La audiencia pública por la posible inconstitucionalidad de la educación religiosa en las escuelas salteñas es debate nacional. Cuarto Poder estuvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lugar en el que prácticas consideradas discriminatorias fueron defendidas por el sector más duro del catolicismo. (Federico Anzardi)
La Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es muy diferente a una iglesia. Los bancos son similares a los de cualquier templo católico, sólo que más elegantes y cómodos. El estrado en el que se ubican los miembros del máximo tribunal se asemeja a un altar. El crucifijo enorme que cuelga sobre las cabezas de los ministros es el detalle culminante. En este lugar es donde se produce un debate que comenzó en las escuelas salteñas, desafía a la tradición y pone nerviosos a los sectores más conservadores de la provincia y el país.
La audiencia pública por el caso “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Educ de la Prov de Salta s/Amparo” se encuentra en un cuarto intermedio hasta el 30 de agosto, cuando se desarrollará la tercera jornada de exposiciones ante los jueces de la Corte. Esta semana se realizaron las dos primeras tandas de oradores, que reunieron a 37 personas que argumentaron a favor y en contra de declarar inconstitucional el dictado de educación religiosa en las escuelas estatales salteñas.
El balance de las dos primeras jornadas es parejo en los números de expositores que defendieron cada una de las posturas y poco igualitario en cuanto al peso de los argumentos. Después de dos días, la sensación es que la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta es, en realidad, una práctica católica explícita que segrega y discrimina a los alumnos y padres que no comulgan con la creencia mayoritaria y que viola derechos de privacidad básicos.
Quienes se expresaron a favor de la inconstitucionalidad aseguraron que los alumnos salteños están sometidos a una medida discriminatoria que atenta contra la libertad religiosa. Consideraron absurdo e inconcebible que una escuela pública sea inclusiva y al mismo tiempo separe a los estudiantes. Agregaron que la escuela estatal es un antídoto contra la intolerancia y que debe transmitir el pensamiento crítico. Diferenciaron la práctica religiosa del estudio académico de las religiones y afirmaron que la legislación salteña va a contramano de la actualidad educativa nacional.
Por el contrario, los que defendieron la actual educación hablaron de la religión como un derecho que el Estado debe proveer y se mostraron horrorizados al imaginar un plan de estudios que no contemple la religión en su currícula. Hablaron de marxismo y compararon la situación con ejemplos que involucraron sánguches veganos. La postura comienza a mostrarse endeble al resultar evidente que no se discute la posible desaparición de la materia sino su adecuación a un formato inclusivo.
Día 1: sin salteños
La primera jornada de la audiencia se realizó el miércoles 16 de agosto y no tuvo oradores salteños. Durante poco más de tres horas, 18 amicus curiae, “amigos de la corte”, realizaron distintas exposiciones de diez minutos cada una. Guillermo Francisco Torremare y Mariana Catanzaro fueron los primeros en hablar. En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseguraron que Salta se encuentra en falta con diversos convenios latinoamericanos y que existen contradicciones dentro de la propia Constitución salteña que revelan las violaciones provocadas por el Estado provincial. “El Estado salteño viola con toda claridad la convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza adoptada en 1960 por la Conferencia General de la UNESCO y ratificada por la República Argentina en 1963. Mucho más específicamente aún, las normas impugnadas en esta causa (el artículo 49 de la Constitución Provincial y el artículo 8, inciso 9, de la Ley Provincial de Educación) violan la declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, aprobadas por la asamblea de Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981”, aseguró Torremare.
A continuación, el Doctor Horacio Gentile, aseguró que no hay motivo alguno para que una provincia autónoma no pueda decidir por sí misma sus parámetros educativos. Le apuntó al Procurador Fiscal Víctor Abramovich, quien en un dictamen publicado en marzo criticó duramente la educación religiosa de la provincia y había recomendado que las escuelas públicas dicten la materia fuera del horario curricular. “¿Qué quieren? ¿Que a la educación religiosa la den a las doce de la noche?”, se preguntó.
Sebastián Sfriso, en representación del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina, aseguró que la enseñanza religiosa estatal de Salta, como está planteada, segrega a los alumnos, los discrimina según las creencias que poseen y que los docentes se ven afectados, ya que los colegios no contratan a aquellos que no demuestran un catolicismo explícito. Consideró que gracias a que la ley las ampara, las escuelas buscan uniformidad de criterios en lugar de trabajar en pos de la diversidad cultural.
