Crímenes cada vez más violentos, casos difíciles de esclarecer y hechos delictivos de complejidad inusitada son algunas de las características de la coyuntura actual en materia de Seguridad. ¿La realidad salteña se acerca a la de las grandes capitales?
Por Nicolás Bignate
El pasado 10 de octubre al costado de la autopista Circunvalación Oeste, los cuerpos de Romina Zerda y Pablo Tolaba fueron hallados dentro de un vehículo con disparos en la cabeza. Los efectivos policiales que actuaron en primera instancia habían dado por hecho que los decesos habían sido producto del siniestro automovilístico. Ese mismo fin de semana, tras una disputa entre comerciantes del Parque San Martín, fue asesinado de un corte en el cuello el joven Nahuel Vilte, de 21 años.
Días más tarde, el 22 de octubre, Agustina Abigaíl Cruz sería asesinada a puñaladas en un callejón de Coronel Moldes a plena luz del día, mientras se dirigía al colegio. Por el hecho fue detenido e imputado Juan Rodrigo Gallardo, su ex-pareja de 20 años a quien Agustina había denunciado por hostigamiento y violencia. El conmocionante caso disparó el debate sobre la necesidad de contar con medidas preventivas eficientes, entre ellas, las consignas policiales. A una semana del femicidio, el país volvería a posar sus ojos sobre Salta, esta vez por la gravísima denuncia de una vecina de Barrio Floresta. La mujer, víctima de violencia de género, declaró haber sido abusada nada menos que por el uniformado que estaba a cargo de su resguardo.
A mediados de noviembre, el ciclista Ramiro Sagasta (44) fue hallado al costado de la ruta 28 con quemaduras graves en todo su cuerpo. Falleció a causa de las mismas mientras era trasladado al hospital San Bernardo. Según informó la fiscalía, el hombre se había detenido en una estación de servicio para cargar combustible en un recipiente, lo que fue considerado como un indicio de que se habrá quitado la vida.
En el norte provincial la situación no es menos grave y, de hecho, no se salvan ni los jefes comunales. En Rivadavia Banda Norte, un grupo comando abordó en la semana pasada el domicilio del intendente Atta Gerala en horas de la madrugada. Lo golpearon, amenazaron a su familia, robaron $16 millones y escaparon a bordo de una camioneta Toyota de su propiedad. La misma sería encontrada horas más tarde en inmediaciones del pueblo de Hickmann totalmente incinerada. Con sus particularidades, el hecho recuerda al caso del exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, por el que se hicieron más de una quincena de allanamientos orientados a encontrar pruebas de enriquecimiento ilícito.
Entre los casos más recientes y de mayor gravedad se destaca el secuestro del empresario de transporte Víctor Giménez (76) en inmediaciones de la ruta 26. Catalogado como el primer secuestro extorsivo de la historia criminal de Salta, el hecho culminó con la detención de cuatro sospechosos y la liberación de la víctima gracias a la efectiva intervención del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).
Pero, ¿qué relación o factor de coincidencia se puede establecer entre cada uno de estos casos? ¿Constituye este compendio delictivo un indicio inequívoco del aumento de la inseguridad en Salta? ¿El delito en la provincia está atravesando un proceso de agravamiento y/o de complejización?
Inseguridad en aumento
Antes de dejar su cargo en el ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro expuso estadísticas ante el senado provincial que dejaron en evidencia el aumento en la conflictividad social y el delito en Salta. A octubre de este año, se contabilizaron 26.600 actuaciones por causas relacionadas con el consumo de alcohol, 47.000 actuaciones por violencia familiar o de género y 73.000 causas por desorden en la vía pública. Respecto a los delitos contra la propiedad, crecieron un 13% en lo que va del 2021 con 32.500 actuaciones por robo, hurtos o accionar de motochorros; también aumentaron los delitos contra las personas, con 49 homicidios dolosos, de los cuales 10 fueron femicidios.
Pero más allá de los guarismos, lo llamativo de la coyuntura actual tiene que ver con un proceso que los expertos catalogan como de «especialización» y/o «complejización» de los casos. Al margen de su gravedad, los hechos rotulados de esa forma exigen un marco de intervención más sofisticado. Se trata de sucesos en los cuales no están los elementos suficientes para develar lo que ocurrió o que, en el peor de los casos, se actuó con la intención y los conocimientos necesarios para no dejar rastros, ni huellas. En tal sentido, señalan los que saben, Salta no está muy lejos de las grandes ciudades.
