La Comisión de Familiares cumplió cuatro años y 234 marchas reclamando justicia para más de 100 casos impunes. Retazos de una lucha colectiva que a partir del dolor tejió una experiencia ejemplar que avanza entre la falta de respuestas del Estado y la indiferencia de muchos. (Andrea Sz)*

Era un viernes 12 de agosto de 2011. El lugar: la plaza 9 de julio. La impunidad y la injusticia nucleaba allí a un puñado de familiares desgarrados por el dolor. Se cumplía el cuarto aniversario de la muerte del niño Marco Córdoba y su papá Raúl estaba junto a familiares de Cristian Luna, Maxi Zapana, Mirta Llanos, Marcela Mamaní, Cintia Fernández y Enrique Corregidor. Decidieron entonces volver a juntarse el viernes siguiente.

Fue cuando realizaron la segunda marcha y al grito de ¡Justicia! interpelaron al mandatario provincial que junto al ministro de seguridad de entonces, Pablo Kosiner, se vieron obligados a “dar la cara”: a la salida de un acto oficial fueron abordados por los familiares que no reprimieron el dolor y la sed de justicia.

Así empezaron a fortalecer lo que hoy lleva el nombre de “La Comisión de Familiares contra la Impunidad”. Un registro audiovisual de ese viernes 19 de agosto, deja oír cómo el gobernador informa a los familiares que la entonces Ministra de Justicia, María Inés Diez, hablaría con cada uno de los jueces al frente de los casos “para ver de qué manera se agiliza esto”. Mientras Urtubey da un discurso obvio sobre la división de poderes, de fondo se escucha una voz de una mujer: “Doctor, le hago una pregunta sobre el crimen de las francesas…”  (que había tomado estado público el 29 de julio de ese año). La voz indagaba sobre por qué en algunos casos la celeridad era manifiesta y en otros no. “¿Qué hacemos con los casos de nuestros hijos, acaso no tienen importancia?”. La voz era de Ana Fernández, quién luego se convertiría en una de las referentes de la Comisión.

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Ana Fernandez y Raúl Córdoba, dos de los principales referentes de la Comisión, en este año, inscribieron sus nombres en listas legislativas. La primera buscó una banca por el PO y el segundo por la UCR. Ambos confirmaron así su postura opositora al gobierno provincial, también el apoyo del Partido Obrero a la causa que ellos encabezan; pero no dejaron de aclarar que “la lucha y la marcha de los viernes va a seguir siendo apartidaria, Raúl Córdoba marchará como papá de Marco y yo marcharé como mamá de Cintia Fernández”, declaró alguna vez Ana Fernández quien fue la que encontró muerta a su hija Cintia, de 26 años, en 2011 en su departamento en Parque La Vega.

En nombre de…

Según la investigación, Cintia había fallecido días antes del hallazgo de su cuerpo y la causa era “asfixia por sofocación”. Ana informaría después que a su hija la había encontrado con una bolsa en la cabeza y que una de las desprolijidades cometidas por la investigación fue que uno de los médicos policiales se la quitó. Nada se sabe tampoco de la sábana usada para sacar el cuerpo del departamento y que desapareció en una parada que el vehículo oficial realizó en la comisaría de San Remo mientras trasladaba el cuerpo a la morgue. Mario Federico Condorí, policía de la División de Trata de Personas y Raúl Marcelo Puca, ingeniero químico; son los sospechosos de esa muerte. Ambos eran conocidos de la víctima. Hasta hoy, el juicio no se ha sustanciado.

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Era el día del niño del año 2007. Raúl Córdoba y su familia viajaban en su auto a festejarlo cuando un remis -conducido por Humberto Gabriel Morales- que viajaba por la avenida Ex Combatientes de Malvinas de norte a sur, golpeó a otro conducido por José Alberto Ovando que se cruzó de carril e impactó sobre el costado izquierdo del rodado de los Córdoba. Marco, de 10 años, recibió un letal golpe en la cabeza y murió al instante. Morales conducía con alcohol en la sangre y a excesiva velocidad. Tras siete años de lucha, en 2014 se concretó el juico. El tribunal condenó a Ovando a dos años y seis meses de prisión con ejecución condicional e inhabilitación para conducir automotores por seis años; Humberto Morales recibió una pena de tres años con ejecución condicional e inhabilitación para conducir por siete años. La familia apelará la sentencia que libró a los imputados de la prisión efectiva.

