Un episodio con un arma de fuego en plena avenida Bolivia, antecedentes de violencia cuando era funcionario municipal y una trama de negocios vinculados al Estado. Tomás Calderoni parece moverse con una tranquilidad que contrasta con la gravedad de los hechos que lo rodean. Su sociedad Ventura SRL recibió contratos millonarios de la Provincia y sus vínculos empresariales lo conectan con intereses económicos en el norte salteño.
KIM IM PORTA
¿Qué tiene que pasar en Salta para que un hombre señalado por testigos de haber exhibido un arma y amenazado con disparar contra otros conductores en una estación de servicio sea, al menos, localizado e investigado con la celeridad que amerita el caso? La respuesta institucional, hasta ahora, parece extraviada.
El 24 de octubre, en la estación de servicio YPF ubicada sobre avenida Bolivia, frente al Aeroclub de Salta, una discusión por el orden de atención en el sector de aire terminó en un episodio de violencia. Según el relataroin varios testigos, un hombre que conducía una camioneta blanca, sin patente visible, se adelantó a la fila de vehículos. El reclamo derivó en un cruce verbal que escaló rápidamente cuando el conductor habría sacado un arma de fuego y amenazado con disparar. Después se retiró a toda velocidad.
Las primeras informaciones identificaron al exfuncionario municipal como el hombre señalado por los testigos. También se conocieron imágenes del vehículo alejándose del lugar. La identidad de quien protagonizó el episodio y su eventual responsabilidad penal deberán establecerse en la investigación judicial. Sin embargo, el asunto tiene una particularidad que agrava el desconcierto: consultada sobre el caso, la Policía reconoció no contar con precisiones ni sobre el paradero de Calderoni ni sobre el estado de la investigación.
Una persona señalada por sacar un arma en un lugar público y amenazar a otros conductores parece haber conseguido, al menos hasta ahora, algo bastante parecido a desaparecer del radar institucional.
La escena ocurrió a plena luz del día, frente a testigos y en una estación de servicio. No hubo un enfrentamiento en una zona rural de difícil acceso ni un episodio perdido en algún paraje remoto. Fue en una de las avenidas de la ciudad.
Un prontuario de malos modales
La historia de Calderoni con los episodios de violencia viene de antes. Durante la gestión de Bettina Romero fue director de Cementerios Municipales y también tuvo responsabilidades en el Programa de Políticas de Integración Socio Urbana, hasta diciembre de 2023. Su paso por la administración municipal ya había dejado denuncias de trabajadores que describían comportamientos bastante alejados de la convivencia laboral.
En agosto de 2020, el delegado de ATE en la Municipalidad, Matías Copa, denunció públicamente situaciones de violencia laboral y de género atribuidas al entonces funcionario. Una de las trabajadoras afectadas era Natalia Bustos, quien había sido apartada de sus funciones luego de participar en medidas de fuerza. Según relató Copa, Calderoni había justificado la decisión diciendo que no quería «huelguistas en el cementerio».
El dirigente sindical también contó que, en otra oportunidad, el funcionario había invitado a pelear a un empleado municipal para resolver sus diferencias. Dicha predisposición al guanteo la habría adquirido de su padrino político, Juan Esteban “patoteador de desmalezadores” Romero, hermano de la exintendenta.
La denuncia describía un patrón de maltrato y abuso de autoridad que, según Copa, era conocido por integrantes del Ejecutivo municipal, aunque no había provocado respuestas concretas. «Cubrir a alguien así, creo que es el colmo», había señalado entonces el delegado.
Seis años después, el episodio de la estación de servicio vuelve a poner su nombre en escena, esta vez con un arma de fuego de por medio.
Los negocios también tienen sus conexiones
Calderoni también es empresario y participa de sociedades que mantienen relaciones con distintos sectores de la economía salteña. Una de ellas es Ventura SRL, constituida en marzo de 2018 junto a Luis Mariano Ovejero. Según consta en el Boletín Oficial, ambos suscribieron el 50% de las cuotas sociales de la firma.
El objeto de la sociedad es bastante amplio. Construcción, obras civiles y viales, servicios agropecuarios, alquiler de maquinaria, transporte, comercio e inmobiliaria. Un auténtico polirrubro societario, de esos que permiten encontrar oportunidades comerciales en casi cualquier nicho donde haya movimiento de dinero.
La relación con el Estado tiene una expresión concreta. Ventura SRL fue adjudicataria de la construcción de un nuevo pozo profundo, obras complementarias y cañería de nexo en Alto La Sierra, Santa Victoria Este, por $538.145.277,89, dentro de las contrataciones de Aguas del Norte. La obra forma parte del paquete de perforaciones millonarias que quedaron bajo cuestionamiento por sus elevados presupuestos y por la concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de proveedores.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto. Mientras la Provincia contrata con una sociedad de la que Calderoni es socio, su nombre aparece vinculado a un episodio en el que se habría utilizado un arma para intimidar a otros ciudadanos. on elementos relevantes para preguntarse qué clase de relaciones permiten que ciertos personajes conserven una posición de comodidad frente a situaciones que, para cualquier ciudadano sin esos vínculos, podrían tener consecuencias inmediatas.
De los cementerios a la finca Aliki
Hay otra conexión que ayuda a reconstruir el universo de intereses en el que se mueve Calderoni. También aparece vinculado a la finca Aliki, ubicada sobre la ruta nacional 86, en el departamento San Martín, cuyo titular registral es Astillas de Plata SA. La sociedad tiene como presidente y director titular a Juan Andrés Kutulas Vrsalovic, empresario conocido por su participación en el negocio avícola a través de Huevos K.
En diciembre de 2025, la finca fue escenario de una serie de denuncias por robos, usurpaciones, tala ilegal y hechos de violencia. Según publicó AgroNoa, Calderoni figuraba como encargado del establecimiento y había presentado denuncias junto al apoderado legal de Astillas de Plata, Víctor Hugo Del Río. Las presentaciones judiciales describían ingresos ilegales a la propiedad, sustracción de madera, amenazas y episodios con armas de fuego.
La publicación también daba cuenta de cuestionamientos a la respuesta judicial y policial ante los hechos denunciados. Los responsables de la finca advertían sobre la continuidad de los ataques y la presencia de grupos armados. En una de las presentaciones, incluso, alertaban sobre el riesgo para la vida de los trabajadores que intentaban resguardar el patrimonio de la empresa.
La paradoja tiene su gracia, aunque bastante poca para quienes estuvieron expuestos a esos episodios: Calderoni aparece del lado de los denunciantes cuando otros ingresan armados a una propiedad privada y reclaman protección estatal. En la estación de avenida Bolivia, en cambio, es él quien aparece señalado por testigos como el hombre que habría utilizado un arma para amenazar a terceros.
El interrogante excede la situación personal de un exfuncionario. ¿Qué sucede con las investigaciones cuando los involucrados tienen relaciones políticas, negocios con el Estado y conexiones empresariales? ¿Por qué la respuesta institucional parece tan lenta frente a un episodio ocurrido en un lugar público y con testigos?
Por ahora, Calderoni sigue en su casa. Un exfuncionario municipal, empresario proveedor del Estado y protagonista de denuncias por violencia que vuelve a quedar en el centro de un episodio armado. La Policía dice no tener precisiones. La Justicia deberá explicar qué hizo con el caso. Y la política local, que supo darle un lugar en sus despachos, tampoco debería mirar para otro lado.