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires mostró una postura dura en contra de la inconstitucionalidad de la materia. “No pueden impedirse las prácticas que promueven el bien común”, aseguró el Doctor Pedro Javier María Andereggen, quien agregó que “no hay violación de la libertad de culto si hay constancia de la condición de no creyente” del alumno.
Este último concepto fue refutado en distintas oportunidades. Uno de los argumentos más sólidos en ese sentido fue el del Doctor Juan Vicente Sola, del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires.
“El primer tema que debemos analizar es cuáles son las cuestiones federales o constitucionales planteadas. La educación primaria es competencia provincial, lo dice el artículo quinto de la Constitución y otras normas. Pero el mismo artículo establece como condición de la autonomía provincial y la garantía federal que se cumplan obligaciones, derechos y garantías de la Constitución”, explicó Sola, quien analizó la relación entre el gobierno federal y la iglesia católica, la extensión de las acciones privadas y el derecho de conciencia y la protección de las minorías discretas. También el derecho a aprender en una sociedad pluralista.
“El punto principal a analizar es el artículo 19 de la Constitución Nacional, de las acciones privadas. Las acciones privadas son el contrato social sobre el cual se basa la Constitución argentina y establece el derecho a la libre elección de un proyecto de vida. ¿Cuál es el problema que nos plantea previo a cualquier enseñanza de cualquier tipo? Hay que preguntarle a padres y a alumnos a que revelen o no a qué comunidad religiosa pertenecen. Esta medida tiene un gran contenido práctico”, indicó. Sola agregó que “la sola clasificación por motivos religiosos lleva a la inconstitucionalidad” y que “no hay manera de entender que separados signifique iguales”, por lo que concluyó que “dentro de la vigencia de la Constitución Nacional esta norma no puede ser aceptada”.
Menos es más
Las minorías religiosas que se expresaron durante las dos jornadas de audiencia mostraron un pensamiento similar que apunta a la inconstitucionalidad de la educación religiosa salteña. Tanto la Asociación Bautista Argentina, como la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día y el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de la Universidad Adventista del Plata de la Provincia de Entre Ríos coincidieron en señalar a la actual enseñanza como discriminatoria. Hablaron de un “anacronismo inadmisible”, describieron al programa educativo salteño como “no neutral ni objetivo sino confesional”.
“Separar del aula destruye el sentido de pertenencia. Salta extralimita su competencia e introduce la doctrina de las confesiones. Introdujo algo que perturba a la educación. Las minorías sólo pueden aceptar su marginación”, expresó el Doctor Gustavo Grancharoff, de la Asociación Bautista Argentina. La Doctora Ruth Galíndez, de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día aseguró que “si los padres se ven obligados a revelar sus creencias y a segregar a los niños no podemos hablar de tolerancia”. Agregó que no se deben confundir las funciones religiosas con las estatales.
Día 2: salteños en veredas opuestas
La segunda jornada de la audiencia se realizó el jueves 17 de agosto y fue la más esperada, porque esta vez sí hubo representantes de nuestra provincia. Incluso más de los esperados, ya que el representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Doctor Héctor Manoff, es salteño. “A la provincia de Salta la conozco muy bien. He vivido en carne propia la misma discriminación hace más de cuarenta años”, aseguró. “Nada ha cambiado desde entonces -agregó. Yo mismo he vivido y he sufrido el mismo sistema educativo que propicia la provincia en el tiempo que yo era alumno, en una escuela pública de la provincia”.
“Está probado en este expediente que para poner en práctica las leyes provinciales se han producido prácticas discriminatorias graves a los alumnos afectando su intimidad personal y familiar”, agregó Manoff. El abogado también consideró que los rezos antes de entrar al aula o antes de las comidas, la separación de los alumnos y las calificaciones de “no creyente” en los boletines de alumnos no son admisibles en escuelas públicas por ser actos discriminatorios que afectan la privacidad. Se refirió, además, a los tratos a las minorías, en especial a los pueblos originarios.
Luego llegó el turno del diputado nacional Pablo López y la senadora provincial Gabriela Cerrano, representantes del Partido Obrero, quienes ampliaron el contexto y brindaron una mirada que abarcó a muchos aspectos de la vida política y sociocultural salteña.
“Las escuelas públicas de Salta están llenas de simbología de la religión católica, como tenemos aquí en esta misma sala”, señaló López, y agregó que “esta imposición que ha hecho el gobierno de la provincia de Salta ha colocado al Estado salteño casi como cualquier estado teocrático del mundo y ha tenido sus consecuencias: hoy el gobernador ha entregado la asistencia de los niños desnutridos a manos de un integrante del Opus Dei, que es un enemigo acérrimo de la educación sexual en nuestra provincia”, en referencia al polémico Doctor Abel Albino. “También hay un monopolio de la educación católica en la formación de los abogados, que han monopolizado el Poder Judicial de la provincia y que tiene consecuencias muy importantes en los fallos que ésta Justicia emite”, completó.