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Luz en la oscuridad

Dos años y siete meses después de aquel viernes de agosto de 2011 y tras 157 marchas, llegaron a la plaza Jean Michel Bouvier, Heléne Olga Antoinette Kottak, Aliénoer Bouvier, Lahoucine Moumni y Zohra Moumni. Los familiares de las turistas francesas asesinadas participaron de “La marcha de velas blancas” organizada por la Comisión y que ese día también contó con la presencia del ahora fallecido Federico Cash, padre de María Cash, la joven diseñadora vista por última vez en nuestra provincia y que luego desapareció de entre los vivos y los muertos.

Los franceses habían llegado a nuestra ciudad para declarar y asistir al juicio por los asesinatos de sus hijas que se iniciaba al martes siguiente. Misteriosa o casualmente, ese viernes 21 de marzo de 2014, el alumbrado público de la plaza y alrededores se apagó. ¿Apagaron las luces para que no se note la marcha? ¿Se dio de forma casual? No era la primera vez que ocurría. El 16 de julio de 2012, al conocerse la aparición sin vida de las chicas, Lujan Peñalva y Yanina Nuesch, familiares y amigos convocaron a una marcha en la plaza 9 de Julio a las 21 horas.  A las 20.15 horas de esa noche, las luces de todo el centro y macro centro de Salta capital se apagaron y la protesta se desactivó.

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Los invisibles

“Vamos levantando los carteles”, decía Ana Fernández la tarde noche del viernes 29 de mayo de 2015. Era la marcha 220 y muchos salteños la seguían mirando con desconcierto. “¿Sabes por qué es la marcha?”, “Creo que se murió alguien”, responde un joven. Los familiares se confunden en el tumulto que pasea y disfruta el centro capitalino. Raúl Córdoba habla por un micrófono conectado a un parlante que otro familiar ayuda a trasladar. Mientras marchan, algunos curiosos los miran desde la calle o desde las mesas de las confiterías que rodean la plaza. Ante la pregunta de por qué los salteños no los acompañan, Mónica, mamá de Bruno Antonio Figueroa (14) responde: “Indiferencia, como si estuvieran seguros que a ellos no le va a pasar”.

Bruno murió apuñalado por una joven de 19 años el 23 de octubre de 2012, cuando volvía de comprar en un almacén del barrio 26 de Marzo. Agonizó 20 días en una cama del hospital San Bernardo y falleció un mes antes de cumplir 15. Su madre recuerda lo ocurrido aquel día. Bruno salió de su casa cerca de las 13 horas para averiguar a qué hora jugaba al fútbol en el club del que era socio -Libertad- y al llegar a la casa de su amigo, a cuadras de la suya, la madre de éste los envió a comprar dos pesos de aceite. Cuando salieron del negocio, en uno de los pasajes el barrio, fueron testigos involuntarios de una pelea familiar ajena a ellos. “Mi hijo quedó parado no sé si por miedo o mirando la pelea, la chica se abalanzó contra él y lo apuñaló. El amigo que iba con él, de 9 años, me dijo ‘señora a mí me iban a matar, cuando ella se abalanzó contra nosotros yo me tiré debajo de los pies de la chica’. La puñalada le alcanzó a mi hijo. Le perforó la aorta y le cortó el intestino delgado. Mi hijo corrió 50 metros y se desplomó”.

