Una serie de obras hídricas con presupuestos que multiplican los valores de mercado empaña la previa del tratamiento de la prórroga de la emergencia hídrica en el Senado. Bajo un régimen que permite saltear licitaciones, aparecen como principales beneficiarias empresas vinculadas a exfuncionarios, empresarios con causas judiciales y personajes de particular prontuario. Pozos que cuestan hasta tres veces más de lo razonable y obras paralizadas completan un panorama difícil de explicar.
JERSON DE CECCO
El Senado provincial tiene previsto tratar el próximo jueves la prórroga de la emergencia hídrica, una herramienta que lleva cuatro renovaciones desde su declaración original y que ya obtuvo media sanción en Diputados. La discusión llega con un telón de fondo bastante menos cristalino que el agua que promete garantizar: una sucesión de contrataciones millonarias de Aguas del Norte, presupuestos que desbordan ampliamente las referencias de mercado y un grupo relativamente reducido de empresas que concentra buena parte de los negocios.
La emergencia tiene una particularidad que merece atención. Su artículo 7 habilita a encuadrar las erogaciones en el régimen de excepción previsto por el artículo 15, inciso i), de la Ley 8072 de Contrataciones de la Provincia. Traducido del lenguaje administrativo, permite recurrir a contrataciones abreviadas o directas, sin atravesar los procedimientos habituales de licitación pública. Hay menos trámites y, eventualmente, mayor velocidad para responder a una necesidad urgente. También hay menos competencia, menor exposición de los precios y controles públicos que pierden parte de su capacidad preventiva.
El mecanismo ya fue cuestionado durante el tratamiento en Diputados. El legislador metanense Sergio López (LLA), puso como ejemplo una contratación directa de COSAySA para perforar un nuevo pozo profundo en el predio del Club de Veteranos de Metán. Según expuso en el recinto, se trata del segundo pozo previsto en el mismo lugar y todavía no hay explicaciones sobre el destino del anterior, que dejó de funcionar. La inversión acumulada, señaló, asciende a $660 millones.
La pregunta que sobrevuela el expediente es bastante elemental: ¿cuánto cuesta realmente hacer un pozo de agua en Salta? Y, sobre todo, ¿por qué algunos terminan costando el doble o el triple?
Perforaciones a precio de oro
Las referencias de mercado para construir un pozo de aproximadamente 250 metros de profundidad, equipado con bomba, casilla de protección y alambrado perimetral, se ubican entre los 150.000 y los 250.000 dólares. Convertido a moneda local, el rango equivale aproximadamente a entre $235 millones y $390 millones. Es una referencia que puede variar según las características geológicas, la profundidad efectiva, los materiales y las obras complementarias, pero permite establecer un parámetro para observar los presupuestos públicos.
Los registros de contratación de Aguas del Norte correspondientes a 2025, período durante el cual estuvo vigente la emergencia que ahora se pretende extender, exhiben cifras bastante más generosas. Hay perforaciones que superan holgadamente los $500 millones y otras que se acercan a los $900 millones. En algunos casos, las sucesivas redeterminaciones de precios incorporadas mediante convenios de financiamiento entre la Provincia y la empresa estatal terminaron de inflar los valores originales.
Entre los expedientes más llamativos aparece la nueva fuente de captación subterránea del pozo San Alfonso N.º 2, con nexos y sectorización de redes, en Salta Capital. La obra fue adjudicada a Drilling Services SA por $898.539.421,26. En el barrio Don Emilio, también en Capital, la construcción del pozo profundo N.º 3, sus obras complementarias y la cañería de nexo fueron presupuestadas en $814.147.908,66 para Biotec SRL.
La lista sigue. En Chicoana, la construcción del pozo N.º 2 y su nexo fue valuada en $661.632.894,92, también para Biotec. En Cerrillos, la nueva fuente de captación subterránea del pozo Villa Los Álamos N.º 3, con nexo y sectorización de redes, recibió un presupuesto de $698.351.529,52 para HIDROTEC Perforaciones. En el paraje Yacuy, Drilling Services obtuvo una contratación por $670.547.483,06.
Hay más. El pozo del barrio San Remo, en Capital, quedó en manos de Drilling Services por $456.150.575,60; el de barrio 20 de Junio, en Orán, fue adjudicado a Biotec por $475.523.559,76. En el edificio Pieve, barrio Belgrano, Sima del Norte recibió un presupuesto de $594.696.459, mientras que la segunda etapa de optimización del pozo N.º 5 del Parque San Martín fue cotizada en $558.050.279,90 por la misma firma. En Alto La Sierra, Santa Victoria Este, Ventura SRL quedó a cargo de un nuevo pozo profundo y sus obras complementarias por $538.145.277,89.
En Hipólito Yrigoyen, Biotec recibió $431.815.036,90 para construir un pozo en el complejo deportivo del barrio Virgen del Valle. La nómina incluye también el proyecto Chicoana-Pulares, consignado por $661.632.894,92. La repetición de empresas y montos elevados empieza a dibujar un mapa de proveedores bastante conocido.
Conviene aclarar que los presupuestos incluyen, según cada expediente, nexos, cañerías, sectorización y otras tareas complementarias. Sin embargo, las diferencias respecto de los valores de referencia son suficientemente amplias como para exigir alguna explicación.
