El senado rechazó un pedido de informe de la senadora Gabriela Cerrano sobre los créditos en descubierto y los intereses que paga la provincia al Macro. En la semana se supo que hay inquietud por incumplimiento en bono de la provincia. (G.T.)
No sabe y no contesta o, en todo caso, no quiere contestar. A través del bloque oficialista y sus eventuales aliados en el Senado, el gobierno bloqueó un pedido de informes sobre los “créditos en descubierto” que toma la provincia de su agente financiero, el Banco Macro.
El pedido presentado por Gabriela Cerrano era simple: ¿cuáles son los intereses que cobra el Banco Macro por los Créditos en Descubierto, en qué consisten los mismos, y cuantos solicitó la provincia? y ¿cuáles son los intereses por el endeudamiento con Letras y en qué consisten? Pero no tendrá respuesta y los senadores y los ciudadanos no podrán saber, al menos por ahora, cuál es el costo financiero que abona el gobierno para hacer frente a sus compromisos económicos y cuál es la situación fiscal de la provincia y los municipios.
La negativa del oficialismo a brindar detalles se dio, casualmente, el mismo día que un matutino especializado en economía y negocios como Ámbito Financiero advirtió que existe en el mercado de capitales “inquietud por incumplimiento en bono de Salta” y desnudó las dificultades financieras de la provincia.
“El último 15 de abril se supo que la gobernación no pudo fondear completamente la cuenta de un fideicomiso que sirve como garantía del pago de su Bono 2.022, en el que recolecta las regalías que recibe de las petroleras. El 16 de junio próximo, la provincia debe pagar intereses por 65 millones de dólares” explicó el periodista Ignacio Olivera Doll y detalló que “en la cuenta del fideicomiso debe estar depositado al menos 1,1 vez el monto del próximo pago (…) entonces, correspondería mantener depositados unos 72 millones de dólares pero, según pudo consignar este diario de diversas fuentes del mercado, actualmente habría en esa cuenta apenas 45 millones de dólares”.
Ante el silencio del jefe de Gabinete y del ministro de Hacienda, Carlos Parodi y Sebastián Gomeza, respectivamente; fue el secretario de Financiamiento, Ignacio Racioppi Reyes, el encargado de desestimar la advertencia periodística. El funcionario aseguró que se cumplió “en tiempo y forma” con los pagos previstos pero no consiguió espantar las dudas sobre la solvencia de la provincia que siguen a la orden del día, alimentadas por el público y notorio interés por conseguir financiamiento nacional e internacional a través de la emisión de nueva deuda.
La semana pasada el gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo reuniones en Estados Unidos con inversores para negociar títulos de deuda por 250 millones de dólares y, además, envió un proyecto a la Legislatura (que no fue tratado todavía por Diputados) para recibir autorización para endeudarse en otros 800 millones de pesos.
Legisladores de la oposición (y hasta algunos del oficialismo) creen, en efecto, que la provincia tiene problemas económicos y financieros y que fatalmente los nuevos endeudamientos serán no como promete el gobierno para realizar obras sino para cubrir gastos corrientes como el pago a empleados públicos y a proveedores estatales o peor aún para cancelar deudas anteriores.
El simple pedido de informes de la senadora del Partido Obrero podría haber sido respondido sin mayores dificultades por los funcionarios de Hacienda pero la enfática negativa a brindar detalles sugiere entonces que Cerrano metió el dedo en la llaga. y que por supuesto Jorge Brito está cobrando bien caros esos servicios financieros Si el gobierno no informa cuánto paga al Banco Macro por girar en descubierto es, simplemente, porque no quiere reconocer que ya está operando con los números en rojo.
