El Gobierno nacional ya exhibió su “as bajo la manga”: apurar a como dé lugar la implementación del voto electrónico que tal como se planea, genera sospechas en diversos sectores que acá desarrollaremos. (Garrik)
La Argentina se encamina a usar el voto electrónico a partir de las elecciones de 2017 (tras la aprobación del Congreso) e irá a contramano del mundo, ya que de los 295 países solo: Venezuela, Brasil, Filipinas, Bélgica, Estonia, la India y Estados Unidos -en parte- lo usan. Alemania lo declaró inconstitucional, Holanda y el Reino Unido detectaron fallas en el sistema y varios otros países probaron y se alejaron luego de la experiencia.
Quienes defienden este tipo de votación argumentan que la mejora previsible por el uso de este sistema es la celeridad: el conteo de votos debería ser más veloz que cuando se hace a mano. Pero tener que esperar hasta la madrugada no parece un precio muy caro a pagar para elegir un presidente o un diputado.
La otra ventaja es para los partidos minoritarios: se evita tener que llevar boletas por todo el país o que falten en el cuarto oscuro, un tema no menor. Se acaba la lista sábana. Pero eso se resuelve cambiando el diseño de las boletas por una única papeleta, como lo hicieron las provincias de Santa Fe y Córdoba.
¿Cómo funcionan las máquinas?
Es muy importante tener en cuenta que hay dos tipos de máquinas que forman parte de este sistema. La primera máquina es aquella en la cual se emite el voto y se hace el conteo de votos por mesa. La boleta que sale de la máquina tiene un chip y la información impresa del voto pero con letra muy pequeña. Se estima que un muy bajo porcentaje de los votantes constatan que el papel impreso muestre la boleta que se eligió.
Un problema para fiscales y presidentes de mesa será que cuando se encuentren con una boleta que la máquina lee para otro partido que no es el que dice la boleta escrita, no van a poder corregir manualmente el error, sino que deberán comenzar de nuevo el conteo o labrar un acta por cada error. Cualquier fraude cometido, de este modo, va a ser interpretado como error.
Esta primera máquina da como resultado una boleta que tiene los resultados de los totales de cada mesa. Esta boleta se lleva a la segunda máquina que es la de transmisión de datos, es decir de mandar los resultados de la boleta de trasmisión al centro de cómputos, sólo la maneja un técnico por cada una.
El técnico tiene una clave secreta de acceso a la máquina a través de la cual manda los datos al centro de cómputos. Según se demostró en las elecciones porteñas del año pasado, a diez días de los comicios se filtraron estas claves junto con los certificados SSL de los terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos. Se podía acceder a las claves y los certificados a través de la página web de la empresa MSA. Por otro lado se podía tener libre acceso a la identidad de cada uno de los técnicos, y quienes quisieran cometer fraude, podrían intentar que los técnicos manipulen las máquinas para alterar los resultados, asimismo se podrían subir datos falsos desde cualquier computadora conectada a Internet de cualquier lugar del mundo al centro de cómputos.
A contramano del resto
Entre los 20 países que lideran el ranking de desarrollo humano de la ONU, sólo Estados Unidos utiliza parcialmente alguna forma de voto electrónico. En cambio, en Alemania, Holanda, Irlanda y el Reino Unido directamente se prohibió o descartó esta modalidad luego de experiencias fallidas.
En el año 2009, el Tribunal Superior Alemán declaró inconstitucional la utilización de urnas electrónicas por no permitir el sistema de votación electrónica la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimiento técnicos. “En la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales”, remarcaron los jueces.
En Holanda en el año 2006, un equipo de especialistas develó que el sistema de voto electrónico utilizado presentaba fallas de seguridad. Experimentos realizados en dicho país demostraron que las emisiones electromagnéticas de las maquinas hacían posible detectar por quién votaba una persona desde una distancia de 25 metros, usando sólo dispositivos disponibles comercialmente (tal como mostró un investigador, en sólo veinte minutos, utilizando las computadoras de votación de Brasil).
A raíz de ello, en 2.008, el gobierno holandés anunció oficialmente que volvía al sistema de voto en papel.
El Reino Unido, entre los años 2002 y 2007 había llevado a cabo más de treinta pruebas pilotos con diferentes sistemas de votación electrónica. En 2008, La Comisión Electoral declaró que con respecto a las pruebas realizadas la seguridad y garantías adoptadas eran insuficientes y en consecuencia, determinó que no se continuaría con el voto electrónico.
En Irlanda, en el año 2000 se había modificado la legislación para la introducción del voto electrónico. En el 2004, el gobierno irlandés creó una comisión independiente para evaluar la seguridad y confidencialidad del mismo. La comisión examinó la insuficiente seguridad y concluyó que no garantizaba la integridad de la elección.
En 2009, el gobierno anunció suspender la introducción del voto electrónico tanto por los costos económicos que exigía su implantación como por la satisfacción que el electorado tenía en el sistema de votación tradicional.
Salto al vacío
La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo nacional estipula que las autoridades de mesa, a quienes sólo se exige saber leer, escribir y aritmética básica, deben revisar el normal funcionamiento de los equipos durante la jornada electoral. No hay forma seria de hacer esto sin una auditoría ni capacidad técnica. La propuesta de informatizar las 120 mil mesas de todo el país para 2017 es un salto al vacío, ya que ni siquiera se han planteado los fundamentos desde los cuales se va a auditar la enorme cantidad de equipos que se deben adquirir para tal iniciativa.
La falta de un diagnóstico nos lleva a una reforma irresponsable y a un enorme costo económico que se prevé en 2.160 millones de pesos para adquirir las maquinas (a un precio de mil dólares por máquina y a un dólar a $18 para el próximo año).
La ciudadanía y la justicia tendrán que actuar a tiempo para salvaguardar el sistema democrático que desde hace 100 años se erige sobre la legitimidad de la voluntad popular.
