El Consejo de la Magistratura analiza la actuación del juez federal salteño, Miguel Medina, en un caso de trata de personas que involucra a una joven de Salta encerrada en un prostíbulo en Comodoro Rivadavia. Lo acusan de postergar el tratamiento de la causa.
El Consejo de la Magistratura analiza la actuación del juez federal de Salta, Miguel Medina, en un caso de trata de personas. Hay un dictamen que recomienda citarlo a dar explicaciones. La causa estuvo casi dos años sin movimiento por un conflicto de competencia aunque en este tipo de delitos «las cuestiones de competencia no suspenden la instrucción”, según señala el Código Procesal.
Reproducimos una nota de Infojus que da cuenta del caso y de la inacción del juez salteño:
Una chica salteña viajó a Comodoro Rivadavia y fue secuestrada en un prostíbulo. El juez en la mira del Consejo por cómo investigó un caso de trata.
Se trata del juez federal de Salta, Miguel Medina. La PROTEX señaló en un informe que envió al Consejo que la causa estuvo paralizada casi dos años por un «conflicto de competencias». Un dictamen del secretario de Justicia, Julián Álvarez, pidió que magistrado sea citado para dar explicaciones.
El expediente llegó al Organismo a fines de octubre de 2013 luego que lo remitiera la Procuración General de la Nación a partir de un informe realizado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo. El fiscal federal Horacio Arranz, había advertido «demoras” en la causa en la que se investigaba un caso de trata de personas y se lo comunicó a Colombo.
El caso iba a ser tratado hoy en la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación con un dictamen del secretario de Justicia, Julián Álvarez, que pidió citar al magistrado a dar explicaciones ante el Consejo por las “demoras excesivas” y la “paralización” de la causa. Pero, por pedido del juez Luis Cabral, se postergó su tratamiento.
La causa
El 16 de diciembre de 2010, H.S.C. un padre desesperado por la desaparición de una de sus hijas presentó una denuncia en la justicia federal de Salta. Allí explicó que su hija E.C. había viajado unos días antes a Comodoro Rivadavia tras una pelea familiar pero con el objetivo de trabajar en un hostal.
La preocupación del hombre comenzó cuando amigos de su hija comenzaron a recibir mensajes de texto con pedidos de auxilio por parte de la joven. Según consta en el expediente la chica alcanzó a decirles que “no podía hablar” y que se encontraba lejos y “encerrada en un prostíbulo”. Entonces el hombre recurrió a la justicia.
La causa se inició en el juzgado federal N° 2 de Salta, a cargo del juez Miguel Medina. El fiscal federal pidió las primeras medidas urgentes, como la intervención de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas de la Policía Federal; de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y la intervención de teléfonos.
El juez hizo lugar a esos pedidos y extendió la jurisdicción hacia Comodoro Rivadavia, donde había viajado la joven. La investigación determinó que la E.C. había sido trasladada a Mendoza donde la encontraron finalmente el 18 de diciembre en la terminal de aquella ciudad.
La paralización
Después de que se encontró a la chica, la causa se paraliza por primera vez, por casi dos años. Un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Salta y el de Comodoro Rivadavia se desarrolló entre febrero de 2011 y diciembre de 2012. Es que el juez salteño sostenía que no le correspondía tener a cargo la causa porque el hecho no había ocurrido en su territorio.
El caso recién llegó a la justicia federal de Comodoro Rivadavia en enero de 2013. Un mes antes, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió asignar la competencia para continuar con la investigación de la causa al Juzgado Federal sureño. Para ese entonces el prostíbulo denunciado ya no existía y tampoco se pudieron encontrar “registros comerciales, ni registros de habilitaciones de un local nocturno de tales características”. Finalmente, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Liliana Parcio de Seleme, archivó la causa.
Esto fue tomado en cuenta en el informe realizado por el fiscal Colombo que advirtió que el Código Procesal sostiene “las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción” porqué, según la norma, la investigación debe ser continuada por “el tribunal que primero conoció la causa”, es decir, por el juez Medina.
Medina contestó el informe de Colombo después de que el Consejo le notificó la existencia de un expediente en el organismo. El juez salteño sostuvo que su desempeño fue realizado con “incuestionable eficiencia y eficacia” y que lo hizo “obteniendo un feliz resultado…”. Aunque aceptó que “la tramitación del conflicto de competencia… llevó más tiempo que el deseable” pero que ello no se debió “a un comportamiento malicioso o negligente de mi parte, sino que resultaría una desgraciada consecuencia de los vicios propios del sistema judicial”.
“Fue el Juez Federal de Salta quien intervino en los albores de la instrucción, resulta incuestionable que sobre él recaía la obligación de continuar con la pesquisa hasta el momento en que se resolviera la contienda de competencia. No obstante ello, el Dr. Medina interrumpió la instrucción durante un (1) año y once (11) meses”, dice el dictamen del consejero Álvarez que pide que se cite al juez, por el artículo 20.
Otra citación postergada
El Consejo postergó además el tratamiento del expediente donde hay una denuncia por mal desempeño contra el juez de la Seguridad Social Luis Herrero. En este caso fue pedida por la abogada Adriana Donato y el tratamiento pasará para la próxima reunión.
Aquí el diputado y ex consejero Carlos Moreno denunció al juez integrante de la Cámara de la Seguridad Social por mal desempeño en sus funciones, por declaraciones de éste en el diario Página/12. Hay dos dictámenes para votar: uno que promueve la citación del juez y otro la desestimación de la denuncia. El primero fue presentado por Moreno y el segundo por el diputado Ángel Rozas.
El diputado (y ex consejero) sostiene que el juez Herrero realizó declaraciones periodísticas que “comprometen seriamente la garantía de imparcialidad”. En esa nota el juez afirma que “se le paga a quien no trabaja” y cuestiona así que la ANSES pague la Asignación Universal por Hijo (AUH). “El 60 por ciento de las prestaciones que liquida la Anses son este tipo de pensiones, que no obligan a trabajar a quienes las reciben”, dijo en aquel reportaje Herrero.
“La Anses financia planes de vivienda, da préstamos a las automotrices, compra letras de Tesorería. Hace inversiones que no tienen la rentabilidad necesaria…”, explica en la entrevista Herrero. Lo que para Moreno tiene que ver con una “animosidad contra el organismo previsional”.
El juez Herrero al contestar la notificación de la denuncia sostuvo que sus dichos son “revisten naturaleza estrictamente doctrinaria o traducen una mera opinión en materia de política social, no de carácter justiciable ni político partidaria” y que “no se puede descalificar a un magistrado por expresar sus ideas”.