Cerrano, por su parte, aseguró que la mayoría de los que decidieron ir adelante con la denuncia contra el Estado son padres de niñas. “Porque suponen que las mujeres deben aceptar con total resignación el sometimiento a una religión o la obediencia -explicó-. Entonces, tenemos casos como el de una niña evangelista que fue llevada al gabinete psicopedagógico. Lloraba porque no respetaban su derecho y tenía que empezar a comer después que terminen de rezar. Hasta utilizaron medidas disciplinarias con esta niña”. Luego, habló de otra chica desplazada de ser abanderada por los mismos motivos.
“La religión católica en las escuelas no solamente ha sido un impedimento en cuanto al desarrollo de los derechos más generales. La educación sexual científica y laica nunca pudo implementarse porque lo que domina es una ideología oscurantista. Esto se imparte en la provincia que tiene un índice muy alto de femicidio por cantidad de habitantes y un 20 por ciento de embarazos en madres adolescentes. Entonces, muestra la real necesidad de la implementación de una educación que sea científica y que no existan bloqueos para que se lleve adelante”, completó Cerrano.
Inmediatamente después fue el turno de otro salteño: Julio Argentino San Millán, que en carácter de presidente del Centro de Estudios y Formación Política Juan Domingo Perón, brindó un discurso contrario al de López y Cerrano. Peleado con el micrófono, San Millán de todas maneras se hizo entender y aseguró que no es cierto que la educación estatal religiosa en la provincia sea obligatoria y católica. Dijo que se trata de una materia optativa que no se limita a un solo credo. Propuso que se mantengan las costumbres que reflejan la cultura salteña.
El docente Manuel Gerónimo Becerra fue quien cerró la segunda jornada. “Como consta en el caso y como retoma el fiscal Abramovich, la situación en Salta genera que se fomente la discriminación”, expresó. Explicó que en las aulas se sostienen ritos a pesar de las declaraciones del Tribunal de Justicia y las distintas recomendaciones. Consideró que las prácticas escolares son las más difíciles de modificar por medio de una pieza normativa. Indicó que se termina generando una práctica asentada en sociedad provincial que forma parte estrictamente de las tradiciones y ritos católicos.
Becerra diferenció la realidad de las escuelas de lo que dicen las leyes. “Tenemos que discutir menos lo que dice la ley y mirar más las prácticas”, expresó. “Lo que termina pasando es que esto sigue sucediendo porque hay una confusión que se genera a partir de la superposición de normas. Invito a recorrer las escuelas de todo el país y ver que la realidad es distinta a lo que dice la ley”, agregó.
Sánguches veganos y caballos contra subtes
En general, las posturas que defendieron la actual educación religiosa en Salta se basaron en el manual, en lo que dice la ley, que, según Becerra y otros, no termina cumpliéndose. Además, elevaron a la religión a una necesidad básica que el estado debe proveer a toda costa.
Al citar al Comité de los Derechos del Niño de la Corte Interamericana, el Doctor Nicolás Fernando Mayoraz, de la Asociación Civil Ojo Ciudadano, dijo el miércoles que “los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los niños”. “En un microclima, yendo por un subterráneo, uno puede encontrarse con una diversidad cultural enorme. Claro que los niños salteños no tienen esa posibilidad porque no tienen subterráneo en las localidades donde viven y deben recorrer a caballo kilómetros enteros para poder llegar a la escuela. Me cuesta imaginar la posibilidad de que esos niños retornen a sus hogares para volver en otro horario distinto a recibir la instrucción religiosa”, expresó.
Al día siguiente, el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, Doctor Cosme Beccar Varela, dijo: “Si en un colegio se reparten al mediodía, para almorzar, sánguches de jamón y queso para todos los chicos, y hay una minoría que es vegana y no admite comer eso, el colegio debe velar porque esa diversidad sea respetada. Pero no tiene que repartir sánguches de verdura para todo el mundo o suprimir los sánguches”. El abogado definió a quienes están a favor de declarar la inconstitucionalidad de tener un “concepto exagerado de la laicidad”.
La audiencia se retomará el día 30 de agosto a las 10 de la mañana. Será la última exposición de los amigos del tribunal. El día 31, la jornada final, será el turno de las partes.