Negocio de pocos jugadores
Otro dato permite dimensionar el fenómeno. Durante junio de este año comenzaron 50 obras hídricas por un monto global de $9.393.944.115. De ese universo, 22 figuran como paralizadas. Veintiuna de las obras iniciadas se ejecutaron bajo la modalidad de convenio entre la Provincia y Aguas del Norte, con compromisos que rondan los $8.000 millones. El resto, el chiquitaje, quedó para otros mecanismos de contratación y proveedores. La concentración es evidente: el grueso de los recursos circula por un circuito bastante acotado.
Entre las firmas que aparecen con mayor frecuencia en las perforaciones y obras complementarias figuran Biotec SRL, Conta SRL, Drilling Services SA, HIDROTEC SRL, Sima del Norte, Todoconstrucción SRL y Ventura SRL. Una nómina que, observada con algo más de detenimiento, ofrece conexiones con el universo político, antiguos despachos oficiales y hasta páginas policiales.
Los nombres
Biotec tiene entre sus responsables a Rodrigo Antonio Gómez Martínez, también vinculado a ComTec y CEO de GLK Mining, y a Sergio Adrián Mastnak. En 2020, la sociedad pasó a convertirse en sociedad anónima e incorporó como accionista a Andrea Wayar. La empresa consiguió adjudicaciones millonarias en distintas localidades, con algunos de los presupuestos más elevados de la nómina.
El apellido Gómez Martínez vuelve a aparecer en HIDROTEC. Emiliano Gómez Martínez, hermano de Rodrigo, es uno de sus referentes y también figura como socio fundador de Flytec SRL, empresa vinculada a los vuelos sanitarios hacia la Puna y al sector minero.
Su historia empresarial fue retratada en una publinota de InSalta del 10 de agosto de 2026, que reconstruyó los orígenes del emprendimiento con una épica bastante particular: «En 2009 tomó la audaz decisión de dejar atrás años de trabajo en el Turismo, vender su casa y con un socio comprar una máquina perforadora en mal estado, repararla y dedicarse a hacer pozos». Al parecer, aquella apuesta terminó siendo un negocio redondo. HIDROTEC obtuvo la contratación por casi $700 millones para el pozo de Villa Los Álamos, en Cerrillos. Una cifra que representa alrededor del doble del techo de referencia señalado para una perforación estándar. El crecimiento empresarial merece reconocimiento; pero la diferencia de costos, una explicación.
Del IPS a los pozos, pasando por Tribunales
Todoconstrucción SRL aporta otro capítulo a este entramado. La firma, constituida en 2011, tiene como socios a Ernesto Jesús Hernández y Gladis del Socorro Sánchez. Esta última fue presidenta del Instituto Provincial de Salud (IPS) hasta la intervención del organismo y luego se desempeñó como coordinadora ejecutiva prestacional del comité interventor. Su salida definitiva se produjo en mayo de 2025.
Su nombre ya había aparecido en investigaciones periodísticas de Cuarto Poder. En 2021, este medio publicó una serie de contratos con empresas vinculadas al negocio de los traslados de pacientes con discapacidad, bajo el título «IPS: un negocio sobre ruedas». Ahora, la firma relacionada con una de sus antiguas autoridades aparece en el universo de las contrataciones hídricas. Los caminos del Estado tienen esas curiosas intersecciones.
Drilling Services SA también tiene un nombre conocido al frente: José Antonio Fernández García, alias «Kiko». Además de presidir la compañía, es propietario de Cerdo Negro, el emprendimiento de producción porcina que alcanzó notoriedad cuando la diputada nacional Yolanda Vega impulsó la declaración de Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro.
Fernández García fue noticia recientemente por haber sido imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La investigación judicial se concentra en las condiciones de siete trabajadores detectados durante una inspección en una finca de Cerrillos dedicada a la producción porcina, el cultivo de tabaco y aceitunas.
Ventura, la conexión pistolera
El caso de Ventura SRL merece un apartado propio. La sociedad, constituida en 2018, tiene como socios a Luis Mariano Ovejero y Tomás Federico Calderoni. Este último quedó involucrado hace apenas dos semanas en un episodio violento ocurrido en una estación de servicio YPF de avenida Bolivia, en la ciudad de Salta.
De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el hecho, una discusión por el orden de atención para calibrar neumáticos habría derivado en amenazas a otros conductores con un arma de fuego. Un desacuerdo bastante doméstico que, según las versiones conocidas, habría terminado con una demostración de poder de fuego.
Calderoni tampoco es un desconocido en la política local. Durante la gestión de Bettina Romero se desempeñó como director de Cementerios Municipales y mantenía una relación de cercanía con Juan Esteban Romero, hermano de la exintendenta. Su trayectoria en la administración municipal agrega otro vínculo político a la lista de empresarios que hoy participan de las contrataciones estatales.
Ventura recibió la adjudicación para construir un nuevo pozo profundo en Alto La Sierra por más de $538 millones.
La cuestión merece atención porque la emergencia hídrica tiene una finalidad indiscutible. Salta necesita nuevas fuentes de abastecimiento, redes que funcionen y soluciones para localidades que padecen problemas históricos. Pero la urgencia tampoco puede servir de paraguas permanente para contrataciones cuyo costo final se aleja tanto de las referencias conocidas. Mucho menos cuando varias de esas obras aparecen paralizadas y los mismos nombres se repiten en los expedientes.
El jueves, el Senado tendrá la posibilidad de convertir la prórroga en ley. La pregunta es si el tratamiento incluirá alguna revisión de estos antecednetes. A juzgar por los números y los apellidos, el agua que circula por los contratos merece tanta atención como la que falta en las canillas. Quedan demasiados interrogantes antes de volver a extender un régimen que, por ahora, parece bastante más generoso con algunos proveedores que con los usuarios.
