Tras el debate que originó la ley que pretendía reformar el funcionamiento de las Cooperadoras Asistenciales, la lectura de los informes de auditoría que evalúan la gestión que los intendentes realizan de esos recursos siguen dando que hablar. 

La Cámara de Diputados dio marcha atrás al tratamiento del proyecto que buscaba reformar el funcionamiento de las Cooperadoras Asistenciales. Cómo se recordará,  la ley actual faculta al intendente desde el año 2009 a designar “a los demás miembros que las conforman…” y el proyecto que finalmente se dio de baja mantenía la presidencia del organismo en los intendentes pero establecía que los otros miembros de la Comisión Directiva fuesen “designados por los Concejos Deliberantes a propuesta del Consejo Económico y Social de la Provincia de Salta (CESPS) y las Instituciones religiosas reconocidas legalmente”.

Calificada por los intendentes y varios medios como un proyecto que violaba las autonomías municipales, la iniciativa fue congelada favoreciendo el uso discrecional e irregular que los jefes comunales hacen de esos recursos que provenientes del impuesto del 2% del salario bruto que pagan los empleadores provinciales por cada trabajador en relación de dependencia con los que cuenten. En una nota de nuestra anterior edición, se dio cuenta del dinero en juego y de las irregularidades en las cooperadoras de Tolar Grande, Rosario de Lerma y  Pichanal. La existencia de otros 70 informes publicados permite seguir con el ejercicio.

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La evaluación de lo actuado en el Municipio de Hipólito Yrigoyen ilustra bien los montos y las formas en que los intendentes usan esos recursos que en el informe anterior se señalaron como irregulares. La auditoría ha publicado dos informes definitivos al respecto. Uno se publicó el 7 de septiembre pasado y otro el 29 de noviembre de 2013 aunque en ambos casos se auditan los gastos de dos meses del mismo año: noviembre de 2011 en el primero y agosto del mismo 2011 en el segundo.

En el caso de noviembre de 2011, la cooperadora de Yrigoyen tenía en su cuenta bancaria un saldo de $565.645 en concepto de Cooperadora Asistencial; recibió ese mismo mes $142.705 de parte de Tesorería de la provincia y haber gastado en los 30 días de noviembre la importante suma de $649.247. De ese total, la asistencia social se discriminó así. Salud $42.215; alimentación $115.760 y “otros gastos” $491.271. A la hora de rendir cuenta de ese más de medio millón de pesos gastados, los auditores detectaron lo siguiente: los medicamentos se compran todo en una misma farmacia (Asunción al Cielo S.R.L); en el caso de ayuda alimentaria, los $115.760 se usaron para comprar bolsones: una compra de 350 bolsones alimentarios por un monto de $17.010; otra de 140 bolsones por un monto de $8.750; y una final de 1.500 bolsones navideños por una cifra de $90.000. Curiosamente, los auditores acceden a planillas que muestran que de la primera tanda sólo se repartieron 199, de la segunda 82 y de la tercera sólo 185. Sólo el intendente debe saber qué fue de los 1.524 bolsones restantes. Lo definitivamente curioso, sin embargo, es que en el rubro “otros gastos”, la Cooperadora Asistencial del municipio declaro que del $491.271 destinado a ese ítem, $378.540 fueron donados a la escuela “El Señor y la Virgen del Milagro” para obras. Según los recibos presentados, $113.562 se efectivizaron el 21 de noviembre de aquel año; otras similar se efectivizo cuatro días después y los $151.416 se certificaron el 29 de noviembre de aquel año.