El abogado de Zulema Yoma asegura que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Gobierno de Salta puso trabas en la investigación por la muerte de Carlos Menem Junior. Presiones políticas y excusas que el letrado compartió con Cuarto Poder en Buenos Aires. (Lula González)

La causa de la muerte de Carlos Menem Jr. está viciada con una investigación trabada por la misma Justicia, donde incluso las provincias, a través de sus organismos judiciales, no permiten llevar a cabo la investigación pertinente. El hecho ocurrió en la localidad de San Nicolás, en marzo de 1995. La caída del helicóptero les costó la vida al hijo del ex presidente y al automovilista Silvio Oltra.

Juan Gabriel Lábake es un histórico militante peronista. Fue diputado nacional, asesor presidencial, y diplomático. Tomó la causa en 2009 y desde entonces se dieron algunos avances. El objetivo que tiene como abogado de Zulema Yoma es lograr el cambio de carátula de “accidente” a “doble homicidio culposo”.

¿Pero cómo juega Salta en esta megacausa que la ex primera dama considera el “tercer atentado”, tras los ataques a la Embajada de Israel en el año1992 y a la AMIA en 1994? Lábake habla sobre las trabas que puso el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del gobierno de la provincia en la investigación por la muerte de Menem Junior.

“Los del CIF de Salta arrugaron, nos mintieron y el Procurador General de Salta dio una burda excusa diciendo que no estaban las herramientas necesarias, cuando el equipo técnico había explicado que lo iban a realizar, pero no lo hicieron”, declara Lábake.

Una causa turbia

“La primera fuerza que hace la pericia del helicóptero siniestrado es la Fuerza Aérea y lo hace ‘in situ’, aproximadamente tres horas después del accidente. Con mal criterio parte de la base de que fue un accidente y establece que podría ser por fallas mecánicas o humanas. En connivencia con la empresa de helicópteros aseguran que se debe a fallas humanas. No sé si miraron mal, pero no ven los orificios de bala”, explica el abogado.

Y continúa: “No sé si miraron mal o son un poco cortos de vista, pero en esos peritajes no ven los orificios de bala, hay orificios que cualquier perito puede considerar que son orificios dejados por un remache que saltó. Pero hay algunos que no los puede confundir ni un niño porque están en la panza del helicóptero, donde no hay remache. Increíblemente, al día siguiente del accidente, la Fuerza Aérea ya libera la turbina, el motor, el rotor, la cola y la hélice. Con el resto sí hacen la pericia, dicen no encontrar fallas mecánicas y denuncian que fueron fallas humanas. Eso pasa al Juzgado dos meses después, cuando Zulema Yoma estaba en estado de shock total. Sus dudas comienzan tres o cuatro meses después, cuando desde su propio círculo le cuentan que el caso tenía cosas raras”.

Tras estas conjeturas, Yoma contrató a un perito propio, Jorge Locles. Sus investigaciones comprobaron que se entregó demasiado rápido la chapa a la compañía de seguros y que ésta pagó el total y vendió la chatarra a un depósito privado. De esta manera, la ex Primera Dama solicitó que se peritara esa chapa, que correspondía al 20 o 25% del resto del helicóptero. Lo demás, al no entrar en el camión para ir al depósito, fue increíblemente serruchado y partido en pedazos.

– ¿Por qué se viciaron las pruebas de un caso tan importante?

– Lábake: Es un indicio de que algo estaban ocultando. O también mala praxis, o de idoneidad, si se quiere. Difícil de pensarlo, porque la Fuerza Aérea tiene una junta de investigaciones de accidentes aéreos que posee una enorme experiencia. Especifica que es la que actúa acá con una enorme experiencia, por lo que hay que atribuirlo a cierto apresuramiento sugestivo, digámoslo así.

