vulnerabilidad de muchas familias, sobre todo en los pueblos del interior”. Un argumento que, de tan amplio, serviría igual para prohibir Netflix, la compra de celulares o cualquier gasto que alguien decida catalogar como “superfluo”.
Una ley con pies de barro
Más allá de la retórica paternalista, la iniciativa despierta serias dudas de constitucionalidad. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Sin embargo, Dantur y Segura impulsan una norma que solo castiga a quienes perciben asistencia estatal, mientras que cualquier persona con empleo formal, salario en blanco o incluso fortuna heredada, puede dilapidar sus ingresos en la ruleta sin que nadie le cierre la puerta en la cara. ¿El problema es la ludopatía o la pobreza?
El artículo 19 agrega que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Ir a un casino con dinero propio no constituye delito ni afecta derechos de terceros. ¿Con qué autoridad moral o jurídica un legislador provincial puede decidir que esa libertad se extingue si la billetera del jugador incluye la AUH?
El proyecto también violenta la protección de datos personales. El registro de beneficiarios sociales deberá estar disponible para todos los casinos y casas de juego de la provincia, con la misión de cotejar la identidad de cada cliente. Es decir: el Estado provincial entregará a empresas privadas la información de quién cobra un plan, consolidando un sistema de control que vulnera la intimidad y convierte a un derecho social en un estigma público.
Un bosquejo impracticable
Más allá de los principios jurídicos, el proyecto se derrumba en la práctica. ¿Cómo se controlará que cada persona que ingrese a un casino no esté en el registro? ¿Se exigirá el DNI a todos los apostadores? ¿Qué ocurre si un beneficiario asiste acompañado y apuesta por interpósita persona? ¿La prohibición incluye plataformas online, que no tienen sede en la provincia?
La respuesta probable es la discrecionalidad: un mecanismo que abre la puerta a arbitrariedades, sanciones caprichosas y un nuevo festival burocrático que no resolverá el problema de fondo. El juego clandestino, por ejemplo, seguirá funcionando sin controles, mientras que los jugadores compulsivos con empleo en blanco podrán fundirse sin que nadie les pregunte de qué viven.
La ludopatía es una adicción que atraviesa todas las clases sociales. Los datos disponibles muestran que afecta tanto a profesionales como a trabajadores informales, jubilados o beneficiarios de planes. El sesgo clasista del proyecto es evidente: se trata de criminalizar la pobreza, no de combatir una enfermedad.
Las políticas públicas que funcionan en otras jurisdicciones apuntan en otra dirección: programas de prevención y tratamiento de la ludopatía, sistemas de autoexclusión voluntaria para jugadores que reconocen su problema, controles fiscales estrictos a las casas de apuestas, regulación seria del juego online, campañas de concientización y acceso a dispositivos de salud mental. Nada de eso aparece en el proyecto salteño.
La paradoja es brutal: mientras se restringe la entrada a los beneficiarios de la AUH, el Estado sigue habilitando casinos, autorizando bingos y otorgando licencias de juego en línea. Si el problema es la ludopatía, ¿por qué se siguen expandiendo los negocios del azar en lugar de limitarse? Si el problema es el mal uso de los recursos públicos, ¿por qué no se cuestionan los contratos con empresas de juego, que suelen ser verdaderas aspiradoras de dinero estatal vía impuestos blandos y excepciones impositivas?
Retroceso de derechos
Convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana o la Convención sobre los Derechos del Niño, obligan al Estado a garantizar la igualdad y la no discriminación. Convertir a los beneficiarios sociales en un grupo sospechoso, incapaz o moralmente inferior no es “proteger infancias”: es institucionalizar un prejuicio.
La Corte Suprema ha sido clara en numerosas sentencias: toda política pública que establezca tratos diferenciados debe tener una justificación objetiva, razonable y proporcional. Aquí, la única justificación parece ser la demagogia: mostrar dureza contra los pobres, como si fueran ellos y no el propio Estado los responsables de la proliferación del juego.
¿Y los asesores?
El costado más tragicómico de esta historia es que cada diputado provincial cuenta con equipos de asesores jurídicos pagados con fondos públicos. Según un informe de la Fundación Libertad, cada legislador le cuesta al año al presupuesto estatal más de $1.182 millones entre dietas, viajes, viáticos y sueldos de asesores. Se supone que estos últimos están para advertir cuando un proyecto viola la Constitución o genera riesgos legales evidentes. Sin embargo, aquí nadie levantó la mano. O tal vez la levantaron, pero el eco de la tribuna fue más fuerte que la letra de la Constitución.
Demagogia en tiempos libertarios
El proyecto de Dantur y Segura es un síntoma de época: legislar para el aplauso rápido, señalando a los más débiles como responsables de problemas complejos. Una prohibición fácil, con alto costo simbólico y nula eficacia real. La ludopatía no se resuelve con registros ni vetos de ingreso: se resuelve con políticas públicas serias, universales y sin prejuicios de clase.
Mientras tanto, la Legislatura dedica horas a discutir si un beneficiario de la AUH puede jugar en una tragamonedas, pero guarda un silencio reverencial sobre las verdaderas urgencias: pobreza estructural, juego clandestino, falta de políticas de salud mental, regulaciones laxas al negocio del azar. En esa omisión está el verdadero escándalo.
El proyecto que pasó al Senado no es un instrumento de protección sino un atajo populista que degrada derechos básicos. Un gesto de oportunismo político disfrazado de política social. Y una muestra más de que, en tiempos de crisis, siempre es más fácil pegarle al eslabón más débil que cuestionar a los verdaderos ganadores del sistema.
