El final de esta semana mantuvo al rojo vivo las noticias sobre una supuesta venta de caños desenterrados en la zona de Campo Durán, que son parte de la construcción del archipromocionado Gasoducto NEA. Uno de los pretextos apuntaba a una supuesta contaminación que estos ductos estarían provocando y por eso la urgencia por sacarlos. Un dato irrisorio si tenemos en cuenta la cantidad de caños que tiene el país bajo tierra y nunca nadie alegó algo tan absurdo.
Por ello, el fiscal federal, José Luis Bruno decidió investigar como posible robo estos 35 kilómetros de caños del gasoducto que dejó a medio construir la empresa Vertúa, que interpuso la denuncia correspondiente, al recibir la comunicación de lo que estaba pasando. Fue un funcionario provincial el que detectó esta irregularidad al observar una cantidad de camiones con los que se cruzaba en la ruta, transportando -en decenas de viajes- 35 kilómetros de gasoducto que corresponden a la jurisdicción del municipio de Aguaray del GNEA, un tramo del gasoducto de alta presión que habría de transportar el gas que proviene de la cuenca del NOA y de los pozos productores del sur de Bolivia con destino final a Formosa, Corrientes y Misiones. En esas provincias la obra está concluida y comenzó a ser operada por TGN, la Transportadora de Gas del Norte, que también opera el gasoducto Campo Durán-Montecristo.

Lo que es ajeno

La empresa Vertúa, adjudicataria del tendido, mantiene la obra paralizada debido a un litigio que tiene con la ex Enarsa, no cuenta con autorización para disponer de estos caños, debido que son propiedad del Estado nacional. Al momento se formalizó la denuncia penal en el fuero federal, es por eso que la investigación está llevada a cabo por el fiscal José Luis Bruno.
Debido a la importancia de esta obra, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Gildo Insfrán (Formosa) tienen previsto reunirse para pedirle al ministro de Infraestructura de la Nación que se retome la construcción del GNEA, ya que ello posibilitará proveer de gas a las provincias de esa región y propiciar la generación de puestos de trabajo en el departamento San Martín.
A medida que fue avanzando la investigación, la Justicia Federal determinó que los responsables de la carga de los camiones que transportaban los caños por la ruta nacional 34 presentaban en los puestos de control una resolución firmada por el intendente de la localidad de Aguaray, Enrique Prado (FdT) quien autorizaba el retiro y transporte de los caños del GNEA, «en uso de las facultades que le son propias conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el ejecutivo autoriza a la empresa OSYP SA, representada por el señor Diego Andrés Alos Nº de CUIT 30-71626416-1 al desarme, traslado y remediación de terrenos contaminados». Explicando en los considerandos que «se hace lugar a la desafectación de cañerías en desuso de petróleos y gasoductos que ostentan el carácter de material contaminante y pasivos industriales».

La serie en cuestión

Pero un detalle que no debió pasar por alto era que los 2.500 caños extraídos cuentan con número de inscripción y serie. Se encontraban debajo de la superficie, ya colocados, conformando el primer tramo del gasoducto del GNEA a lo largo de unos 35 kilómetros entre el paraje Campo Durán hasta el límite con el municipio de Tartagal. Para su extracción se utilizaron grúas y maquinaria pesada.
Cada uno de los caños extraídos ilegalmente tiene un costo de 1.500 dólares, ya que se trata de instalaciones industriales de 24 pulgadas diseñadas para soportar grandes presiones y deben cumplir con todas las reglas y estándares internacionales de seguridad. El daño patrimonial a las arcas nacionales supera los 3 millones y medio de dólares, unos 300 millones de pesos argentinos.
Por su parte, el intendente de Aguaray alegó que fue habilitado por una resolución del ministerio de Ambiente de Nación e incurrió en la extravagancia de señalar a la empresa que salió de caños como vinculada a La Cámpora, agrupación que debe contar con membresía en la Cámara Argentina de la Construcción.
Tal parece que la promesa de llevar gas a más de 3 millones de argentinos, en 2008, proveniente de Bolivia, no sólo quedó en el olvido sino que se transformó en un escándalo. La obra fue abandonada en 2015, cuando la constructora ya había facturado 733 millones, de los 1.280 que se habían destinado.
Mientras el NEA pagaba a Servicios Vertúa 103 dólares el metro/pulgada, los otros fueron valuados en 58 dólares el metro/pulgada, siendo que estos últimos se presupuestaron 3 años después.
Luego de abandonar la obra, la situación del empresario empeoró con la llegada de la «causa de los cuadernos», por la que fue detenido junto a otro grupo de empresarios. En el penal de Marcos Paz, Vertúa negó el pago de coimas, de la misma forma que negó haber realizado «aportes de campaña», figura legal que le sirvió a los empresarios para sortear la cárcel. Pero esta posibilidad le fue negada al ser nombrado por un competidor que manoteó la sortija de Bonadío (figuraba en los cuadernos antiflama de Oscar Centeno).

Requiem para un diseño

La obra del Gasoducto NEA nunca se terminó. El contrato finalmente se rescindió en mayo de 2017 y se tramita un reclamo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Recién en diciembre de 2018 Vertúa fue puesto en libertad pero continúa procesado.
Los caños del gasoducto fueron extraídos por la empresa OSYP S.A. con la autorización del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado.
Esta empresa se constituyó en noviembre de 2018 en Luján de Cuyo, Mendoza, sus titulares son Diego Andres Alos y María Soledad Orozco. Ciertamente no hay registros de los trabajos que haya podido realizar la empresa, pero es quien está a cargo del traslado de los caños «donados» por el jefe comunal.
Prado asegura que cuenta con una autorización «de Ambiente», y que pondrá la documentación a disposición de los fiscales. Además, relacionó a miembros de La Cámpora con la extracción de los caños, por lo que aparentemente este sería solo el primer tramo de un gran escándalo. (N.J.)

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