Un fenómeno multicausal
Encontrar un atisbo de explicación al fenómeno implica surfear en un mar de causales que van desde la realidad demográfica de la provincia, hasta los imaginarios colectivos reproducidos sobre el delito. Los últimos datos en relación al crecimiento de la población en conglomerados urbanos corresponden al censo 2010 y los próximos se conocerán el año entrante. No obstante, las proyecciones oficiales ubican a Salta como uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional en la última década. Buena parte del fenómeno se explica por el desplazamiento de individuos desde otros centros urbanos que pueden estar tanto dentro como fuera de la provincia. Muchos de ellos lo hacen, precisamente, en busca de mayor seguridad.
Por otro lado, el análisis de la pirámide poblacional de la provincia arroja que la tasa de natalidad continúa ubicándose por encima de la de letalidad. Mientras que a nivel nacional la Tasa Global de Fecundidad (TGF) es de 2,2 hijos por mujer, en Salta ese número llega a 2,4 según la Dirección Nacional de Población. De cada 100 personas, 58 se encuentran en condición de dependencia, ya sea por ser menores de 15 años o mayores de 64.
Si bien las vinculaciones entre el crecimiento poblacional de las ciudades y el aumento del delito no son concluyentes, existe un relativo consenso en cuanto a las implicancias de la realidad socioeconómica en los índices de criminalidad. Se sabe que el aumento de la masa poblacional en la provincia no se dio precisamente en un marco de inclusión ni aumento de oportunidades reales, lo que decididamente tuvo un impacto en la realidad delictiva local. Las estimaciones del INDEC señalan que al menos 70 mil familias en Salta no cuentan con una vivienda. Además, al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Los hogares debajo de la línea de la pobreza, en tanto, llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).
Otro de los aspectos en los que se hace hincapié es en la ubicación geográfica de la provincia, muchas veces referenciada como lugar de acceso y desarrollo del narcotráfico, el contrabando y otros delitos de frontera. Ya sea por cuestiones vinculadas al consumo o a la comercialización, los especialistas remarcan que la droga es «transversal casi al 100% de los delitos». Está presente en delitos contra la integridad sexual, en crímenes como el de Circunvalación Oeste y hasta en enfrentamientos menores entre grupos antagónicos.
Finalmente, los expertos destacan una variante no menor que encuentra asidero en la cultura de las plataformas digitales de contenido audiovisual. La reproducción aspiracional del delito como horizonte de vida, plasmada en formatos de amplia difusión como las «narconovelas», pueden haber tenido algún grado de penetración no menospreciable en el imaginario colectivo. Las imágenes de opulencia, status y poder que ofrecen, contrastan fuertemente con la realidad que muchos de sus consumidores enfrentan cotidianamente. En paralelo, se forja la noción de que el delito trae consecuencias mucho menores que las que efectivamente tiene. Trabajar para combatir esas representaciones es una de las premisas señaladas como fundamentales por investigadores y especialistas en seguridad.
¿Dónde estamos parados?
¿La provincia está preparada para encarar el proceso de complejización y especialización del delito? En principio los recursos están, aunque la profesionalización y formación de los agentes es una tarea constante. Salta cuenta con 1400 investigadores bajo la órbita de la policía de la provincia y sus distintos departamentos, a los que deben sumarse 120 profesionales del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). Estos últimos son los encargados de abordar los casos de mayor complejidad conforme a las exigencias de la justicia. Las unidades especiales se dividen en áreas especializadas como: Homicidios, Delitos contra la integridad sexual, UFINAR (narcotráfico), la Unidad especial de investigación, UGAP Orán, UGAP Tartagal, etc. Al margen de las especializaciones, ante casos de avanzada complejidad, las tareas se abordan de manera interdisciplinar.
Los índices delictivos también aumentaron en los registros del CIF. En cada una de las cinco fiscalías de Violencia Familiar y de Género ingresan 1.600 denuncias por año. En delitos vinculados al microtráfico también se observa un notorio crecimiento. Las 30 personas abocadas a las tareas investigativas en esa área lograron resolver una cantidad de hechos similar al de la agencia antidrogas de la policía, que cuenta con 400 agentes.
La constante formación de los investigadores, el correcto «perfilamiento» los hechos y el acompañamiento del Estado en cuanto a la provisión de tecnología y recursos, son algunas de las claves para abordar el proceso de complejización del delito que la provincia actualmente atraviesa.