Después de dos años, el lunes 8 de junio, el caso por el crimen de Bruno llegó a juicio. Será uno de los pocos de la Comisión en llegar a esta instancia, junto a los de Maxi Zapana, Marco Córdoba, Polo Frenegal, Diego Esper, Norma Ledesma y Adrían Guanca. Los tres imputados por la muerte de Bruno estuvieron prófugos durante más de un año y según la mamá ya tenían antecedentes, “eran conocidos en el ambiente delictivo, son pungas y lograron robarse los sueños de mi hijo”. La Sala II del Tribunal condenó a Noelia Martel a 12 años de prisión por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio. La mamá de Noelia y su novio, involucrados en el hecho, fueron absueltos. La fiscalía había pedido 18 años de prisión para Martel y 16 para los dos imputados de homicidio en grado de coautoría.

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Medidas cosméticas

La marcha 220 fue anterior a la del 3 de junio bajo la consigna #NiUnaMenos. Al terminar la misma, los familiares hicieron una ronda en las puertas de la catedral y algunos tomaron la palabra. Ana Fernández expresó que no querían que las Ministras de Derechos Humanos y Justicia, Marianela Cansino y Pamela Calletti, se hicieran presentes ese día pero las invitó a marchar cada viernes con ellos.

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Un grupo de turistas se para a mirarlos. Ana, micrófono en mano, decide hablarles: “Disculpen que hayamos interrumpido su visita a la catedral, pero Salta no es tan linda como la pintan. Estamos en emergencia en violencia de género, el ministerio de Derechos Humanos sólo tiene medidas cosméticas, las mujeres siguen muriendo. Gracias por la atención, no sé de donde son pero esta es la realidad que queremos que ustedes se lleven. Solo pedimos justicia por nuestros hijos”. Una turista se emociona, lagrimea, todos aplauden y se van.

Una semana después, los familiares escucharon las repercusiones de la marcha #NiUnaMenos. Uno reivindicó el mensaje genuino de la convocatoria pero advirtió que también tuvo mucho de puesta en escena. “¿Cuántos hubo ese día, cuántos hay hoy aquí?”. Antes de comenzar a marchar esa jornada, se escucharon gritos y corridas. Un grupo numeroso de proteccionistas de animales se hizo presente en la plaza para pedir el efectivo cumplimiento de una ordenanza municipal que erradique la tracción a sangre dando un golpe letal a los carreros, esos trabajadores precarios para quienes el carro es fuente de movilidad e ingresos.

Los gritos provenían de los proteccionistas quienes aseguraban que la policía forcejeó con algunos para quitarles unas gomas que utilizaban para ir cortando la calle. Por unos minutos la plaza es un escenario tenso y en medio del barullo se escucha: “Los familiares volvamos a formar”. La marcha comienza, algunos proteccionistas -en su mayoría jóvenes de secundaria- se quedan en la plaza y mientras la Comisión marcha los acompañan al grito de ¡Justicia!, también los aplauden.

Los familiares dan las tres vueltas a la plaza, se detienen y un micrófono amplifica la voz de Valentina Trogliero, hermana de Javier, asesinado en una reunión de amigos en el barrio El Huayco. En la causa caratulada como “homicidio simple” están procesados Juan Carlos Gómez Paz como probable autor responsable del delito de homicidio, mientras Mario Del Barco y Sebastián Guitián están imputados como presuntos autores responsables del delito de encubrimiento agravado. A dos años del crimen, Valentina dice: “No voy a permitir que sigan diciendo que nuestra familia forma parte de gente del poder, porque no lo somos. A mis padres les costó tener todo lo que hoy tienen, pero yo hoy en día no tengo trabajo, no estoy trabajando en el estado, no soy hija del poder. También dicen que mi hermano era un drogadicto pero lamento decirles que mi hermano no estaba drogado, lo dijo el juez. Mi único pedido es de justicia. No solamente con el caso de mi hermano sino con todos los casos”. Cuando termina, los presentes la abrazan.

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Jeronima Llanos calza una remera con la imagen de su hija y en sus manos lleva un cartel con la misma imagen y una frase: “Tenía 29 años, el día 2/12/2010 fue asesinada por el policía Darío Rubén Aranda”. Mirta Llanos apareció muerta en el barrio Santa Clara de Asís y la autopsia certificó que la causa del deceso fue “asfixia por sofocación”. El principal sospechoso de su muerte es quien era su marido, de quien se estaba separando.

