Las desavenencias en el interior del COE y la ausencia de criterios unificados en el manejo de la información comienzan a percudir el nexo entre la ciudadanía y sus gobernantes. Un repaso de los hechos que pusieron de relieve los efectos de la desinformación en tiempos de pandemia. (Nicolás Bignante)

 

«Acá, por lo que yo sé, está el primer caso de coronavirus. Es una enfermera que no sabe cuándo se contagió porque ella no viajo, ni nada. y bueno… no hay mucha información de casos», fueron las palabras de Celina, una niña metanense de 8 años que a través de las redes brinda mensajes de concientización sobre salud y medio ambiente. De esa forma comenzaba su charla vía zoom con el gobernador Gustavo Sáenz, quien sólo atinó a repreguntar «¿No hay mucha información? ¿Y vos que creés?».

La referencia de la niña al primer caso de Covid-19 detectado en su ciudad, alude a los hechos conocidos la semana pasada, cuando una trabajadora del centro de salud del barrio San Cayetano arrojó positivo en el estudio y no se pudo determinar el nexo epidemiológico. Al día de hoy, el COE provincial no logra establecer el vector de ingreso del virus a la ciudad de Metán, mucho menos el COE local.

Desde su genuina preocupación, Celina expresó una extendida percepción que, a medida que avanza la pandemia, crece entre los ciudadanos de a pie. El (des)manejo de la información, sumado a la ausencia de criterios unificados de actuación por parte del COE, va oxidando lentamente el vínculo entre las fuentes «oficiales» de información y la sociedad en su conjunto. Tengan asidero o no, las suspicacias en torno a que «no se dice la verdad sobre la pandemia», son balas que empiezan a entrar y sus efectos pueden ser desgastantes en lo político, pero temerarios en lo social.

En su declaración sobre el acceso a la información pública en tiempos de Coronavirus, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), reconoce que «los recursos pueden desviarse del trabajo habitual de derechos de información», por cuanto el sistema público centrará sus recursos en la protección de la salud, lo que puede afectar la rapidez con que las organizaciones públicas responden a las solicitudes. No obstante, aclara que el derecho a la información permanece y que «los organismos públicos también deben reconocer el valor de una comunicación clara y transparente, y de un buen mantenimiento de registros, en lo que será un período muy

analizado de la historia». No pareciera ser, este último, un mandato seguido al pie por los organismos públicos de la provincia.

Si de mantenimiento de registros hablamos, la semana que concluye se caracterizó por el aumento de la brecha diferencial entre casos documentados por Nación y los reconocidos por la provincia. La discrepancia fue de 31 contagios el pasado lunes 20, solo por poner un ejemplo. El jueves pasado, en tanto, la provincia sumó 13 casos nuevos y cerró la jornada contabilizando 179; mientras que Nación añadía un solo caso a su lista y cerraba con 197; la aplicación «Salta Covid», por su parte, aseguraba que el número era de 189. Todo esto sin mencionar los innumerables casos que fueron asentados en los registros «por error» y luego borrados.

Las aclaraciones del ministro de Gobierno Ricardo Villada fueron más allá del realismo y apuntaron a las muestras de Jujuy que llegan a los sanatorios privados de Salta. Para el funcionario, las cuatro clínicas que procesan pruebas de Covid-19 en la provincia, están recibiendo análisis de ciudadanos jujeños que se computan como propios cuando arrojan resultados positivos. En el conteo de Nación se prevé que, aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, se contabilicen por provincia de carga; pero ni siquiera haciendo esta salvedad se llega a explicar la discrepancia numérica entre ambos registros. En tal sentido va la resolución N° 40 del COE, sancionada el pasado jueves y que establece que todos los laboratorios privados en Salta que realicen la prueba PCR para SARS-coV2 deberán comunicar a la autoridad sanitaria provincial y cargar al Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA) los resultados completos, tales como el origen y todo dato que permita una correcta identificación de cada caso.

Por otro lado, las desavenencias no sólo quedan en evidencia a la hora de analizar el panorama epidemiológico. Incluso de las resoluciones impartidas por el COE pueden emanar dos o tres interpretaciones distintas de un mismo artículo o disposición. Tras la publicación de la resolución N° 38, que imponía como horario límite las 20:00 hs para actividades comerciales y de todo tipo, los comercios de barrio plantearon la duda sobre si estaban o no exceptuados de la norma por ser un rubro esencial, como establece el decreto 297/20 de Nación.

Aunque el artículo 3 de la resolución del COE deja especificado que las actividades esenciales no deben acogerse a dicha restricción, en sucesivas entrevistas e incluso en la teleconferencia donde se explicó los alcances de la medida, los funcionarios de la primera línea provincial manifestaron que los almacenes de barrio y negocios de proximidad debían atender hasta las 20:00 hs como máximo. Esto llevó, como era de esperarse, a que muchos propietarios tuvieran que trenzarse en discusiones estériles con los agentes de la ley. Una semana después, y sin que mediara disposición formal alguna, los mismos funcionarios «aclararon» que kioscos y almacenes barriales pueden atender hasta las 00:00 hs.

Las divergencias de criterio tuvieron su punto álgido días atrás, cuando empezó a sobrevolar el espectro de la «circulación viral comunitaria»; alimentado por hechos objetivos, pero también por apetencias de corte político. En lo concreto, dos casos detectados en zona sur cuyo nexo epidemiológico no se pudo determinar aún, llevaron a que el COE imponga un cerrojo sanitario con «chequeos de síntomas» en 10 barrios. En el plano de las interpretaciones, el romerismo en su versión comunal-K aprovechó para conectar por primera vez en sus siete meses de gestión con el entendimiento de una porción importante de la sociedad salteña: «Todo indica que hay circulación viral comunitaria».

En las 12 horas posteriores, los dichos de la intendenta fueron ratificados por el gerente del hospital del Milagro Juan José Esteban y rectificados por la ministra de Salud Josefina Medrano. La discusión volvió a posarse en la definición de «circulación comunitaria» que, de un lado, fue interpretada como la etapa en la que se pierde el hilo de contagios; y del otro, como el momento en el que el virus circula libremente y no se pueden reconocer los nexos en varios puntos de la ciudad. A esta última definición se le opuso la categoría de «transmisión por conglomerado». En resumidas cuentas, si se tratara de interpretaciones o definiciones, ambos diagnósticos podrían no ser excluyentes uno del otro. En Salta podría haber y al mismo tiempo no haber circulación viral comunitaria. Como podrían haber 200, 250 o 300 casos dependiendo de la metodología de conteo. Podría también habilitarse la atención de comercios hasta las 00:00 hs, dependiendo de qué se interprete por comercio de proximidad o negocio «barrial». Todo esto no hace más que poner en evidencia que la unificación de criterios, además de urgente, es más importante que la búsqueda por imponer la mejor verdad.