Finalmente, Zulema Yoma logró que el juez Carlos Villafuerte Ruso ordenara que esa chapa fuera entregada al Juzgado, y pidió que Gendarmería peritara sobre la misma. Por derecho como querellante, Yoma nombró perito a Locles y encontraron (sólo en ese 20% de chapa) 18 orificios de bala, cuyo calibre (7.62) es el utilizado por el fusil FAL y otros. Se ordenó el análisis químico de los alrededores de los orificios y encontraron plomo, por lo que no hubo duda: fueron balas. Sorpresivamente, el juez no consideró las pericias porque fueron hechas fuera del control policial y argumentó que los disparos, por haber estado la chapa en un depósito, podrían haber sido hechos por la interesada o alguien allegado a ella. De esta manera, la causa dormiría por casi veinte años, hasta el 2014, cuando el perito volvió a reconfirmar lo que la madre de Carlos Menem Junior sospechaba.

Otro perito de la querella, Enrique Prueger, especialista en imágenes, reafirmó que el helicóptero fue baleado mientras volaba. Sin embargo el juez no hizo valer la pericia por pertenecer a una querella privada. “Si él confirmó que no fue un accidente y se encontró las marcas de balas, el magistrado tenía la obligación de realizar nuevas pericias. La abogada de Yoma sorpresivamente (y de la cual sospecho) no hizo nada al respecto, tenés que ser muy mala letrada como para no pedir nuevos estudios oficiales”, opina Lábake.

Las pistas y el pedido a Salta

“El expediente judicial, cuando yo tomo el caso, contenía más de 12 mil fojas (hoy cuenta con 14.500)”, relata el abogado. “Descubrí que todas las fallas radicaban en que el juez no hizo las pericias de comparación de imágenes”, agrega. En el año 2010, el juez concedió esta pericia, pero lo que parecía camino allanado en la causa, tal vez la resolución de la causa por parte de los querellantes, se convirtió en un camino empedrado, esta vez por la falta de ayuda de las instituciones judiciales.

En primera instancia, el juez encargó la pericia de las chapas al FBI. Sin embargo, el organismo estadounidense no aceptó el trabajo. Posteriormente, esta tarea fue encomendada sin éxito a la Gendarmería Aerocomercial Francesa. El pedido se realizó hace cuatro años y medio. El organismo internacional nunca contestó.

Lábake entonces centró su mirada en el CIF de Salta: “Nos enteramos que el Poder Judicial de Salta tenía un equipo muy bueno, estábamos convencidos de que allí podríamos haber llegado a una verdadera solución. Incluso podría haber mostrado estar a la altura de organismos como el FBI u otras por esta mega causa. Pero dos semanas después el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, informó que no iban a realizar los estudios porque no contaban con el material”.

Lábake asegura que “el CIF arrugó como lo hizo la Policía Federal y también la Gendarmería”. Finalmente el Conicet, con un centro de investigaciones en la Universidad Nacional de Tucumán, se hizo cargo de la investigación, pero el abogado querellante teme que al igual que ocurrió con el CIF de Salta, las presiones políticas pesen más que la investigación. “La información se dilata porque los peritos tucumanos deben estar muertos de miedo, nuestro temor es que por esta situación el dictamen que se dé sea difuso o confuso, una pericia ‘ni’, por decirlo de alguna forma”, confiesa el abogado. Los estudios se presentarán la segunda semana de octubre.

El abogado insiste: “Acá no hay duda, los orificios son de balas, y eso no van a poder negarlo.”

En el nombre del hijo

Otra pregunta que surge en la megacausa es por qué el ex presidente Carlos Menem se refirió a la misma como un “atentado” sólo en los últimos años y mantuvo silencio durante su gestión. Sin embargo, el abogado de Zulema Yoma niega que esto haya sido así: “Menem en diversas oportunidades dijo que era un atentado y sobre todo cuando todavía era un Presidente en funciones, para muestra puede ver sus declaraciones La Nación del 4 de enero del año 1998, yo también me sorprendí de este dato cuando cuestioné a mi clienta el silencio del padre”.

Los pasos a seguir

Lábake asegura que “si (las pericias desde Tucumán) coinciden con lo que los peritos han dicho pediremos que se cambie la carátula y ahí termina el deseo de Zulema, Probablemente se abrirá una nueva causa por las pericias al cadáver. Por lo pronto, empezar a buscar que deje de ser visto como un accidente para ser considerado lo que fue: un doble homicidio culposo”.

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