Aranda estuvo cuatro meses detenido y sigue desempeñándose en la fuerza policial.  “Estoy molesta con el juez Federico Diez. Me dijo que la causa va a dar un giro que no va a ser lo que yo quiera. No es lo que yo quiera sino que todas las pruebas apuntan a Darío que es el policía que mató a mi hija, que era el marido y hacía tres meses que estaban separados”. El giro que menciona la mujer consistiría en apuntar sobre quien era novio de Mirta al momento del asesinato: Darío Flores. “Digo yo, como van a inculpar a una persona a la que nunca se lo vio en el lugar de los hechos. A Darío Aranda a las 23.45hs  de ese día, mi marido lo vio saliendo de la casa de mi hija”, relata Jeronima, quien cree que el policía asesinó a su hija cuando se enteró de la nueva relación de Mirta.

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Gracias por venir

“La memoria entraña cierto acto de redención, lo que se recuerda ha sido salvado de la nada, lo que se olvida ha quedado abandonado”. La frase de John Berger, es la introducción del documental “Pasos Rebeldes” de Osvaldo Medina, un registro audiovisual de 43 minutos con rigor testimonial y periodístico que refleja la construcción de memorias e identidades individuales y colectivas y la lucha de la Comisión en tres años de marchas. Fue presentado en el año 2014 en la UNSa donde los familiares aprovecharon para agradecer a su director por el apoyo ofrecido con su material.

La Fundación Dr. Edmond Locard, entidad que asesora, asiste y brinda contención a víctimas y familiares de víctimas de delitos, es también para la Comisión una gran ayuda. El licenciado en Criminalística Lucas Delgado, “activo colaborador de la Comisión de Familiares” tal como lo definen los propios familiares, estaba a cargo de la Fundación y falleció a principios de este año, aunque la ayuda de otros profesionales sigue llegando.

Mariano está siempre y es de los primeros en llegar. Anarquista confeso, acompaña a los familiares cada viernes con “la bandera negra”. Es hijo de la histórica militante de los DDHH de la provincia Mirta Torres, quien dio a luz a su hijo estando cautiva en el penal de villa Las Rosas. Mariano forma parte de H.I.J.OS y asegura que el desigual acceso a la justicia es tal como lo recuerda la Comisión a través de sus referentes Raúl Córdoba: “un 70% de los casos de la Comisión pertenecen a familias de clases media para abajo” y Ana Fernández: “en Salta la justicia sólo es para los ricos y los doble-apellidos”.

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El dolor provocado por las ausencias de los seres queridos con los que cada uno de ellos carga, devino en combustible poderoso. Ese dolor y la sed de justicia empujan a esa Comisión a avanzar abriéndose paso por entre la impunidad de los poderosos, la indiferencia de muchos y la falta de recursos. Coctel letal para muchos pero que no han podido evitar que esa Comisión convirtiera a la plaza 9 de julio en escenario donde el pedido de justicia individuales se amalgamó en un grito colectivo que se convirtió en modelo a seguir por otros que en otros escenarios como Orán, Metán, Jujuy y Tucumán luchan contra lo mismo y por algo parecido.

A cuatros años de iniciada la experiencia, sus miembros sólo parecen enfocarse en seguir adelante. Al menos eso es lo que deja entrever la actitud de sus referentes que ante un nuevo aniversario piensan como la ocasión puede servirles para seguir caminando tras el objetivo. “Vamos a poner la alcancía para ir recaudando. Tenemos que hacer el banner de la Comisión y vamos a hacer un tendedero con fotos de estos años”, dice Raúl Córdoba que así deja en claro que la indiferencia del poder no será suficiente para que ese Poder se libre de quienes solo quieren Justicia. Ni más, ni menos.

*El texto forma parte de una nota que podrá leerse completa en la próxima edición de la revista Rock Salta.